En México, el acta de defunción del neoliberalismo dio esperanza de que la 4T resolvería problemas, aquí señalados muchas veces. Que se resumen en lograr que la economía crezca lo suficiente, que se redistribuya la riqueza y que se instaure una comunidad política de ciudadanía plena.

Por lo pronto, es imperativo hacer una reforma fiscal para que el gobierno no se encuentre tan limitado para desatorar el enjambre problemático en el que está metida la sociedad mexicana, y para que los recortes presupuestales no sean su única salida. A lo que se agrega, responder al deterioro ambiental y al decaimiento de la moral; darle salida a la migración de pueblos que entran y se desplazan en el país para arribar a los EEUU.

Por todos lados hay demandas al gobierno. Hasta ahora, no ha querido darse cuenta de que las universidades públicas son fundamentales para conseguir muchos de sus propósitos. Y, en vez de plantear buenas alianzas, por el contrario, ha atacado y denostado a las universidades públicas y, en general, a la academia. En lugar de impulsarlas para que atiendan más directamente los problemas de su entorno, y mejoren la formación de recursos humanos, comprometidos con las causas locales y nacionales, les ha hecho señalamientos negativos, que demeritan el trabajo de profesores e investigadores.

No se aprecia, tampoco, que las universidades públicas tienen un papel fundamental para la transformación con equidad, por la vía de la generación de conocimiento, que deriva del trabajo propio y de aquellos flujos que llegan por el avance mundial de la ciencia.

En esta era, ante la diseminación de la información y la expansión de la tecnología digital, de crear valor por medio del conocimiento, es preciso que las universidades tengan un pensamiento y un razonamiento alimentados por una visión cosmopolita y, al mismo tiempo, un pensamiento que permita comprender la realidad presente, resultado de la historia que la produjo, para superar los obstáculos al desarrollo con un proyecto nacional asumido por gobierno y sociedad.

Considero que, para producir sociedad, la universidad pública que tenemos es un bastión indispensable, que requiere un esfuerzo de reforma para elevar el estándar de la docencia y la investigación. . Contrariamente, el nuevo gobierno ha puesto a “la academia en jaque” (Ordorika, 2019). Observo que no se está atendiendo como se debe, a las instituciones que, por años, han contribuido al bienestar y a la cultura de los mexicanos.

El gobierno de la 4T ha ejercido una presión continua contra las instituciones universitarias. Se quitó “por error” la fracción VII del 3º Constitucional en la iniciativa de reforma. En una primera versión del proyecto de presupuesto de 2019, hubo un error financiero que afectaba a las universidades públicas estatales.

La acometida se ha sentido de distintas formas. Colegas de dos universidades públicas estatales me han comentado que la política de austeridad se está traduciendo en la cancelación de plazas de profesores de asignatura, y que las horas de docencia que se liberan se las están cargando al personal de carrera, que es una categoría académica para la cual las plazas están contadas o simplemente no existen. La renovación generacional, por lo pronto, se suspende, al tiempo que aumenta la edad para jubilarse.

Pero los recortes van más allá. En otras instituciones no se está renovando el equipo por falta de recursos y, con todo, la asistencia a congresos está limitada, el dinero para publicar comienza a reducirse, se insiste en el gasto racional y en el aprovechamiento óptimo del dinero, para que, después, no quede más remedio que aceptar un menor subsidio.

Como académico, me parece que el gobierno está queriendo reducir y desarmar la fuerza de las instituciones. Vulnerarlas. Controlar la crítica. Hay un golpeteo contra las instancias intermedias, como la Anuies y el FCCyT. Ambas organizaciones han cumplido un papel de primera importancia para la política educativa y científica, y para que las comunidades académicas tengan canales comunicativos con el gobierno.

La avalancha sobre los Centros Públicos de Investigación, tampoco se justifica. Es indebida. Las humanidades no pueden ser dejadas de lado. No hay razón para destruir lo que ha funcionado en aras de construir, para sujetar, lo nuevo. El gobierno debería apoyarse en las universidades públicas y respaldar la autonomía, que es la que sintoniza con la democracia.

No puede haber falta de respeto a los académicos que han trabajado con compromiso social en las instituciones de educación pública. Molesta nuestra dignidad y desanima para seguir adelante. Como ya ha sido discutido, parece que ha llegado el momento de que los académicos de carrera defendamos organizadamente a nuestras universidades y a nuestros intereses, para seguir trabajando al servicio del mejoramiento social.