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Desigualdad social y educación
Humberto Muñoz García
Campus Milenio Núm. 820, pp. 6 [2019-10-03]
 

Quienes dirigieron México, dejaron sus cargos y un país verdaderamente deshecho, con tal monto de problemas, que las nuevas generaciones tardarán sexenios en remediar. Lo que le pasa a los mexicanos, lo que sienten y lo que presienten, no se corrige en seis años, y menos si no hay unidad de esfuerzos.

Los jóvenes tienen incertidumbre sobre cómo les va a ir en la vida, aún cuando hayan estudiado. Los viejos sienten inseguridad y desprotección para terminar sus vidas de una manera digna. La atención médica privada es demasiado cara para la gran mayoría de la gente y la salud pública ineficaz para satisfacer a toda la demanda, elevada por la pobreza y la desprotección.

Los pasados treinta años trajeron el predominio del mercado, que desestructuró las relaciones sociales, y fundó un sistema de competencia, corrupción e impunidad, que sólo benefició a unos cuantos. Las desigualdades y las diferencias sociales se acentuaron (el grupo que no tiene ni para comer es bastante grande e incluye niños).

Las formas de apreciar el deterioro aparecen una y otra vez. Por ejemplo, entre 2000 y 2018, México tuvo un crecimiento promedio anual real del PIB cercano al 2 por ciento, insuficiente en la República e inferior a otros países latinoamericanos (IFI).

Un ejemplo más se aprecia al observar el coeficiente de Gini, que, como se sabe, ilustra cuánto de los ingresos entre personas u hogares se aleja de una distribución equitativa. En el 2014, México tenía el segundo coeficiente más alto (0.459) entre los países de la OCDE y un coeficiente alrededor de la media en América Latina. En nuestro país, la diferencia en los ingresos de los más ricos con respecto a los más pobres es de 20 veces (OCDE, 2018). Una mayor concentración de la riqueza entre los de más altos ingresos, como ha ocurrido, no se alcanza a traducir con indicadores estadísticos para representar los muy malos niveles de calidad de vida de las grandes mayorías.

La población debajo de la línea de pobreza (48.8 por ciento) y debajo de la línea de pobreza extrema (16,8 por ciento) en 2018, se mantuvo sin cambios relativos en los últimos 10 años (Coneval); la población pobre, en términos absolutos, aumentó en varios millones. Los pobres son más de 54 millones de mexicanos.

El país fue dejado con otro problema serio: el de la violencia, a partir de la criminalidad y la delincuencia organizada. Hay estudios que así lo muestran y señalan que la violencia se ha incrementado en los últimos años, con un costo económico grande, y otro costo, que es el sociopsicológico, (miedo, temor a interactuar socialmente) que también es mayúsculo. La situación de violencia en el país nos ha arrancado, a los ciudadanos, hasta la libertad de tránsito por el territorio nacional.

Lo que he revisado, respecto a la violencia, menciona que la impunidad se manifiesta en alto grado y que los problemas de violencia se asocian a la debilidad institucional, a la falta de Estado de Derecho y al fracaso del Estado para combatir a la delincuencia organizada con una estrategia y una táctica efectiva, con una metodología probada.

Mencionaré algunas repercusiones de la falta de crecimiento, de la pobreza, de la carencia de oportunidades, de la inseguridad, la violencia y del deterioro de la planta física y del medio ambiente, en el que hacemos la vida cotidiana los habitantes de México.

En las condiciones del país, el 74 por ciento de las personas que nacieron en los dos quintiles socioeconómicos más bajos se quedaron en esos mismos niveles (CEEY,2019). Hay dos razones, grosso modo. La estreches y rigidez del mercado laboral, donde el 57 por ciento de la PEA trabajaba en el sector informal en el 2º trimestre de 2018 (ENOE). Y la otra razón es la falta de educación y que la educación ha dejado de ser una palanca para que las personas puedan avanzar a mejores sitios en la estratificación social.

El origen es destino. Así, los hijos de los hogares donde los padres no tienen estudios, sólo en el 5 por ciento alcanzan una educación universitaria, en contraste con el 64 por ciento de los hijos que llegan a la universidad de padres profesionales (CEEY,2019). La educación, además, dejó de dar capacidades a las personas para moverse socialmente, para generar cohesión social y una visión positiva para ir hacia adelante. Particularmente, en el sur del país hay importantes carencias educativas y menores oportunidades de movilidad social (CEEY, 2019).

La educación no puede resolver todos los problemas, pero sí auxilia a disminuir la desigualdad social. La reforma educativa deberá cambiarla sustancialmente e inscribirla como parte de un proyecto de desarrollo nacional, para que las próximas generaciones no se encuentren con un Estado fracasado, y tengan que luchar otra vez por el cambio. Mejorar la educación supone recursos, que ya no alcanzan, y una reforma fiscal que le dé al gobierno instrumentos para impulsarla y promover el desarrollo.


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