Las universidades públicas se encuentran en un momento super complejo. Las políticas de austeridad las dañan, porque el recorte o la falta de apoyo para funcionar como se requiere, deja secuelas que hacen difícil recuperar la senda del desarrollo institucional, la reforma a sus estructuras, la reposición de activos, y el impacto que las universidades tienen en el devenir social. La recuperación cuesta mucho tiempo, esfuerzo y dinero.

Podemos afirmar lo anterior porque, en el Siglo pasado, las universidades públicas enfrentaron varios periodos de ajustes a sus recursos financieros y varios procesos conflictivos en su interior. La insuficiencia presupuestal acarrea un aumento de tensiones, y más si no se explican las razones de los recortes.

En el marco de la austeridad que priva, el rector Enrique Graue ha señalado, en varias ocasiones, que las universidades públicas deben ser apoyadas para que no tengan carencias financieras que les impidan cumplir a cabalidad sus funciones, que son indispensables para que México se desarrolle en este Siglo y para ir instaurando la paz social en el país.

La política del actual gobierno ha conseguido que, por ley, la educación superior que imparta el Estado sea obligatoria y gratuita. Lo cual exigirá recursos adicionales en el subsidio federal. Se desea elevar la cobertura del 38 al 50 por ciento en el sexenio, y sería de esperar que no siguieran profundizándose las desigualdades entre las entidades más desarrolladas y aquellas donde es más elevado el rezago social.

La oferta educativa en los subsistemas de educación superior, que atienden las salidas técnicas, no ha cubierto las expectativas para reducir sustancialmente la demanda hacia las universidades públicas, federales y estatales. Las prefieren quienes van a estudiar el nivel superior, sobre todo cuando se encuentran con declaraciones de que ya no habrá rechazados.

En la austeridad, se ha extendido la política de becarización en el sistema educativo, que incluye becas de colegiatura y apoyos económicos para los estudiantes. Habrá que estar atentos para que no se conviertan en recursos para matricularse en universidades privadas, que cobran bajas colegiaturas. Las becas no deben confundirse con vouchers para transferir dinero público al sector privado, para apoyar a universidades que no gozan de capacidades para formar profesionalmente a sus estudiantes, que, después, no son bien recibidos en el mercado laboral. Habrá que recordar que las experiencias con los vouchers, en varios países, indican que no se produjo una mayor competencia para elevar la calidad docente, sino todo lo contrario.

Sería bueno instaurar un observatorio académico que siga puntualmente las tendencias y efectos de la becarización. También, que dé seguimiento a la política de apoyo destinada a los jóvenes, para que, en efecto, puedan construir un futuro. También, observar y corregir los criterios oficiales para evaluar las políticas e impedir la simulación. Es menester cuidar que el gasto público en educación superior obedezca a razones que entienda la ciudadanía; que no se vea sólo como recortes indiscriminados para quitarle fondos a las instituciones.

Por ahora, es curioso que un gobierno que ha dicho que ha acabado con el neoliberalismo termine por reinstaurarlo a través de la educación, donde las políticas neoliberales consiguieron alterar la estructura del financiamiento de las instituciones, imponer la escasez y exigir más y mejores resultados, mediante un tipo de competencia que significó desinstitucionalización y desgaste de la comunidad académica.

Para concluir. “Las universidades se transforman por efecto de los tiempos y de las sociedades que las conforman” (Cito al Dr. Graue). En muchas sociedades, y México entre ellas, la demanda por ampliar la educación superior ha conseguido volverse un derecho, que obliga al Estado a ampliar las oportunidades educativas. En este punto, el Estado, por su rectoría sobre la educación, está obligado a que el crecimiento de la matrícula no se haga a costa de una perdida en la calidad académica. La buena educación es producto de una buena planta de profesores y de buenas condiciones laborales para los docentes.

Es verdad que los mexicanos estamos hartos de esperar a que se hagan cambios de fondo. Y, justo por ello, los que promueva este gobierno tienen que ser puestos en un proyecto histórico explícito que nos permita avanzar a nuevos estadios de desarrollo. Se esperan del gobierno argumentos y hechos convincentes, cambios que satisfagan expectativas, que provoquen que la legitimidad y la hegemonía vayan de la mano. El gobierno no puede perder de vista que la universidad pública es una institución útil para la formación de las nuevas generaciones, la producción de conocimiento y su difusión, cuyo compromiso es contribuir al bienestar social. Por lo pronto, el gasto público debe ser razonado, suficiente para cubrir las necesidades académicas y oportuno.