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CyT: las expectativas y los hechos en el primer aniversario
Alejandro Canales Sánchez
Campus Milenio Núm. 808, pp. 5 [2019-07-04]
 

Tal vez el ámbito de la ciencia y la tecnología refleja con mayor claridad un cierto desencanto con la nueva administración gubernamental. En el periodo de precampaña (entre diciembre de 2017 y febrero de 2018) y en la campaña propiamente dicha, los asuntos científicos y tecnológicos no ocuparon ningún lugar sobresaliente. Nada raro, después de todo, salvo alguna declaración por aquí y por allá de mayor inversión, lo mismo había ocurrido en campañas anteriores.

Sin embargo, en la elección más reciente sí hubo una diferencia sustancial. En ocasión del tercer debate presidencial, en junio de 2018, cuando se discutió la agenda social e incluyó ciencia y la tecnología, ahí mismo el ahora presidente López Obrador anunció que si triunfaba en las elecciones nombraría como directora del Conacyt a la doctora María Elena Álvarez Buylla.

El nombramiento provocó un relativo efecto de tranquilidad en la comunidad científica. En efecto, no solamente porque ya estaba el nombre de la persona que ocuparía la posición, el cual para muchos no les resultaba familiar, sino también porque no parecía ninguna persona improvisada, había recibido el Premio Nacional de Ciencias en 2017, como lo mencionó López Obrador.

No obstante, todavía en junio de 2018, se sumaron dos datos más sobre Álvarez Buylla que sí comenzaron a inquietar a un sector de la comunidad científica. Uno fue su reconocido activismo y oposición a los transgénicos; otro fue la publicación de su proyecto de reestructuración del Conacyt. En el primer caso resultaba problemático porque sigue vigente el debate sobre los organismos genéticamente modificados. Una discusión que involucra a grupos importantes de científicos, tanto de una posición como de la otra, así como a grandes consorcios de la industria de la biotecnología. La división también era y es previsible en el propio gabinete de la nueva administración, aunque en el primer día de su gobierno, el presidente López Obrador declaró que no se permitirían “ni transgénicos ni fracking”.

El segundo dato, sobre el “Plan de reestructuración estratégica de Conacyt para adecuarse al Proyecto Alternativo de Nación (2018-2024) presentado por Morena”, fue un documento de cuarenta páginas que causó todavía más desasosiego. Un plan preliminar, difundido antes de las elecciones, en cuyas primeras páginas anunciaba una docena de principios rectores que conducirían la política del sector.

Por ejemplo, el primero apuntaba: “Reestructuración del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para acoplarlo a los lineamientos del Proyecto Alternativo de Nación, priorizando la descentralización del desarrollo científico y tecnológico”. También anunciaba la redefinición de los criterios de evaluación de la actividad científica (los criterios cualitativos por encima de los cuantitativos), lo público y comunitario antes que el interés privado o la creación de nuevos Centros Públicos de Investigación, entre otros.

Sin embargo, el documento no incluía un diagnóstico mínimo del sector, tampoco aparecía el papel de la ciencia y la tecnología en el desarrollo económico ni una contribución relevante de las ciencias sociales y las humanidades, entre otras deficiencias que se advirtieron. Las críticas fueron abundantes. Después del triunfo electoral vino la reconsideración y los ánimos se tranquilizaron porque Álvarez Buylla dijo que el plan apenas era una versión provisional y prometió que hasta una “H” de humanidades tendría el nuevo nombre Conacyt.

La comunidad todavía se tranquilizó más después de la reunión del 22 de agosto de 2018 con el ya presidente electo López Obrador: “En el peor de los casos, y ese es el compromiso que hago con ustedes... que nunca tengan un presupuesto por abajo de la inflación, ese sí es un compromiso para adelante y vamos a procurar que aumente en términos reales, ese es mi planteamiento muy concreto”. No lo fue.

El presupuesto para el sector en este año no aumentó en términos reales y sí está abajo de la inflación. En cifras redondas, en 2018 recibió 92 mil millones de pesos y en este año le asignaron 91 mil 400 millones de pesos. La disminución más sensible fue para el gasto central de Conacyt: pasó de 31 mil millones de pesos a 28 mil 300 millones de pesos.

Luego vinieron los desencuentros con el equipo de transición por la filtración de las cartas en las que se solicitaba suspender las convocatorias en curso, el amago de proyecto de ley y otra serie de errores de gestión administrativa, como las dificultades con los becarios, la calificación a los jóvenes que ocupan las cátedras Conacyt (“colgados de la nómina”), el polémico nombramiento de funcionarios, el anecdótico caso del comedor del organismo y las restricciones para viajar al extranjero.

Hasta ahora, aparte de las escaramuzas mediáticas y el presupuesto incumplido en el sector, el mayor desencanto ha sido el tratamiento otorgado a algunas de las entidades paraestatales, como los Centros Públicos de Investigación, los institutos nacionales y otras instituciones académicas.

Pie de página: Va el primero: el Cinvestav sale a la calle a manifestar su desacuerdo con la aplicación de restricciones presupuestales.


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