El reportero Daniel Blancas del periódico Crónica le pregunta al presidente de la República: Se habla ya de la inminente desaparición del Foro Consultivo Científico y Tecnológico por falta de presupuesto del Conacyt. Se supone que este foro es la voz autónoma, el órgano autónomo que tenía que asesorar al Ejecutivo para temas de ciencias y tecnología.

El ejecutivo federal interrumpió al reportero y respondió: Ah, claro, sí. Eso era otro pegote que traíamos aquí en la Presidencia, ya me acordé de ése, ése sí lo tengo identificado. Era aquí para asesorar al presidente en asuntos de tecnología y —un término también muy de moda— innovación tecnológica. No, ahí está el Conacyt, a mí me asesora el Conacyt, y ahí están los científicos. Era la conferencia de prensa matutina del 31 de julio.

La pregunta y respuesta fueron a propósito de la creación de un organismo en la administración anterior (la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur) y su continuidad en el actual periodo. A pesar, según comentó el mismo reportero, de presuntas irregularidades y conflicto de interés.

Pero, ¿todos los organismos intermedios entre el gobierno y los gobernados son iguales? ¿Cumplen la misma función? No. Seguramente, en la abultada administración pública habrá organismos creados por la presión de clientelas políticas, duplicadores de funciones, dispendiosos e inútiles. No obstante, también los habrá con otros antecedentes, un desempeño diferente y una relevancia para las tareas de gobierno.

En el sector científico y tecnológico, la primera vez que comenzó a perfilarse normativamente una instancia de contacto entre el gobierno y otros sectores para la definición de políticas fue a mediados de los años noventa. En el Plan Nacional de Desarrollo de la administración de Ernesto Zedillo (1994-2000), en el eje para el crecimiento económico y como parte de su estrategia general de política tecnológica, se planteó la instauración de un foro de coordinación entre el sector privado, las instituciones de investigación y el gobierno. El foro, precisó el PND, “será promovido desde el más alto nivel gubernamental”.

En realidad, al final, la propuesta formó parte de una instancia más amplia y adquirió rango de ley. En la reforma a la ley sectorial de 1999 se agregó un capítulo (V “Participación”) y se dedicó a la instauración de lo que entonces se denominó “Foro Permanente de Ciencia y Tecnología”.

Un órgano autónomo y que desde esa fecha fue designado para la consulta del ejecutivo federal y de expresión de la comunidad científica y de los sectores social y privado. También desde su creación quedó establecido que la participación sería voluntaria y honorífica, así como los apoyos necesarios para su funcionamiento por parte del Conacyt.

Vale la pena recordar que en esos años, frente a la experiencia de las cíclicas crisis económicas, la inestabilidad de las iniciativas gubernamentales y, muy especialmente, la mayor pluralidad de fuerzas políticas representadas en el Congreso, cobraba mayor relevancia la idea de políticas de Estado, en contraposición a las políticas gubernamentales y centradas en el ejecutivo federal.

Tampoco fue fortuita la inclusión de la “participación” en la ley sectorial. Lo mismo había ocurrido, unos años antes, en la Ley General de Educación, cuando incluyó un capítulo dedicado a la participación social.

¿Por qué la búsqueda de participación en las decisiones de gobierno? Porque se reconocía las limitaciones del poder público en la definición de los problemas de interés público, en el establecimiento de la agenda y en la puesta en marcha de las iniciativas, así que precisaba la participación ciudadana; abrir el espacio público a la intervención de otros sectores.

Después, en los años 2000, vinieron más reformas normativas que precisaron la composición, funciones y nombre del foro, pero conservó autonomía, carácter consultivo y forma de financiamiento.

Ahora, derivado de la reciente reforma al artículo 3° constitucional, debe promulgarse una nueva Ley General de Ciencia y Tecnología. No tiene que ser inmediato, pues el plazo vence hasta el año próximo, pero sería un retroceso volver a cerrar el espacio público a la participación de otros sectores, centralizar y retornar a las decisiones solamente gubernamentales.

Pie de página: ¿Vienen cambios en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)? Tal vez no. Para el expediente: La titular del Conacyt dice que el SNI no desaparece. De hecho, planteó que no solamente no desaparecerá, el año próximo tendrá un incremento presupuestal; también habrá revisión de los procesos y criterios de evaluación cualitativos y cuantitativos. Ya veremos.