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Fortalecer la educación superior pública
Humberto Muñoz García
Campus Milenio Núm. 789, pp. 6 [2019-02-07]
 

En unas cuantas semanas es imposible arreglar un Estado fallido, frente a una expectativa muy grande de que las cosas cambien en la República. La cuarta transformación, en materia educativa, ha comenzado por abrogar la Reforma del pasado gobierno que, desde su inicio, suscito reclamos y protestas, de una parte del magisterio, por la evaluación punitiva.

Fuera de eliminar la pasada Reforma, las políticas educativas del nuevo gobierno han seguido varias directrices. Destaco algunas sobre la educación superior. Por ejemplo, se ha dicho que el nivel superior debe ser contemplado como obligatorio y gratuito. Estos dos principios, absolutamente aceptables para una educación sin fines de lucro (Nussbam) tienen, de fondo, el problema de la organización y el de los recursos económicos. Estos últimos hay que calcularlos en función del aumento de la matrícula, el costo de los docentes y la infraestructura. A lo que hay que agregar la pérdida del dinero de las colegiaturas y precisar qué significa la política de austeridad para las universidades, para que no vaya a haber más tropiezos como el de las universidades en quiebra, problema aún no solucionado. ¿Ya se sabe cuánto dinero se necesita y de dónde se va a obtener para financiar la expansión del sistema?

La apertura de las instituciones públicas para elevar la matrícula no es sólo una cuestión de dinero. Debería venir acompañada de menciones sobre la oferta educativa y, sin duda, de una visión general de lo que el país puede esperar de la educación superior, en un nuevo modelo de desarrollo que busque disminuir y acabar con la desigualdad social.

Hay que ir más allá de la cobertura con calidad, fijar lo que se puede lograr en los seis años, dentro de un plan a largo plazo, digamos de doce años (Consúltese, como ejemplo, el Plan Educativo de Diez Años elaborado en la UNAM). Por cierto, el concepto de “excelencia” en el nivel universitario quedó hecho añicos con los argumentos de Bill Ridings (1999).

En una reunión con los rectores se ofreció que el financiamiento a las instituciones públicas crecería según la inflación. Hubo que enmendar el presupuesto federal que, en su versión inicial, dejaba sin dinero a las universidades públicas. Estamos en un momento de restricciones, de no derrochar ni desperdiciar, pero también estamos en un momento en el que el régimen de la 4T requiere refrendar y enfatizar que la educación universitaria tiene una altísima prioridad para ayudar a reconstruir el tejido social, fortalecer la ciencia, el orden moral, el Estado de Derecho y una cultura ciudadana. Es una cuestión estructural harto compleja, pero ineludible.

Se ha anunciado la creación de 100 universidades en un sistema denominado Beníto Juárez. Se repartirán por todo el país, en municipios pobres. Las instituciones serán de diferentes tamaños y propósitos, algunas para preparar profesores de primaria, y muchas otras dedicadas a formar recursos humanos que potencien las actividades productivas del entorno. Se dará oportunidad para que los jóvenes se preparen y se incorporen a la actividad en su lugar de residencia. Lo cual va influir para asentarlos en sus comunidades. De momento, se ha dedicado una suma de mil millones para empezar el proyecto.

Hay algo crucial que todavía no se discute. Me refiero al régimen de trabajo de profesores e investigadores universitarios. En un artículo de la RESU (180), ¿Qué pasa con los académicos? los autores señalamos la necesidad de prestar la atención debida al régimen de trabajo de los académicos universitarios y al sistema de evaluación al desempeño. Para mejorar la educación superior se requiere modificar sustancialmente la forma del trabajo académico y su evaluación.

En muchas instituciones, la evaluación ha creado un clima contrario al espíritu académico. El ambiente es de una sensación de deterioro, por un creciente burocratismo, falta de comprensión a las tareas sustantivas, y un sentido de perdida de influencia de los académicos sobre la dinámica institucional. Los profesores e investigadores perciben que la producción de conocimiento cambió a favor de una cultura científica en que predominan criterios de mercado. El productivismo y el mercado impusieron su visión para calificar el trabajo académico, que ha minado la identidad y la institucionalidad.

La deshomologación salarial y la evaluación por desempeño provocaron una competencia insana que individualizó, diferenció y dividió a la comunidad académica. La carrera académica se fracturó en dos ó tres marcos reglamentarios que consignan distintos requisitos. La excesiva evaluación de los académicos obstaculiza contar con espacios colectivos para el trabajo multi e interdisciplinario.

En materia de educación superior, se requiere un organismo autónomo, completamente independiente del gobierno, para evaluar las políticas educativas. Una institución que pueda examinar el conjunto del sistema de educación superior y la dinámica de las instituciones que lo componen, según el segmento en el que se ubiquen. Que produzca resultados que sirvan para fortalecer la educación superior. Que sean útiles para articular a la educación superior y la ciencia con la sociedad mexicana.


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Last modification: April 28 2016 13:39:11.  

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