A la memoria de doña Julia.

Tal vez sea eso que algunos se empeñan en nombrar como hechos alternativos o paralelos. Sin embargo, lo cierto es que la información es disonante y perturbadora.

Hace apenas 20 días en el Senado de la República, la titular del Conacyt, Elena Álvarez Buylla, respondió con firmeza: “a pesar de los recortes presupuestales, no debe haber preocupación por los centros públicos de investigación. Éstos van a estar mejor de cómo han estado” (Boletín 1905. 28.05.2019). No es así. Día tras día se suman evidencias sobre las dificultades que están sorteando los Centros Públicos de Investigación (CPI).

La aclaración de la directora del Conacyt fue realizada en su comparecencia ante la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado. Y fue citada porque el 15 de mayo, miembros de la comunidad de los CPI hicieron pública una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador (http://bit.ly/2w3FnJy), en la que plantearon el daño que les causaría las medidas del memorando presidencial del 3 de mayo. Asunto que aquí hemos comentado.

Los CPI argumentan que los tratan como si fueran una dependencia más de la Administración Pública Federal (APF), “cuando la naturaleza de sus funciones es muy distinta”. No les falta razón. La normatividad científica los define como entidades paraestatales de la APF “que de acuerdo con su instrumento de creación tengan como objeto predominante realizar actividades de investigación científica y tecnológica” (artículo 47). La misma ley dice que deben celebrar un convenio de administración por resultados con las secretarías de Hacienda y Función Pública para evaluar su desempeño y el impacto de sus acciones. Un requerimiento que no tienen otras dependencias centralizadas.

Las entidades paraestatales no forman parte de la administración pública centralizada --como sí lo son las secretarías de Estado o la oficina de la presidencia--, son organismos que tienen autonomía técnica pero que le ayudan al ejecutivo federal a cumplir objetivos estratégicos, como en este caso la realización de investigación científica y tecnológica.

Las paraestatales son relativamente inestables porque en algún punto pueden ser desincorporadas (como Ferronales). Así, la Ley Federal de Entidades Paraestatales prevé que la Secretaría de Hacienda publique anualmente la relación de entidades paraestatales que forman parte de la APF.

En total, en la lista del año pasado, las paraestatales sumaban dos centenares. Los CPI eran 26: siete considerados como organismos descentralizados; 18 como empresas de participación estatal mayoritaria; y dos fideicomisos (DOF. 15.08.2018). Los centros que figuran como descentralizados son los de: Ingeniería y Desarrollo Industrial; Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California; Investigación en Química Aplicada; y de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. A ellos se añaden dos institutos: Investigaciones “Dr. José María Luis Mora” y el Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica; y el Colegio de la Frontera Sur.

Los 18 CPI que están clasificados como empresas de participación estatal mayoritaria en su mayoría son asociaciones civiles, como los centros de investigación: Científica de Yucatán; Alimentación y Desarrollo; Ciencias de Información Geoespacial; Matemáticas; Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco; y el CIDE, entre otros. E incluye a los colegios de la Frontera Norte, de Michoacán y de San Luis, así como al Instituto de Ecología.

Además, también incorpora otras figuras jurídicas (S.A y S.C.), como la de los centros de investigación en: Materiales Avanzados; Desarrollo Tecnológico en Electroquímica; o Biológicas de Noroeste, entre otros. Adicionalmente suma dos fideicomisos: el del Centros de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec) y el Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (Fiderh).

Aunque en la lista de Hacienda suman 26 CPI, a ella se suma un Organismo Internacional Asociado (la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México). Así que en total suman 27 CPI y son solamente esos. La aclaración es pertinente porque prevalece cierta confusión sobre cuáles y cuántos son e incluso sobre su denominación misma.

Ha sido frecuente que a los centros de investigación de la UNAM, al Cinvestav o incluso a los institutos nacionales se les incluya como CPI. Realizan actividades similares, pero no son lo mismo ni tienen la misma figura jurídica. Lo veremos en próxima entrega. También ocurre que muchos le siguen llamando Centros Sep-Conacyt a los CPI, porque esa era su antigua denominación, cuando Conacyt todavía estaba sectorizado a la SEP. No obstante, desde el 2002 solamente son CPI.

En fin, el caso es que la comunidad de los CPI, por la naturaleza de sus actividades y su desempeño –también lo veremos en otra entrega--, en su carta le solicitaron al presidente López Obrador eximirlos de los recortes presupuestales instruidos en su memorando y la creación de un nuevo marco jurídico para su desarrollo. Ya suman más de tres mil firmas de respaldo.

Pero no, el ejecutivo federal no responde y los CPI no están mejor que en el pasado, como aseguró la titular del Conacyt ante el Senado.