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Un año después
Alejandro Canales Sánchez
Campus Milenio Núm. 807, pp. 5 [2019-06-27]
 

En las vísperas de las elecciones presidenciales del año pasado había datos acumulados —cuando su dureza parecía refractaria a la interpretación de datos alternativos— que trazaban los rasgos sobresalientes de las iniciativas que podría poner en marcha la coalición “Juntos Haremos Historia”. Después de la victoria del 1 de julio del 2018, en el terreno de la educación y de la ciencia y la tecnología, algunos lineamientos han sido consistentes, otros cambiaron y otros más se convirtieron en lo opuesto.

No solamente se conocía el documento “Proyecto de Nación 2018-2024”, presentado públicamente por AMLO desde noviembre de 2017. Un voluminoso documento de casi 500 páginas que contenía brevísimos diagnósticos y un amplio conjunto de proyectos, entre ellos para economía, seguridad, desarrollo social y gobierno, como la idea de descentralizar las dependencias de la administración pública federal de la que actualmente ya no se habla o el amplio programa de becas para jóvenes que hoy tiene lugar.

Sin embargo, el apartado de educación iniciaba y concluía con la propuesta de otorgar autonomía a las instituciones particulares de educación superior (“Educación para todos”. pp. 432-442). Nada más y nada menos. No mencionaba el asunto de las 100 universidades, tampoco nada sobre la cancelación de la “la mal llamada reforma educativa”, ni el espinoso tema de la calidad educativa, menos sobre la propuesta de reestructurar el sistema de ciencia y tecnología. Poco tiempo después vendrían esas definiciones.

El entonces precandidato López Obrador había adelantado en mayo de 2017 en Oaxaca, ante profesores de la sección 22 de la CNTE, la idea de cancelar la mal llamada reforma educativa del 2012-2013. Luego, en febrero de 2018, en la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, reiteró y firmó un Acuerdo (escasas seis cuartillas) con el profesor Rafael Ochoa Guzmán, como representante de la Redes Sociales Progresistas para cancelar la reforma.

El primer punto de los acuerdos era dar marcha atrás a la reforma educativa “enviando al Congreso de la Unión, un nuevo proyecto de Ley del Servicio Profesional Docente”. El tercer punto incluía “eliminar la evaluación punitiva” del eventual proyecto de ley, cesar las persecuciones y amenazas al magisterio. Además, en el quinto punto, precisaba la recontratación inmediata de maestras y maestros que fueron cesados por oponerse a la evaluación punitiva.

Sí hubo marcha atrás pero, como ahora es claro, después vinieron las negociaciones ríspidas con otra de las fracciones del sindicato magisterial y no fue un cambio a una ley secundaria. El 12 de diciembre del 2018, ya investido como presidente, AMLO envió un proyecto de reforma del artículo 3º, 31 y 73 de la Constitución que cancelaba la anterior reforma y desaparecía el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

El proceso legislativo, sin embargo, no fue tan sencillo. La primera sorpresa fue que el proyecto presidencial también suprimía la fracción VII del artículo 3º constitucional, la referente a la autonomía de las universidades. La autoridad educativa dijo que había sido un error que se repararía. No obstante, se sumaba a otro “errorcito”, como le llamó el secretario de Hacienda dos semanas antes, en el que las universidades públicas tenían un recorte de 32 por ciento en el Presupuesto de Egresos para este año.

Al final, el recorte presupuestal a las universidades fue reparado y los legisladores, después de considerar otros proyectos, aprobaron una reforma educativa diferente a la enviada por el ejecutivo federal. Hoy siguen pendientes las leyes secundarias y la integración del organismo sustituto del INEE.

La idea de ofrecer oportunidades educativas en el nivel superior para todos los jóvenes (“nadie será rechazado de la media superior ni de las universidades”, reiteraba AMLO en sus concentraciones) ha sido permanente y fue anterior al “Proyecto de Nación 2018-2024”. No obstante, la iniciativa de crear 100 universidades públicas en el primer año de la administración comenzó a dibujarse en el periodo de transición y como proyecto separado de la Subsecretaría de Educación Superior y de la SEP misma.

Actualmente se denomina “Programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García”, los aspirantes no presentan examen de selección, serán sorteados si la demanda es mayor a la oferta de lugares y recibirán una beca de 2 mil 400 pesos mensuales por diez meses. La página electrónica (ubbj.gob.mx) destaca que son un centenar de instituciones, están o estarán en 31 entidades federativas y ofrecerán 36 carreras universitarias. Sin embargo, las expectativas son muy limitadas sobre el efecto que tendrán en la expansión de la matrícula en el nivel superior y muchas dudas acerca de si pueden denominarse universidades.

En la próxima entrega veremos el tema de la austeridad en el sector, el presupuesto y la reestructuración del sistema de ciencia y tecnología. Hoy, un año después, el panorama es muy distinto.

Pie de página: Que las casi 14 mil evaluaciones del SNI ahora incluirán criterios cualitativos, como el trabajo docente y de divulgación. Ya veremos.


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