Campus Milenio cumple un aniversario más, también es el término de una administración y el comienzo de un nuevo periodo de gobierno. Este año se realizaron elecciones federales y fue la última ocasión de un largo periodo de transición. El sexenio 2018-2024 será del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024; las siguientes elecciones serán el primer domingo de junio, así que la próxima transición se recortará un poco. El asunto es relevante porque el lapso que transcurrió del inicio de julio al final de este mes, ha sido, sobre todo, paradójico.

Una buena cantidad de las personas que ocuparán los cargos de mayor nivel, en la administración 2018-2024, fueron nombradas desde antes de las elecciones. Incluso en diferentes dependencias conocimos los nombres de los titulares de las subsecretarías.

Si bien algunos se rezagaron en el trayecto de la transición y otros cambiaron de posición, la mayoría quedó en la estructura para la que fue propuesto. Es el caso de la doctora María Elena Álvarez Buylla, designada para encabezar el Conacyt.

Además, desde el periodo de campaña y luego con la publicación del documento “Proyecto de nación 2018-2024”, en noviembre de 2017, el nuevo equipo gobernante ha reiterado los programas que pondrá en marcha desde los primeros días. Eso no era lo usual. En transiciones anteriores, ocurría que el equipo ganador de las elecciones, en el compás de espera para asumir el cargo, se dedicaba a diseñar un plan para los primeros días y a decidir a quién invitaría a las tareas de gobierno. La expectativa era adivinar los nombramientos del equipo y cuáles serían las primeras acciones. En este periodo no ocurrió así, desde hace meses conocemos nombres y programas.

No obstante, lo paradójico es que no se disipó la incertidumbre e incluso pareció acrecentarse. El efecto fue doble. Por un lado, detractores y apologistas estrecharon la zona de deliberación e interlocución para examinar el conjunto de iniciativas que se propone el próximo gobierno. El espacio para las observaciones matizadas o los comentarios ponderados fue sumamente limitado y automáticamente recibían descalificaciones por un extremo o el otro. Por otro lado, el énfasis y la atención se colocó en lo que haría el nuevo gobierno, no en lo que hizo o dejó de hacer el gobierno saliente (René Delgado. “Debatir, no polarizar”. 24.11.2018). El escrutinio se diluyó y las cuentas quedaron pendientes.

En el terreno de la actividad científica y tecnológica, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, el mayor incumplimiento fue en materia de inversión. Nuevamente, al igual que en administraciones anteriores, la meta de alcanzar el 1 por ciento de inversión respecto al PIB quedó diferida para mejor ocasión. Otros pendientes están en la lista, ahora que estén listas los informes institucionales del año anterior y del actual, tendremos mayores evidencias. Por lo pronto, vale la pena destacar algunas iniciativas del nuevo gobierno que parecen estar más claras.

La reestructuración de Conacyt.

En realidad, el documento elaborado para tal propósito (“Plan de reestructuración estratégica del Conacyt para adecuarse al Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024, presentado por MORENA”. 40 pp.) fue dado a conocer en junio de este año --antes de que se conociera el resultado de las elecciones-- y en su momento fue recibido con dureza, tanto por economistas como por humanistas. Incluso, la misma Álvarez Buylla, solicitó no considerarlo como el documento definitivo de lo que ocurrirá en la nueva administración. Entonces, en su lugar, tomemos lo que parece estar más claro en las declaraciones realizadas en el periodo de transición y algunas de las acciones derivadas de las normas planteadas por AMLO. Estas últimas son las que dio a conocer en julio pasado, cuando quedó claro el resultado de las elecciones (“50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana, 15 de julio de 2018”).

En primer lugar tenemos la descentralización del Conacyt. Una medida propuesta para la mayoría de las secretarías de Estado, anunciada en el extenso documento de noviembre del 2017 y reiterada a lo largo de la transición. En el proyecto se sugiere llevar al Conacyt a La Paz, BCS y no se dio a conocer por qué razón se piensa que ese es el mejor sitio. Simplemente, como a otras 27 secretarías, se propone un traslado a lugares específicos. Y sí, hemos dicho que, de realizarse, no sería una descentralización, más bien sería una “desconcentración”. Principalmente porque no se delegarán funciones, facultades ni recursos, el ejecutivo federal seguiría manteniendo el control y sus capacidades de decisión. Aunque sí, la desconcentración es una medida audaz, costosa, con muchos riesgos y difícil de llevarla a la práctica. Pero sí, vale la pena intentarla y asegurarle recursos financieros a largo plazo. No obstante, es posible que en una primera etapa, la iniciativa culmine con dos estructuras: una oficina en La Paz, BCS, con bajo presupuesto y capacidades muy limitadas; otra en la Ciudad de México, como cabeza del sector y concentradora del presupuesto. De hecho, la próxima titular del sector, Álvarez Buylla, ha dicho que constituirán dos polos de desarrollo.

Otro asunto es el cambio de nombre de Conacyt. También es una medida que, derivada del tratamiento que se le dio a las humanidades y a las ciencias sociales en el documento de junio de 2017, ahora se propone destacar su relevancia. En el plan de reestructuración se había referido que: “la contribución de las ciencias sociales y las humanidades será proveer fuentes de reflexión, interrogación y diálogo crítico desde el punto de vista ético, estético y epistémico ante el desarrollo de las ciencias básicas y las tecnologías” (pág. 5). Una visión inaceptable, dijeron filósofos, historiadores y sociólogos. Actuaron en consecuencia, elaboraron una proclama en favor de las humanidades y todo indica que la convergencia de posiciones animó el cambio de nombre: ahora será el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt, en lugar de Conacyt). El cambio es una buena idea (aunque algunos sostienen que la “h” es muda y no se escuchará), si es que la conducción de la política científica y tecnológica implicará una mayor relevancia de las humanidades y las ciencias sociales. Queda en suspenso si también cambiará la regulación normativa del Consejo, qué tipo de coexistencia se prevé de las áreas de conocimiento y de los sistemas de reconocimiento.

Otro factor más es el posible cambio en el sistema de evaluación. Al respecto, Álvarez Buylla, en su plan de reestructuración, en declaraciones y en encuentros que ha sostenido con integrantes de diversas instituciones, ha expresado su idea de modificar el esquema de evaluación presente. En general, propone la utilización de indicadores más cualitativos para la asignación y seguimiento de recursos financieros, en lugar de concentrarse solamente en las bases cuantitativas para la medición del desempeño y el tipo de entregables. Tampoco es una medida errónea, sería un cambio profundo en el mecanismo de valoración, en las reglas del juego y en su asociación con los recursos financieros. No obstante, hace falta precisar las características que tendría un sistema de ese tipo y como se articularía con otros subsistemas de evaluación que operan en el mismo sector académico. Después de todo, el ejemplo de evaluación del rendimiento individual comenzó en el mismo Conacyt hace más de tres décadas y luego se expandió a todo el sistema educativo.

Por último, pero no menos importante, está el equipo de gobierno en el periodo 2018-2024. La doctora Álvarez Buylla conducirá el organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas, es una académica reconocida, distinguida con el premio nacional de ciencias 2017 e identificada por su defensa del maíz y su oposición al uso de los transgénicos. Sin embargo, no todos en el gabinete comparten la misma posición. Si fuera un debate en el terreno académico, las discrepancias ahí quedarían acotadas. El asunto es que se trata de posiciones opuestas en un mismo gobierno. Por ejemplo, otra es la que sostiene Víctor Villalobos, la persona designada por AMLO para responsabilizarse de la Sagarpa (la cual ya no se llamará así) o por la que se inclina Alfonso Romo Garza, el coordinador de su Proyecto de Nación 2018-2024 y futuro jefe de la oficina de la presidencia. El primero ha promovido el desarrollo de la biotecnología agrícola y el segundo es fundador e inversionista de un par de compañías que se dedican a la aplicación de tecnologías para el mejoramiento genético (Synthetic Genomics y Nature Source Improved Plants). Claramente son visiones del desarrollo diferentes y no es nada irrelevante preguntar cómo se conciliarán o cuál prevalecerá.

En fin, está por resolverse si habrá un viraje profundo en la conducción del sector científico y tecnológico en este nuevo periodo de gobierno, o bien, como ha ocurrido desde fines de los años noventa, el sistema y su comunidad persistirá en el mismo esquema normativo y serán refractarios a las propuestas de modificación. El primer indicador vendrá en el diseño del presupuesto de egresos para 2019 y le podría seguir una propuesta de cambio de normas.

Pie de página: Ahora, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico estará encabezado por la doctora Julia Tagüeña Parga durante el periodo 2019-2021.