La discusión sobre una nueva norma para el sector científico y tecnológico ha revelado que prácticamente nadie está de acuerdo con la iniciativa presentada por la senadora Ana Lilia Rivera Rivera. La legisladora es integrante de la fracción parlamentaria de Morena, pero no tiene voces de respaldo en su bancada, menos en otras fracciones parlamentarias. Tampoco tiene la aprobación de los miembros de la comunidad académica, ni de los representantes de los empresarios y ni siquiera del mismo gobierno federal.

La directora de Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, no la defiende públicamente. A pesar de que en redes sociales circula información sobre los metadatos del archivo digital del proyecto de ley que indican que la última versión del documento tiene su origen en las oficinas del organismo y de que el proyecto contiene varios cambios que la titular ha expresado como deseables en la nueva visión del sistema científico y tecnológico. Por el contrario, Álvarez Buylla manifestó sorpresa por la aparición de la iniciativa y ha dicho que no forma parte de la agenda legislativa del ejecutivo federal.

Lo que parece inocultable es que el proyecto de ley de la senadora Rivera unificó posiciones en contra y desató diversas opiniones sobre lo que podría cambiar en la normatividad del sector. Todo parece indicar que existe un relativo consenso acerca de mantener como base la ley vigente y pensar dos veces si es necesario un vuelco a las reglas de juego de la actividad científica y tecnológica. Sin embargo, no está claro de qué tamaño debiera ser el giro de la norma ni cuál podría ser su dirección. En estas circunstancias, vale la pena reparar en dos aspectos que la reforma de 1999 y la del 2002 —las dos últimas reformas y modificaciones posteriores—, sostuvieron para mejorar e impulsar la conducción del sector.

El primero de ellos es el de políticas de Estado, en contraposición a políticas de gobierno. Desde los años noventa comenzó a expresarse con mayor insistencia la necesidad de que lo público no se identificara con lo gubernamental, que la hechura de las políticas no dependiera solamente del arbitrio del gobierno federal ni fueran de corto plazo. La reforma a la ley sectorial de 1999 abrió esa puerta e incorporó un nuevo mecanismo de participación para que se formularan propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica y tecnológica. En ese entonces se le llamó Foro Permanente de Ciencia y Tecnología (hoy, todavía, es el Foro Consultivo).

En la misma ley se establecieron principios básicos para apoyar las actividades, los instrumentos que canalizarían el apoyo (los fondos competitivos) y diferentes disposiciones para regular las relaciones con las entidades federativas e impulsar la descentralización. Sobre todo porque estaba en el horizonte que las políticas de Estado también debían ser de largo aliento y sostenerse más allá de los sexenios.

La reforma a la ley del 2002 no solamente reafirmó la misma noción de políticas de Estado, le añadió la creación de la Conferencia Nacional del sector para coordinar esfuerzos con las entidades federativas (similar a la Conago), enumeró media docena de lo que denominó las bases de la política de Estado para sustentar la integración de un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y dejó en manos del Consejo General la definición de esas mismas políticas.

Lo paradójico es que la misma ley del 2002 profundizó el caracter jerárquico y centralista de las políticas, al colocar la toma de decisiones en la figura del presidente de la República, bajo la idea de que solamente así se podría cumplir lo que dijera la norma. Nunca funcionó. Pero desde entonces quedó establecido que el máximo órgano de política sectorial (el Consejo General) sería presidido por el ejecutivo federal.

El segundo aspecto fue la idea de fortalecer las capacidades de coordinación y de gestión del Conacyt. El cambio en las normas estableció la separación administrativa del organismo de SEP, la creación de un ramo de gasto propio (el ramo 38) y un mayor manejo del gasto del sector bajo responsabilidad del Conacyt. Otra vez, lo contradictorio es que el fortalecimiento le duró la víspera, así como fue ganando control de una mayor proporción de los recursos, fue disminuyendo.

De hecho, en el primer Presupuesto de Egresos de la Federación de esta administración, dejó de controlar la mayor proporción de recursos del sector. Ahora, del total de gasto para actividades científicas y tecnológicas, Conacyt solamente ejercerá el 31 por ciento, la SEP tendrá la mayor parte (40 por ciento del total).

Así, no resulta nada extraño el rechazo generalizado a una propuesa que plantea contar con menos recursos y centralizar, aún mas, las políticas del sector.

Pie de página: Esta semana concluyen los conversatorios para el análisis del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Y la fracción V del artículo 3º constitucional?