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El Foro: crónica de un desencuentro
Alejandro Canales Sánchez
Campus Milenio Núm. 812, pp. 5 [2019-08-08]
 

El conflicto entre el Conacyt y Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) escaló todavía más la semana pasada. El primero dijo que normativamente no está obligado a entregar recursos financieros a asociaciones civiles, como lo es el foro, así que la relación llegó a un punto de ruptura. Una acción que le da la espalda al largo proceso que llevó a la instauración del foro, a las normas vigentes y al respaldo que ha recibido el organismo de consulta.

Según la ley sectorial vigente, el foro y el Conacyt debieran trabajar de forma conjunta, no solamente como participantes en el máximo órgano de política y coordinación del sistema científico y tecnológico, también en la realización de consultas para la integración del programa sectorial y en todas las definiciones del sector. Además, dice claramente que el Conacyt sí debe otorgarle recursos al foro para su operación (artículo 38).

La ley actual, sin embargo, deberá adecuarse a la reciente reforma del artículo 3º constitucional y especialmente a la fracción V. La semana anterior, en este mismo espacio, dijimos que en buena medida ahí radica el origen de la disputa entre ambos organismos: en la definición de ese marco normativo.

Los antecedentes sobre los desencuentros recientes son relativamente conocidos. A partir de enero mujeres destacadas ocuparon posiciones de primer nivel en el sector: Elena Álvarez Buylla (Conacyt); Beatriz Paredes (comisión de ciencia en la Cámara de Diputados); Marivel Solís (comisión de ciencia en la Cámara de Senadores); y Rosaura Ruiz (Seciti Cdmx). Así, pareció de lo mejor que Julia Tagüeña, otra mujer más, pasará a la coordinación del foro, la otra punta de la gobernanza del sistema.

No obstante, en la misma ceremonia de cambio de titularidad del foro, la directora de Conacyt llamó inaceptables las transferencias de recursos públicos hacia el sector empresarial que había realizado la administración previa. La doctora Tagüeña fue parte de esa administración, pero no fue clara la referencia y la imprecisión de las cifras; sin embargo, quedó registrado que la relación no sería sencilla. Semanas después Álvarez Buylla simplemente dijo que el caso se había turnado a la Secretaría de la Función Pública.

Después, en febrero, cuando todavía no estaba lista la reforma constitucional, vino el polémico proyecto de ley que presentó la senadora morenista Ana Lilia Rivera Rivera (Campus Milenio No. 790). Una iniciativa que tenía como eje la centralización de recursos y funciones, así como la anulación del foro y de otros organismos intermedios. Las reacciones no se hicieron esperar y la propuesta de ley fue desconocida incluso por la propia directora del Conacyt. Ahí volvieron las señales de alarma.

En mayo, con el memorando de austeridad, llegó la regulación de viajes al extranjero para investigadores y la posterior marcha atrás a la medida. Otra vez intervino la Secretaria de la Función Pública. Más recientemente, a propósito de la consulta electrónica que realizó el FCCyT a los miembros del SNI para la elaboración de la nueva ley, el Conacyt “conminó” públicamente al foro a cumplir con la ley y a conducirse conforme las medidas de austeridad del gobierno federal (48/19). También le dijo que duplicaba atribuciones del Conacyt, hacia un uso indebido de las bases de datos de investigadores del SNI, recibía un presupuesto excesivo, le anunció que sería fiscalizado y analizaría la viabilidad de continuar otorgándole recursos financieros.

Al día siguiente, el foro citó a conferencia de prensa para aclarar la situación y llamar a la conciliación. Pero justo cuando estaba por finalizar la conferencia de prensa, la reportera de Animal Político anunció que en ese momento Conacyt también había emitido un nuevo comunicado y decía que no estaba obligado a otorgar recursos financieros a ninguna asociación civil.

En la negativa otra vez intervino la Secretaría de la Función Pública y precisó que el gobierno federal es el que debe ejercer los recursos directamente. Entonces, no solamente es la disputa por la definición de la nueva ley general de ciencia y tecnología, en el centro también está la aplicación del principio general que la actual administración busca imponer: el ejercicio directo de recursos y la supresión de organismos intermedios. Así lo ha expresado el propio presidente López Obrador y ya ocurrió en otros ámbitos.

¿Eso es lo más conveniente? No necesariamente. Al contrario, puede ser contraproducente. Son varios factores: la reiterada intervención de la Función Pública, el papel de las asociaciones civiles y el manejo de recursos públicos. Si los organismos intermedios han realizado un ejercicio indebido deben ser sancionados, pero tienen una función en la provisión de servicios o en la coordinación del sistema. En una siguiente entrega veremos el origen del foro y sus funciones.

Pie de página: Viene un debate más: la investigación biotecnológica de organismos genéticamente modificados. Más de un centenar de biotecnólogos entregaron una carta a AMLO para solicitarle que se analice el tema antes de normar su prohibición.


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