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CdMx. ¿Cuarta entidad con mayor desigualdad en materia educativa y sin ley?
Alejandro Canales Sánchez
Campus Milenio Núm. 822, pp. 5 [2019-10-17]
 

La ciudad capital no tiene un marco normativo acorde con la reciente reforma del artículo 3º constitucional. Tiene hasta mayo del año próximo para armonizar sus leyes al respecto, conforme lo ordenó la misma reforma. Sin embargo, lo sorprendente es que su Constitución local estipuló que debía elaborar una ley de educación y no lo ha hecho.

El artículo 14º transitorio de la Constitución Política de CdMx dispuso: “El Congreso tendrá un plazo de 180 días posteriores a la entrada en vigor de esta Constitución para expedir la ley de educación de la Ciudad de México y demás ordenamientos”.

La vigencia de la Constitución capitalina comenzó el 17 de septiembre de 2018. Si se hubiera acatado lo que ahí se dispone, la nueva ley de educación local y demás ordenamientos debieron estar listos el pasado mes de marzo. No estuvieron.

El mismo artículo transitorio estableció que otros 180 días posteriores a la entrada en vigor de la legislación en materia de educación, se debía implementar el sistema educativo. Además, el gobierno local tendría que presentar: la propuesta educativa correspondiente a los servicios de educación inicial, comunitaria, técnica, profesional, educación especial y complementaria o de extensión académica, y de atención a la diversidad étnica o cultural, en un plazo que no exceda los dieciocho meses a partir de la entrada en vigor de las leyes en la materia. Un extenso horizonte.

Por lo pronto, todavía siguen vigentes la Ley de Educación del Distrito Federal y la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal, a pesar de que, desde diciembre del año pasado, la actual administración fusionó ambos sectores en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Seciti).

Al parecer, la administración local sabe lo que está mal en la educación de CdMx y lo que habría que hacer para remediarlo. Eso sugieren las afirmaciones que están en su primer informe de gobierno. No deja de ser revelador su apunte acerca de que el estancamiento de la educación en la Ciudad profundizó el problema de la calidad en la educación básica e inicial, así como el abandono escolar y el ingreso a la educación media superior y superior.

A pesar de que el documento no es propiamente un diagnóstico de la educación en CdMx, ahí destaca que lo anotado solamente son “algunos de los problemas cuya magnitud se ocultó bajo el velo de los datos de cobertura, en los que la ciudad alcanzaba niveles superiores a 100 por ciento” (p. 21). Sí, la ciudad capital ocupa las primeras posiciones en los indicadores de cobertura en todos los niveles educativos y la primera posición en promedio de escolaridad de sus habitantes (tiene 11.3 grados y en la punta opuesta está Chipas con 7.8 grados de escolaridad).

Pero, ¿el promedio de escolaridad y la cobertura han opacado graves problemas educativos? Los promedios, como se sabe, esconden grandes diferencias. Todavía más revelador resulta la afirmación del informe acerca de que “La Ciudad de México es la cuarta entidad con mayor desigualdad en materia educativa”. Desde luego no es en el acceso porque exhibe altas tasas de cobertura y tampoco en analfabetismo o rezago.

Las cifras más recientes muestran que CdMx tiene casi 70 mil personas que no saben leer ni escribir (1 por ciento de la población), por lo que es, según la cifra relativa, la entidad con la menor proporción de población analfabeta del total de entidades federativas. Prácticamente todos sus habitantes mayores de 15 años cuentan con educación primaria concluida (solamente 5 por ciento no tiene esa condición) y tiene el menor porcentaje de población de toda la República en situación de rezago educativo (personas mayores de 15 años que no saben leer o escribir o no han concluido la primaria o secundaria).

El informe no indica explícitamente a qué indicadores se refiere cuando señala que CdMx es la cuarta entidad con mayor desigualdad en educación. Sin embargo, cuando dice que por esa condición se han puesto en marcha acciones dirigidas a elevar la calidad en educación básica y media superior, particularmente en zonas de alta marginación, se puede entender la importancia de la evidencia y que el problema fundamental no solamente es el de cubrir la demanda, también es, y muy importante, la calidad educativa que reciben niños y jóvenes.

El año pasado, el Coneval presentó su “Estudio Diagnóstico del Derecho a la Educación 2018”, basado en tres dimensiones: disponibilidad, accesibilidad y calidad. Posteriormente lo veremos en detalle, pero es un reporte que se suma a la imprescindible serie de evidencias y datos acumulados por diferentes instituciones (exINEE, INEGI, por ejemplo) que permiten tomar decisiones informadas. ¿Haremos de cuenta que son innecesarios? Ojalá no.

Pie de página: “Solicitaré al rector Enrique Graue ayudar en la organización de una mesa de trabajo para intercambiar ideas y propuestas entre colegas científicos y juristas, a fin de trabajar en la nueva LGCTI”, eso dijo la directora de Conacyt la semana pasada.


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