Tal vez sea ruido innecesario en la ya complicada tarea de gobierno, notoriedad de registro en las actas del Congreso de la Ciudad de México o una nueva escaramuza política que podría tener repercusiones importantes. En cualquiera de los casos, públicamente, no carece de importancia un reciente exhorto a la Secretaría de la Función Pública para que investigue, por transferencias ilícitas, a exfuncionarios federales de la administración anterior.
El caso es el mismo que registramos en estas mismas páginas desde hace unas semanas. Todo empezó el 17 de enero, cuando la actual directora de Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, dijo públicamente que en la administración anterior, del raquítico presupuesto de ciencia y tecnología, se habían realizado transferencias, muchas de ellas líquidas, por alrededor de 50 mil millones de pesos a empresas privadas y varias de ellas eran transnacionales.
El diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, vicecoordinador del partido Morena en el Congreso de la Ciudad de México, presentó ante el pleno un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución “por el que se exhorta a la Titular de la Secretaría de la Función Pública, para que inicie los procesos de investigación e inspección en contra de los exfuncionarios federales del sexenio pasado, que del presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología hayan realizado transferencias de recursos públicos a distintas empresas de manera ilícita” (Gaceta Parlamentaria. No. 58. 23.01.2019).
Después de todo, no solamente se trata de un exhorto del poder legislativo local, proviene del vicecoordinador de la fracción mayoritaria del Congreso local y perteneciente al mismo partido gobernante. Además, se dirige a una secretaría federal y por una presunta irregularidad cometida en otro organismo federal, así que también es un asunto de relación entre poderes y niveles de competencia.
¿Qué es un punto de acuerdo? La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México dice que es “una proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente” (Artículo 4, fracción XXXVIII). En este caso, la presentada por el diputado Rodríguez, dirigida a la Secretaría de la Función Pública. La misma norma establece un plazo máximo de 60 días naturales para que la solicitud sea respondida o bien justificar por escrito la omisión. Sin embargo, el plazo perentorio se refiere a los poderes, órganos o entidades locales. Si es así ¿qué aplica para las dependencias federales?
La misma norma local prevé la sana convivencia y comunicación con los poderes locales y federales, la cual que puede ser a través de la Mesa Directiva del Congreso, la Junta o sus órganos internos de trabajo (Artículo 13, fracción XV). Así que el exhorto realizado a la Secretaría de la Función Pública podría entenderse en este sentido y bien podría ser atendido o ignorado.
No obstante, es relativamente sorprendente la argumentación del punto de acuerdo. El diputado Rodríguez Díaz dice que el gobierno de Peña Nieto dio continuidad a tres objetivos estratégicos del programa sectorial de 2001-2016 (sí, así dice). En correspondencia con esos objetivos, añade el diputado: “realizar de manera directa transferencias por cerca de 50 mil millones de pesos a empresas, no es parte de las políticas públicas del Gobierno Federal en la promoción del desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación y la modernización tecnológica del país, no tiene relación alguna en convertir a la ciencia y la tecnología como un elemento fundamental de la cultura general de la sociedad”.
A diferencia de lo que dice el diputado, todavía no se sabe qué cantidad fue transferencia líquida, tampoco cuántas y cuáles fueron las empresas beneficiadas. Lo que sí está claro, lo dijo en su momento la titular de Conacyt, es que no toda la cantidad es de incentivos para empresas, no todo fueron transferencias líquidas y tampoco si fueron ilícitas o no.
Por otro lado, podrán ser buenos o pésimos los programas de incentivo para empresas, tanto los directos como los indirectos. Sin embargo, el Estado mexicano debe tener iniciativas y una política clara para el desarrollo tecnológico, no hay duda de que eso también es fundamental para la sociedad. Por eso, en la función pública, es necesario contar con información oficial precisa y confiable sobre el volumen de recursos utilizados y los resultados que se obtienen.
Ahora queda por conocer si habrá una respuesta de la Secretaría de la Función Pública. Esta secretaría tiene encomendada la vigilancia de las actividades de los servidores públicos federales, la coordinación de los órganos internos de control e investiga los casos de corrupción en las estructuras administrativas del gobierno federal. Veremos qué dice.
Pie de página: En las redes circula un breve documento de plan de “Reestructuración de Conacyt”, tiene fecha del 11 de enero. Una de sus novedades es la reducción del 50 por ciento de la estructura orgánica del organismo; otra es que volverá el adjetivo de excelencia para los posgrados. ¿Lo damos por bueno?
