Los recortes en el gasto público no son ninguna novedad, generalmente aparecían en situaciones de crisis económica o en previsión de que ésta ocurriera. La disminución de recursos frecuentemente venía espoleada por un entorno internacional adverso, un incremento alarmante en el déficit público, un alto volumen de endeudamiento, la búsqueda de estabilidad macroeconómica o alguna otra razón que inevitablemente culminaba en restricciones en el gasto público.
Sin embargo, a diferencia de ocasiones anteriores, los recortes que ahora se proyectan aparentemente tienen otras razones. Los motivos que el gobierno federal ha expresado para disminuir el gasto de la administración pública es instaurar un régimen de austeridad en el servicio público, contener la corrupción y, sobre todo, contar con mayores recursos para programas de apoyo a la población más desfavorecida.
Las razones son muy atendibles. Los servidores públicos han exhibido de forma insultante sus privilegios, el enriquecimiento ilícito o el derroche inmisericorde de recursos. Y sí, nada más justo que reducir la gravísima desigualdad de esta nación. Sin embargo, no están a la vista los mecanismos que permitirían contener solamente los excesos y sí es sumamente preocupante el recorte indiscriminado del presupuesto, especialmente en el terreno de la salud, la educación y la ciencia y la tecnología.
Los recortes de esta administración no son una sorpresa. El ahora presidente López Obrador, el 15 de julio del año pasado, a las dos semanas de su triunfo electoral, anunciaba los “50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana en el gobierno”. Desde ese entonces perfiló la eliminación de fueros y privilegios de los servidores públicos, tanto como las limitaciones que tendría el ejercicio del gasto público. Hoy son cuerpo de la “Ley federal de Remuneraciones de los servidores públicos” y del proyecto de “Ley federal de austeridad republicana del Estado”.
El asunto es que las normas no solamente limitan los excesos, también están provocando incertidumbre en las instituciones públicas y daños en la capacidad instalada de los servicios académicos y de salud. Además de la reducción que en su momento se advirtió en el presupuesto para este año en educación superior y en ciencia y tecnología, se han sumado otras dificultades más.
Por ejemplo: la disminución del ingreso neto del personal académico de instituciones y centros de investigación que están considerados como servidores públicos; la modificación y posterior restitución del respaldo directo a las estancias infantiles; la dificultad que suscitó la suspensión del bono sexenal y retraso en las becas de médicos residentes; los despidos en la Conabio; la suspensión y reanudación de los diferentes programas a cargo de distintas organizaciones intermedias entre Conacyt y beneficiarios por falta o retraso en la entrega de presupuesto, entre otros.
Lo más preocupante es que la Ley federal de austeridad republicana todavía no entra en vigor —la aprobaron los diputados el pasado 30 de abril y falta que los senadores hagan lo correspondiente—, pero el ejecutivo federal envió un memorándum complementario a esa ley que podría ser una mayor limitante para los Centros Públicos de Investigación.
La iniciativa de ley ya contenía disposiciones específicas sobre una política de austeridad y restricción en el ejercicio de los recursos públicos, así como sobre la constitución de fideicomisos y fondos que tendrán consecuencias en el sector científico y tecnológico. No es un asunto sencillo de resolver y aquí mismo los hemos comentado (Campus Milenio No. 767 y 768).
Ahora, además, el memorándum de AMLO instruye a los servidores públicos e informa que las medidas que añade “son de observancia obligatoria para toda la Administración Pública Federal” (memorándum 03.05.2019). Propone: 1) una reducción inmediata del 30 por ciento respecto de su presupuesto de este año en los rubros de viáticos y pasajes aéreos nacionales; estudios e investigaciones, entre otros. 2) una reducción del 50 por ciento en viáticos y pasajes aéreos en el extranjero; congresos y convenciones, por ejemplo. En la iniciativa de ley solamente indicaba que no se excediera el monto del ejercicio presupuestal anterior.
Es una situación jurídica anómala, peculiar, relativamente similar a la que ocurrió con la reforma educativa, en la que el Congreso todavía no aprueba la ley y el ejecutivo federal instruye a poner en marcha medidas que trascienden esa norma. Por lo pronto, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y los Centros Públicos de Investigación han manifestado públicamente su preocupación por el memorándum. No les falta razón y lo veremos en próxima entrega.
