“Para mí, como científica, no es aceptable”. Las palabras sonaron fuerte porque las estaba diciendo María Elena Álvarez Buylla, la actual titular del organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas en México. Las dijo el pasado 17 de enero, en la ceremonia de cambio de la coordinación general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Ahí concluía el doble periodo de José Franco como responsable del Foro y Julia Tagüeña asumió como nueva titular.
¿Qué es inaceptable para Álvarez Buylla? Básicamente, las voluminosas transferencias de recursos públicos hacia el sector empresarial. Por ejemplo, dijo la titular del Consejo: “No entiendo cómo es que durante seis años se hicieron aportes que, si juntamos toda la batería de fondos, de becas, de catedráticos, etcétera, está rondando los 50 mil millones de pesos de transferencias, muchas líquidas y otras igualmente importantes, del sector público de este raquítico prespuesto de ciencia y tecnología a empresas, muchas de ellas grandes empresas, muchas de ellas empresas transnacionales”.
Los cálculos de la directora de Conacyt son preliminares, pero son sumamente inquietantes. El monto de los 50 mil millones de pesos (mmdp) para las empresas, dice Álvarez Buylla, es aproximado porque tiene un margen de error de más menos 15 mmdp debido a que apenas están reuniendo todos los datos. De todas formas, aún restando el margen de error, la cantidad es relevante.
Sin embargo, también consideremos que los 50 mmdp son de todo el sexenio. Esto es, si hubieran sido distribuidos en el periodo, tocarían poco más de 8 mmdp anualmente (entre un nueve y 12 por ciento del presupuesto total del sector en cada año). Claro, la suma de los 50 mmdp, si lo comparamos con el presupuesto de un año, sí representa una proporción altamente significativa. Por ejemplo, para este año sería el 56 por ciento del presupuesto total para el sector.
Otro cálculo mencionado por la titular de Conacyt también es muy importante. Según sus cifras, el raquítico gasto nacional en ciencia y tecnología ni siquiera llega al 0.4 por ciento del PIB, dijo que “va por ahí del 0.33” por ciento. La expresión no tiene el rigor ni la precisión de un indicador; no obstante, es un dato revelador porque contradice lo que informó la administración anterior. Los anexos estadísticos del último informe de gobierno de Peña Nieto reportan que en 2018 la proporción fue de 0.48 por ciento respecto al PIB (p. 262). La diferencia puede significar muchos miles de millones de pesos, así que hacen falta las aclaraciones correspondientes.
Un problema más, y tal vez de mayor relevancia, es para qué propósitos se transfirieron recursos públicos al sector empresarial y si fue indebido o no. Tal vez tendríamos que esperar las cifras consolidadas y el informe detallado de la actual administración. No obstante, la referencia de Álvarez Buylla a una bateria de “fondos, becas, catedráticos” para el sector privado en el sexenio anterior, expresa que podríamos estar ante un golpe de timón en la conducción de Conacyt. Un punto de inflexión en la distribución de recursos financieros del organismo rector de las políticas.
En la instauración de Conacyt, hace ya casi medio siglo, las iniciativas de apoyo se dirigieron principalmente al sector público, en buena medida porque la investigación se concentraba casi exclusivamente en las instituciones de educación superior públicas y también porque en esos años comenzó el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones.
Sin embargo, al paso del tiempo, con el fortalecimiento del sistema nacional de ciencia y tecnología, la apertura de la economía, el crecimiento del sector privado, la economía política adoptada y las dificultades en el mercado laboral, fue operando un cambio en el respaldo de las iniciativas, las cuales se dirigieron tanto al sector público como al privado.
Pensemos, por ejemplo, en la modificación del reglamento de las becas de posgrado que otorga Conacyt. Al comienzo era un crédito y se condonaba si el estudiante, una vez formado, trabajaba (de forma remunerada) en una institución pública al menos la mitad del tiempo que recibió la beca. Ahora, solamente son apoyos y no importa en qué lugar se desempeñe.
Algo similar ocurrió con el Sistema Nacional de Investigadores. Al inicio solamente se dirigió al personal del sector público, luego se amplió a los del sector privado, pero a ellos Conacyt solamente les otorgaba el reconocimiento, los incentivos corrían por cuenta de sus propias instituciones. Después, Conacyt aportaba una tercera parte del pago de incentivos y más recientemente absorbió todo el pago.
Los cambios han sido en diferentes rubros a lo largo del tiempo, pero se profundizaron al final de los años noventa. El caso más emblemático ha sido el de los incentivos fiscales para las empresas y en la próxima entrega examinaremos los datos. Por ahora, solamente anotemos que está por resolverse si los intereses empresariales han capturado los intereses públicos o no. La fracción IX del primer artículo de la ley de ciencia y tecnología dice que su objeto es “fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación de las empresas nacionales que desarrollen su actividades en teritorio nacional”.
Pie de página: La oficina de la dirección de Conacyt cambia de lugar: pasa del séptimo piso a la planta baja del mismo edificio de Insurgentes sur. Las áreas del séptimo piso no serán un lugar de privilegio y se volverán de uso colectivo. Sí, eso avisó el organismo.
