Los recortes en el presupuesto no solamente están quitando la grasa, también se llevan el músculo y, lo peor, parece que ya tocaron la estructura ósea de la administración pública. El calendario del presupuesto autorizado, a entregarse mes a mes a ciencia y tecnología (el ramo 38), apenas fue publicado el pasado mes de enero en el Diario Oficial de la Federación y, sin embargo, tres meses después resulta que parte de los fondos podrán mantenerse en reserva. Es decir, no entregarse en las fechas ni en los montos previstos.

El tratamiento otorgado al sector científico y tecnológico es muy distinto al de otros sectores. En primer lugar, respecto a 2018, como lo hemos reiterado, no obtuvo ningún incremento en su presupuesto para este año. Por el contrario, tuvo una reducción, a pesar de la promesa del presidente López Obrador que había anticipado un incremento, o bien, mantener el mismo nivel.

En segundo lugar, la corrección de errores no se produce o se hace con demora. La rectificación en el presupuesto que aprobaron los diputados nunca llegó, como sí ocurrió con el subsidio a universidades. También, en los institutos del sector salud, luego de la sustitución del titular del IMSS, la proliferación de testimonios y el recuento de daños, vino la rectificación y la Secretaría de Hacienda regresó 2 mil 400 millones de pesos que tenían asignados pero que la secretaría los mantenía en “reserva”. No ha sido lo mismo en el sector científico y tecnológico.

Lo dijimos aquí la semana pasada: la situación es anómala y relativamente preocupante. Porque las reservas al presupuesto ya están operando y todavía no se expide la Ley federal de austeridad republicana de Estado, la norma que establecerá criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez en el ejercicio de los recursos públicos. Tampoco está aprobada la reforma a la Ley general de responsabilidades administrativas ni a la Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Falta la aprobación del Senado.

Sin embargo, el memorando del 3 de mayo del presidente López Obrador endurece todavía más las restricciones en el ejercicio del gasto público e instruyó a ponerlas en marcha ya mismo. Incluye medidas en materia de nómina y gasto operativo que significan limitación de personal y reducción “inmediata” del 30 por ciento, respecto del presupuesto de este año, a aplicarse en diferentes rubros de gasto, y otro de 50 por ciento en otros rubros.

La normatividad es para todas las dependencias de la administración pública federal y los Centros Públicos de Investigación (CPI) están incluidos porque son entidades paraestatales, aunque su función sustantiva es otra. Por la misma razón, el pasado 15 de mayo, estos Centros solicitaron públicamente que no se les aplicara el recorte. No se ha rectificado.

Por ejemplo, trabajadores contratados por honorarios informaron en redes sociales que el Instituto Mora, acatando la instrucción del memorando del 3 de mayo, tomó la decisión de recortar 40 por ciento de los trabajadores de esa categoría. Este Instituto tiene autorizados poco más de 175 millones en este año. En el mismo sentido, el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ), cuyo presupuesto para este año es 186 millones de pesos, informó a su comunidad que pondría en marcha medidas de ahorro de energía, las cuales incluyen suspender el uso de cafeteras eléctricas, la carga de celulares y ni hablar de aire acondicionado (Oficio DG 279/2019. 21.05.2019).

El último párrafo del artículo 58 de la Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria (LFPRH) dice: “No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación”, salvo algunos supuestos y aprobación de los diputados.

Entonces, aunque las leyes respectivas no están listas ¿se puede aplicar el memorando del 3 de mayo en las dependencias? Es un hecho. La LFPRH prevé adecuaciones presupuestarias en las entidades, tanto si ocurre una disminución en los ingresos a distribuir (artículo 21) o si permiten un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas (artículo 58 y ss). Sin embargo, no estamos en ninguno de los dos casos, pero la ley es flexible.

Tal vez lo que está ocurriendo en el sector educativo y en el científico y tecnológico no alcanza una alta visibilidad pública, ni es socialmente tan sensible como el de la salud. No obstante, es igualmente grave. Si no se rectifica a tiempo, podríamos terminar con daños estructurales en servicio público; los efectos serán inexorables y difíciles de revertir.

Pie de página. ¿El relevo en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales también será un cambio en la política de Estado en materia de protección ambiental, agroecología y transgénicos? Ya lo veremos.