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Judicialización de la academia
Alejandro Canales Sánchez
Campus Milenio Núm. 823, pp. 5 [2019-10-24]
 

El científico Antonio Lazcano, a raíz de su destitución de la comisión dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), había anunciado hace un mes que se inconformaría. El pasado día 17 informó que como resultado de un amparo indirecto que promovió, un juzgado consideró que en tanto no se resuelva si la destitución fue legal o no, la autoridad del sector lo debía reincorporar en la misma posición.

Lo notable es que el mismo día, unas horas después de la orden del juez, el titular del SNI, Mario De Leo, le reiteró vía electrónica a Lazcano su pérdida como miembro de la comisión dictaminadora del área II y enfatizaba que la destitución continuaría por sus faltas injustificadas a las sesiones plenarias (El Universal 18.10.2019).

Seguramente usted recuerda la serie de desencuentros y no hace falta reiterar los hechos. Tal vez sea suficiente mencionar que parte de los antecedentes tuvieron lugar en los últimos cuatro meses, en los cuales se han expresado visiones opuestas sobre la gestión, logros y dificultades del sistema científico y tecnológico nacional, así como la posterior destitución de Lazcano. “Por incumplir con sus deberes y fallarle así a la comunidad y al pueblo de México”, según lo planteó el comunicado de Conacyt (22.09.2019).

Lo más probable es que la disputa entre el integrante de la comunidad académica y las autoridades del sector se extienda en el terreno legal, porque siempre habrá un nuevo recurso al que puedan apelar una y otra parte en los tribunales, antes de sucumbir en la vorágine de expedientes judiciales o el agotamiento del periodo en funciones. Sin embargo, la peculiaridad del conflicto revela la tensión en el sistema.

Aparentemente todo suena algo descabellado: el intercambio epistolar, las razones de la destitución, el amparo, la resolución del juez, la desobediencia inmediata a la orden. Principalmente porque lo que está en juego no es de beneficio directo, un puesto laboral o remunerado, se trata de la pertenencia ad honorem a una comisión dictaminadora que tiene sus ganancias y sin duda es muy importante para la operación del sistema de incentivos, pero no es una posición anhelante.

Entonces ¿por qué llevar la disputa a los tribunales y tanto empeño en la posición? Porque es evidencia de un quiebre en las reglas del juego entre los ámbitos académico y gubernamental, tanto como la imposibilidad de dirimir las querellas y llegar a acuerdos bajo el marco y los carriles usuales.

Los conflictos administrativos no son algo extraordinario en el ámbito académico, aunque casi siempre el epicentro se localizaba en las relaciones laborales, por los despidos injustificados, el incumplimiento de labores o la vulneración de algún derecho. Tampoco, desafortunadamente, son novedosas, y cada vez lo son menos, las sanciones derivadas de la comisión de ilícitos, como el acoso sexual, violencia, el plagio académico o el tráfico de drogas en las instituciones educativas.

Sin embargo, lo notable del caso es que en los últimos años se han sumado y multiplicado los conflictos legales entre las instituciones universitarias y las gubernamentales. Ahí está la intención de instalar órganos internos de control o los adeudos financieros con el caso emblemático de la Universidad Veracruzana, pero también el de la Universidad Autónoma de Morelos o el de la Universidad Autónoma de Baja California. Cada caso es diferente y la historia también los tiene registrados en el pasado, pero ahora lo extendido es el tema de los recursos financieros.

Las contiendas legales por el financiamiento también llegaron al terreno científico y tecnológico. Recordemos las recientes inconformidades y los amparos del personal de centros públicos de investigación y de otras instituciones por la reducción de su salario y la suspensión de su seguro de gastos médicos mayores.

Por los mismos motivos también habría que añadir el litigio que sostiene el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y el Conacyt. El Foro informó que conforme lo mandata la ley del sector, debió recibir recursos financieros necesarios desde el pasado mes de julio y no fue el caso, así que promovió un juicio de amparo para que se cumpliera la norma.

Ocurrió casi lo mismo que con el científico Lazcano. El pasado 26 de septiembre, el Foro informó que un juez de distrito concedió la suspensión provisional en su favor y ordenó que Conacyt le entregara los suficientes recursos económicos para su operación permanente mientras se resuelve el juicio de amparo” (Boletín 198). Todo indica que la autoridad tampoco obedeció al juez y el litigio sigue su curso.

En fin, lo que parece evidente es una cierta judicialización de la academia, esto es, regular su intercambio con el gobierno a través del sistema jurídico, lo que indica que el poder de los jueces, los circuitos y los tribunales tendrán una creciente importancia dentro y fuera del terreno académico. Veremos los resultados.


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Last modification: April 28 2016 13:39:11.  

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