A 30 años de la masacre de la plaza de Tiananmén, el gobierno chino ha lanzado una campaña de represión y hostigamiento contra un nuevo movimiento estudiantil. Aun no se ha visto los niveles de violencia de 1989, cuando cientos o miles de manifestantes—documentos desclasificados fijan la cifran de muertos en 10,454—fueron acribillados por el ejército chino. Sin embargo, el gobierno de Xi Jinping parece determinado a aplastar a cualquier desafío a su autoridad.
En los últimos meses, decenas de universitarios han sido detenidos bajo cargos de subversión y activismo político ilegal. Y la semana pasada, surgieron reportes de un video en donde supuestamente aparecen los líderes detenidos realizando declaraciones incriminatorias, aparentemente bajo la influencia de presión o tortura, en donde renuncian a su activismo político.
Esta vez la supuesta amenaza no proviene de activistas prodemocracia, sino—vaya ironía—de grupos marxistas dentro de las principales universidades del país. Los activistas, que representan una creciente minoría entre los estudiantes, han organizado eventos en apoyo a trabajadores de fábricas y de las propias universidades y para estudiar textos de Marx, Lenin y Mao Zedong.
En principio, tales actividades están alineadas con la política gubernamental, en un país que se declara comunista. El propio presidente Xi invoca frecuentemente a Mao en sus discursos y ha pedido un fortalecimiento de la educación ideológica en las universidades y escuelas del país. A su vez, desde hace muchos años, los cursos de marxismo son obligatorios para estudiantes universitarios de todas las carreras.
No obstante, Xi, quien es considerado el líder más poderoso desde Mao, ve el crecimiento en el activismo estudiantil como una amenaza que debe ser extirpada. Su gobierno acusa a los grupos marxistas de incurrir en actividades políticas ilegales—es decir, cualquier acción no autorizada por el Partido Comunista. En particular, los activistas han chocado con las autoridades al promover la sindicalización de los trabajadores en fábricas en todo el país. Los sindicatos independientes son ilegales en China y aquellos trabajadores que quieran formar un sindicato deben registrarse con la Federación de Sindicatos de Todo China, un grupo aliado con el gobierno que típicamente toma partido con los dueños de las fábricas, según reportó The Guardian.
La ofensiva gubernamental empezó en julio de 2018, cuando activistas estudiantiles organizaron una campaña de apoyo a trabajadores huelguistas en la ciudad sureña de Shenzhen, según reportes de prensa y grupos de derechos humanos. Unos 30 activistas, la mayoría de ellos universitarios provenientes de la capital, fueron detenidos o desaparecidos. Después, en noviembre, grupos de hombres desconocidos detuvieron y golpearon a una docena de activistas en por lo menos cinco ciudades chinas, según The Guardian.
Uno de los detenidos, el líder estudiantil Zhang Shengye, fue “secuestrado” dentro del campus de la Universidad de Pekín, según reportes de prensa. El siguiente mes, la policía china desmanteló violentamente a una manifestación por parte de un grupo marxista en la misma universidad. Los estudiantes estuvieron protestando por las detenciones de sus compañeros, quienes, afirmaron, no habían tenido acceso a abogados desde sus detenciones en julio.
La universidad, localizada en Pekín, es una de las dos instituciones mejor ranqueadas del país. También tiene una larga historia de activismo izquierdista y fue sede del Movimiento del 4 de Mayo de 1919, que sembró las semillas para la Revolución Comunista 30 años después. Hoy la universidad está al centro del conflicto ideológico entre los estudiantes y el gobierno de Xi.
Otros activistas han sufrido represalias al denunciar casos de abuso sexual por parte de profesores de algunas universidades de élite. En el caso más sonado, Yue Xin, una estudiante de la Universidad de Pekín y activista del movimiento #MeToo, enfrentó hostigamiento por parte de la policía en abril de 2018. Yue exigió que las autoridades universitarias rindieran cuentas sobre un caso de supuesta violación de una estudiante por parte de un profesor una década atrás. La víctima, Gao Yan, después se suicidó. Por su parte, Yue, ahora egresada de la universidad, despareció en agosto durante seis semanas, después de ser detenida durante la manifestación en defensa de los trabajadores de la fábrica Jasic Technology en Shenzhen.
La ofensiva gubernamental también ha recurrido a armas psicológicas que remiten a la Revolución Cultural de los años 60 y 70. La semana pasada, surgieron noticias de un video en donde aparecen cuatro líderes estudiantiles detenidos realizando declaraciones aparentemente forzadas. Unos 30 estudiantes de la Universidad de Pekín y algunos familiares fueron obligados a ver el video en donde los detenidos “confiesan” que diseminaron información falsa y violaron la ley, según reportó el diario New York Times, citando a estudiantes anónimos.
Entre los estudiantes que aparecen en el video están Yue y otra activista, Shen Mengyu, quien también desapareció el año pasado después de defender a los trabajadores de Shenzhen, según los reportes de prensa. En el video, Yue—quien publicó una carta abierta en julio dirigida a universitarios en todo el país en apoyo a la huelga—declara que fue influenciada por “izquierdistas radicales” y que sus acciones fueron “ilegales”, según contaron algunos estudiantes a CNN. Mientras tanto, Shen confesó que había intentado derrocar al Partido Comunista y al gobierno, y lamentó que sus acciones hubiesen influido para que “fuerzas extranjeras” atacaron al gobierno, según relataron las fuentes a CNN. Los testigos también reportaron que los estudiantes se veían “atontados” y con “los ojos vidriosos”.
En una declaración en línea, un grupo de apoyo a los trabajadores de la fábrica en Shenzhen acusó al gobierno de fabricar las confesiones para “amenazar y dividir” a los que se organizaron a favor del movimiento sindical. “La característica común de las declaraciones de las cuatro personas es que primero se contactaron con una ´organización´ y luego se les lavó el cerebro en la ´organización´. Finalmente, se les asignó la tarea de subvertir al régimen y poner en peligro a la sociedad, que es lo que quiere transmitir el video de la confesión”, dice la carta publicada en línea y traducida al español.
En realidad, argumenta el grupo, el único pecado de los activistas fue defender la causa de los trabajadores explotados. “China es un país socialista—declararon—Es una cosa bien conocida en la reforma y la apertura que algunos funcionarios locales y empresarios se unen para formar fuerzas negras y malvadas, ponen en peligro cruelmente los intereses de las masas y chupan la sangre y el sudor de la gente”.
El conflicto refleja la decepción de sectores izquierdistas dentro de China con el gobierno de Xi, quien tomó posesión en marzo de 2013. Desde entonces, el presidente y también secretario general del Partido Comunista de China ha combinado reformas tipo capitalistas con un combate feroz a cualquier grupo que es visto como “subversivo”.
Entre los blancos de la represión estatal están los grupos religiosos no autorizados—sobre todo musulmanes y cristianos. En diciembre, la policía china lanzó una campaña brutal contra la comunidad cristiana, que es estimada en unas 100 mil personas. El 9 de diciembre, un pastor cristiano prominente y su esposa fueron detenidos en la provincia de Sichuan. En los días siguientes, la policía saqueó a las casas y arrestó a muchos de sus 500 seguidores bajo cargos de “subvertir el poder del estado”, que conlleva una sentencia de 15 años, según reportó el canal de televisión australiano news.com. Después de la redada, fotos circularon en las redes sociales de feligreses con contusiones y otras marcas de tortura por parte de la policía.
La ofensiva gubernamental refleja el estilo autoritario del gobierno de Xi, quien es conocido por imponer cada vez mayores controles sobre la libertad de expresión. En febrero de 2018, el gobierno anunció nuevas reglas para “preservar la cultura china y la autoridad del partido en contra de las amenazas ideológicas”.
La campaña en contra de los grupos estudiantiles y otros grupos ha desatado indignación internacional. También han surgido críticas a las administraciones universitarias por no defender a sus estudiantes, muchos de los cuales han sido detenidos dentro de los campus. En octubre, la Universidad de Cornell canceló su programa de intercambio estudiantil con la Universidad Renmin, en Pekín, en protesta por la detención de activistas que habían participado en la campaña en la fábrica en Shenzhen.
“He acumulado suficiente evidencia de estudiantes siendo sujetos a castigos que me parecen violaciones flagrantes de la libertad académica y de pensamiento, y me pareció que algo habría que decir en ese sentido”, dijo Eli Friedman, un profesor de la universidad neoyorquina cuyo trabajo se enfoca en relaciones laborales en China. En entrevista con la revista Inside Higher Ed, comentó que había contactado a la administración de la universidad china con sus preocupaciones, pero que quedó le claro que la campaña “está siendo dirigida a nivel nacional por parte del Partido Comunista”.
A su vez, en enero de 2018 la Universidad de Groningen, una de las instituciones más prestigiadas de Holanda, canceló planes para abrir un campus en China. “Hay preocupación acerca de cuánta libertad académica tendrían los estudiantes dentro del campus”, dijo Tariq Sewbaransingh, líder del Sindicato de Estudiantes Holandeses, en entrevista con el periódico South China Morning Post.
Actualmente docenas de universidades de Estados Unidos y Europa, incluyendo a unas de las más prestigiadas, mantienen programas o campus universitarios en el país asiático. Sin embargo, es probable que la actual campaña en contra de los activistas marxistas tendrá un efecto amedrentador sobre esos programas o futuras colaboraciones académicas con instituciones chinas.
También es previsible que la represión se intensifique antes del 4 de junio, cuando se conmemora el trigésimo aniversario de la masacre de Tiananmén. Como demuestran los eventos de los últimos meses, el presidente Xi se ha mostrado implacable en defender su proyecto político y personal, pese a las crecientes críticas dentro y fuera del país.
