Desde hace mucho tiempo, un conjunto de analistas de la educación superior ha insistido en que se elaboren políticas gubernamentales que atiendan la diferenciación y la desigualdad entre las instituciones universitarias públicas. Una razón simple es que las universidades públicas, federales y estatales, tienen un papel crucial para formar cuadros especializados y difundir conocimiento para que la sociedad lo pueda usar y avanzar hacia etapas de mayor bienestar.

Este punto no ha conseguido sensibilizar a los gobiernos, en parte por lo cual, lo que tenemos en México es un sistema educativo estratificado, con grandes y graves diferencias científicas y materiales, que ha devenido a esta condición, eso sí, por las políticas académicas y financieras seguidas desde fines del Siglo pasado.

Dichas políticas dividieron el subsidio en ordinario y extraordinario. Y, como parte de este último, la distribución de los recursos se hizo mediante instrumentos e indicadores que midieron la “calidad” y el desempeño. Las universidades tuvieron que concursar por fondos, de tal manera que las menos adelantadas, intelectual, organizativa y técnicamente, tuvieron menos condiciones de obtenerlos. Las que conseguían algo, podían renovarlos sujetas a rendimiento. Un galimatías por todos lados. En un contexto de escases de dinero para la educación superior pública, el daño a las universidades más débiles, institucionalmente, no ha dejado de sentirse hasta hoy.

En un análisis estadístico en el que se analizó la relación entre la tasa de cobertura estatal, el tamaño de la matrícula de cada institución, el costo por alumno, el monto del subsidio y la existencia de investigadores nacionales, se encontró que las universidades de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Tlaxcala son las que están en los rangos más bajos de la estratificación institucional. Y en ese mismo estrato están Michoacán, Hidalgo y Tabasco. De éstas enumeradas, cuatro coinciden con el grupo de las 10 universidades que tienen problemas financieros actualmente.

Pero el punto es el siguiente. Hay, hasta la fecha, una especie de círculo perverso. Cuya forma de operar deja al margen a un conjunto de universidades públicas. Un dato simplemente. Las 4 universidades federales tienen un subsidio mayor que todas las universidades públicas de los estados. Y es una diferencia que viene de muy lejos. No se aboga por que se les quite dinero a las federales para darles a las estatales, pero sí por una política financiera que tenga en cuenta las necesidades institucionales de las más débiles, para fortalecerlas. La matrícula total de las públicas estatales es 2.66 veces mayor que la de las públicas federales. La diferencia es bastante menor en el caso del posgrado.

La diferenciación, desde luego, va más allá de los indicadores estadísticos y económicos. Ojalá se pudiera considerar que la universidad pública estatal, además de educar y cumplir sus compromisos con la atención a la demanda, es la conexión que tienen las sociedades estatales con el conocimiento científico universal. Es un espacio por el que circulan ideas provenientes de muchas partes del mundo. Y, por cierto, es, además, un agente social capaz de influir en el cambio social de su entorno. Es la institución que por su autonomía y tolerancia a las diferentes corrientes académicas y científicas, puede convocar y comprometer a distintos segmentos de la población con proyectos sociales innovadores.

Algo que es muy importante tener en cuenta es que cada universidad estatal opera en un medio político particular, con gobiernos de distinto signo partidario y distintos intereses educativos. De ahí la preocupación porque la universidad pública estatal tenga condiciones de definir conjuntamente con los interesados, planes de desarrollo específicos para distintas áreas, con un enfoque multi e interdisciplinario, que le permita definir estrategias para llevarlos a cabo. A mi me parece que de esta manera la universidad puede influir en ampliar el espacio público y, en esa medida, volverse un actor principal que gana y sabe manejar el prestigio y el poder.

Agrego, por último, que la mayor parte de las universidades públicas estatales ha gozado de estabilidad política en un buen lapso de tiempo, lo cual les ha permitido trabajar, avanzar, pero también contribuir a los cambios políticos en sus estados y en el país. En este mismo sentido, diría que han coadyuvado a reforzar la cultura y la participación ciudadana, que es una de las tareas de estas instituciones.

En suma, habría que pensar en la conveniencia de que la política educativa, financiera, académica y de gestión, tenga en su centro a las instituciones. Las condiciones de trabajo que brinden a los académicos son las que pueden elevar el nivel de la enseñanza y de los aportes de la investigación. Está en el mejor de los propósitos que la política educativa pueda emparejar, lo más posible, las capacidades académicas e intelectuales de las universidades públicas más débiles con las de aquellas que tienen más fuerza y mejores resultados. Todos en el país saldríamos ganando y las generaciones futuras lo agradecerán.