Es la mayor estafa en la historia de la educación superior estadunidense. El 12 de marzo, 50 personas —incluyendo a celebridades, CEOs y entrenadores deportivos—fueron arrestados y consignados por el Departamento de Justicia bajo cargos de defraudar el proceso de admisión universitaria. Entre ellos, están 33 padres de familia acusados de pagar sobornos millonarios en un intento por asegurar un lugar a sus hijos en algunas de las universidades más prestigiadas del país.

El escándalo de sobornos ha sacudido a las universidades de Estados Unidos, minando aún más su autoimagen meritocrática. Asimismo, ha desatado un debate nacional en torno a la equidad del sistema educativo estadounidense, en donde las colegiaturas en las universidades privadas, en promedio, rebasan los 34 mil dólares al año, mientras que las públicas cobran entre 9 y 20 mil dólares. A su vez, la barrera para entrar en las instituciones más prestigiadas se pone cada vez más alta. El año pasado, Harvard aceptó a sólo 4.6 por ciento de los solicitantes, comparado con 9.8 por ciento en 2003, según la revista Quartz.

Ante tal nivel de competencia, muchas familias con altos ingresos recurren a diversas estrategias—desde pagar por cursos de preparación para los exámenes hasta realizar donativos multimillonarios a dichas instituciones—con tal de aumentar las posibilidades de que sus hijos sean aceptados. A su vez, algunas universidades, como las del Ivy League, también dan preferencia a los hijos de egresados, un hecho que los críticos señalan como una especie de acción afirmativa para los ricos. Sin embargo, todas esas tácticas son legales (aunque no equitativas, ni necesariamente justas), a diferencia de las estrategias empleadas por los acusados.

Entre los personajes ultra famosos detenidos por la FBI están Lori Loughlin, estrella de la serie de televisión 3x3 (Full House), y Felicity Huffman, protagonista de la serie Esposas Desesperadas (Desperate Housewives). También se encuentran algunos de los mayores nombres de los mundos de las finanzas, la filantropía y el Derecho del país, así como administradores de exámenes universitarios y entrenadores deportivos. Por lo menos ocho universidades fueron los blancos de la macroestafa, incluyendo Yale, Stanford, NYU, Georgetown, la Universidad del Sur de California y la Universidad de Texas, según la demanda presentada en un tribunal federal del Estado de Massachussets.

El empresario William Rick Singer, fundador de la consultora The Edge College & Career Network, también conocida como The Key, se halla en el centro de este escándalo. Según la demanda, Singer recibió 25 millones de dólares de sus clientes entre 2011 y 2019 con la promesa de asegurarles a sus hijos la entrada a las universidades a través de una elaborada red de sobornos.

Se espera que la lista de los implicados aumente, ya que Singer declaró haber “ayudado” a más de 750 familias en total. El empresario se declaró culpable de los cargos de lavado de dinero, obstrucción de justicia, conspiración y negocios ilícitos (racketeering). Enfrenta una máxima sentencia de 65 años de cárcel.

Oscuro acceso

Singer, quien operaba a través de su mansión en Newport Beach, California, presumía haber descubierto una nueva puerta de acceso a las universidades. Según les explicaba a sus clientes, la “puerta delantera” era la ruta tradicional a través del proceso de admisión, mientras que la “puerta trasera” requería donativos de más de 40 millones de dólares para construir edificios en las instituciones—una estrategia sólo accesible a las familias más ricas del país. En cambio, la “puerta lateral” ofrecida por Singer consistía en sobornar a algunos actores estratégicos, como entrenadores de equipos universitarios y los encargados de aplicar los exámenes.

En algunos casos, la empresa les pagó grandes sumas de dinero a los entrenadores para incluir a los estudiantes en la lista de estrellas deportivas para que pudieran ser reclutados, proceso que aumentaba sustancialmente sus probabilidades de acceder a dichas universidades. Para facilitar el engaño, Singer también ayudó a los padres a fabricar fotos de sus hijos practicando deportes, utilizando imágenes de atletas descargadas de Internet con las caras de los niños sobrepuestas con Photoshop.

Ésa fue la estrategia que supuestamente escogieron Loughlin y su esposo, el diseñador de modas Mossimo Giannulli. La pareja es acusada de haber pagado 500 mil dólares a un entrenador de la Universidad del Sur de California para presentar a sus dos hijas como estrellas del remo—deporte que ni siquiera practican. Por su parte, Huffman es acusada de pagar 15 mil dólares para que un supervisor del examen estandarizado SAT agregara 400 puntos—de un total de 1600—al resultado de su hija. Al esposo de Huffman, el actor hollywoodense William H. Macy, también se le menciona en la demanda, aunque todavía no ha sido consignado.

Loughlin y Giannulli fueron dejados en libertad tras pagar sendas fianzas de 1 millón de dólares cada uno. Si se les llegara a encontrar culpables, ambos podrían pasar entre 21 y 47 meses en la cárcel, según un experto citado por Fox News. Mientras tanto, Huffman, quien salió libre con una fianza de 250 mil dólares, enfrenta una posible pena que oscila entre 4 y 18 meses de cárcel.

Según el fiscal federal Andrew Lelling, los acusados pagaron entre 200 mil y 6.5 millones de dólares para facilitar el proceso de admisión para sus hijos. Lelling aseguró que no habría un trato especial para ninguno de los acusados de la llamada Operation Varsity Blues. “No puede haber un sistema separado de admisiones para los ricos… y no habrá un sistema separado de justicia criminal tampoco,” dijo el fiscal en rueda de prensa. “Por cada estudiante que fue admitido por medio de fraude, un estudiante honesto y genuinamente talentoso fue rechazado”.

Inequidad sistémica

Según la demanda, Singer también sobornó a los administradores de los exámenes, para que otros alumnos más preparados pudieran tomar la prueba en vez de los hijos de los demandados. En otras ocasiones él fabricaba pruebas de discapacidad, para que los hijos de sus clientes contaran con más tiempo para realizar el examen. En la mayoría de los casos, los estudiantes no tuvieron conocimiento de la estafa practicada por sus padres, según lo dicho por el fiscal.

Por si el engaño no fuera suficiente, también se defraudó al fisco estadounidense. Los padres realizaron sus pagos a través de una asociación civil creada por Singer, el Key Worldwide Foundation, por lo cual los sobornos fueron deducibles de impuestos.

Ahora bien, lo que se hace evidente con esta red de corrupción es que el problema no es tanto un grupo de padres descarados y corruptos, sino la inequidad del propio sistema. Para muchos observadores, el caso representa una oportunidad para revisar los mecanismos de admisión a las universidades estadounidenses. Entre los temas más controvertidos está el papel predominante que juegan los deportes—y la Asociación Nacional Deportiva Universitaria (NCAA, por sus siglas en inglés) en particular—en la vida universitaria y en los procesos de admisión.

Otra vez, lo que está en juego es dinero—y mucho. Para que eso cambie, las universidades deben dejar de lado el mito de la meritocracia. Solo así pueden volverse más incluyentes, o por lo menos, más honestas.