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Obligatoriedad y gratuidad ¿un cuento de hadas?
Roberto Rodríguez Gómez
Campus Milenio Núm. 803, pp. 5 [2019-05-30]
 

Desde su campaña por la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a brindar lugar a todos los jóvenes que tras cumplir el ciclo de bachillerato tuvieran la intención de continuar con estudios superiores. El eslogan de “cero rechazados” ya había sido utilizado en su campaña de 2012, cuando abanderaba a la coalición PRD-PT-MC. Entonces prometía duplicar la matrícula de educación superior, de tres a seis millones de estudiantes, para lograr cobertura plena. (Regeneración, 12 de abril 2012).

Esta vez López Obrador propuso eliminar la selección de estudiantes en las instituciones universitarias, establecer la gratuidad para quienes ingresen a las instituciones públicas de educación superior, y otorgar becas a los estudiantes más necesitados. A fin de involucrar al sector privado en la tarea, la plataforma electoral del candidato, detallada en “Proyecto de Nación 2018-2024”, documento coordinado por Alfonso Romo, añadió dos propuestas:

Primera: “Incorporar a escuelas universitarias públicas y privadas a todos los estudiantes que aspiren a estudiar y cuenten con certificado de estudios de educación media superior” (pág. 390). Segunda: “Tanto a las instituciones que ya han demostrado el logro de estándares de calidad, como a las que tienen decreto presidencial o acuerdo secretarial, es imperativo que el Estado les reconozca la autonomía o les otorgue amplia libertad académica.” (pág. 397).

En intervenciones de campaña el candidato razonó en torno a estas propuestas con distintos argumentos. En un debate organizado por Milenio TV (21 de marzo 2018), compareció ante varios entrevistadores; uno de los temas tratados fue la estrategia para garantizar acceso a los rechazados de las universidades. AMLO comentó: “la propuesta nuestra, para que no haya rechazados, es ponernos de acuerdo con las universidades públicas, pero no sólo con las públicas, también con las universidades privadas.”

Electo presidente, López Obrador tuvo una reunión con rectores y directivos de las instituciones afiliadas a la Anuies (24 de agosto de 2018). Anunció que el gasto público en el sector, para el primer año de su gobierno, sería equivalente al de 2018 compensado por la inflación. Indicó también que se generarían trescientas mil becas para estudiantes de nivel superior en universidades públicas o particulares, y que tenía la intención de suscribir un acuerdo para una estrategia común de crecimiento de la matrícula.

En noviembre de 2018 circuló una versión de los “techos presupuestales” que Hacienda impondría a las instituciones de educación superior. Según versión hecha pública por el diario Reforma, el recorte sería de 32 por ciento. El aviso causó malestar en el medio universitario y obligó a las autoridades a rectificar. Carlos Urzúa, entonces secretario de Hacienda nominado, aclaró “se les dieron los nuevos tabuladores (salariales) y fue un errorcito. Ya se compuso.” (Político, 19 de noviembre 2019). No obstante, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, entregado a la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2018, incluía un recorte de 1,341 millones de pesos a la UNAM, el IPN y la UAM. Estas instituciones se inconformaron, y los diputados corrigieron al alza las asignaciones. Al final, el presupuesto ordinario quedó aproximadamente al mismo nivel que en 2018. El PEF reservó mil millones de pesos para el nuevo Sistema de universidades para el bienestar Benito Juárez García.

El 12 de diciembre de 2018 presidencia ingresó a la cámara baja una iniciativa de reforma a los artículos 3ro. 31 y 73 de la Constitución. La reforma proponía que la educación superior fuera gratuita y obligatoria. Aparte, quedaba excluida la Fracción VII del artículo 3ro. relativa a las garantías de la autonomía universitaria. Esto último, se explicó desde el ejecutivo como un error de transcripción sujeto a enmienda.

En el amplio debate legislativo sobre la iniciativa presidencial, las propuestas de obligatoriedad y gratuidad quedaron acotadas. La obligatoriedad se definió como la obligación del Estado de brindar oportunidades suficientes a los egresados del bachillerato. Y la gratuidad, en lo que concierne a las universidades autónomas, con las reservas de las garantías autonómicas. Además, en los artículos transitorios se abrió la posibilidad de gradualidad de las reformas y la obligación para el Estado de proveer recursos suficientes.

El 12 de febrero de 2019, en la presentación del programa de becas Jóvenes Escribiendo el Futuro, López Obrador atacó los procesos de admisión a través de exámenes y volvió a insistir en la necesidad de que las universidades públicas amplíen su cupo y restructuren sus finanzas para convertirse en gratuitas. (Portal de la Presidencia).

El cálculo presidencial parece aventurado. Pide a las instituciones “hacer más con menos” en un escenario de recursos muy limitados. Según cálculos de Rodolfo Tuirán (“Obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior, ¿a qué costo?”, Distancia por Tiempos, 20 de marzo 2019), para alcanzar la meta de satisfacer la demanda total en 2024 sería necesario un esfuerzo sobresaliente: crecer a un ritmo de 276,380 nuevos estudiantes al año; invertir 11,648 millones de pesos para abastecer el crecimiento (costo por alumno más infraestructura y equipo); 13,000 millones de pesos al año para la gratuidad de todo el sistema público, y finalmente aproximadamente 9,500 millones de pesos al año para becas. Casi treinta y cinco mil millones de pesos adicionales al gasto ordinario para cumplir la promesa. ¿Es factible con la estrategia de austeridad?


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