Al comienzo las expectativas fueron muchas: el centro de gravedad de la administración pública federal no estaría localizado más en la capital de la República, se dispersaría a lo largo del territorio nacional. Todo parecía indicar que el nuevo gobierno daría otro paso más para afianzar la desentralización política, ecnónomica y administrativa. Pero, transcurrido el primer año de gobierno, la realidad parece muy otra.

Seguramente usted lo recuerda, todavía en la presentación pública del voluminoso “Proyecto de Nación 2018-2024”, en noviembre de 2017, cuando las elecciones federales del año siguiente se veían lejos, la idea de descentralizar las dependencias federales se miró con sorna y desdén, como tantas otras de las estrategias que se incluyeron en ese documento. En 2018, una vez celebradas las elecciones y conocido el resultado, las estrategias del Proyecto cambiaron de estatus: pasaron a iniciativas con una alta probabilidad de convertirse en hechos.

El diagnóstico planteado en el documento “Proyecto de Nación” puntualizaba que el volumen de personal de la administración pública federal sumaba 3 millones de personas, distribuidas en 18 secretarías y 299 entidades gubernamentales. Alrededor del 80 por ciento del total de personal estaba concentrado en la Ciudad de México, destacaba.

La propuesta fue comenzar un proceso de desconcentración de las oficinas del gobierno federal de la megalopolis mexicana, conforme las características de cada sector y asegurando que cada entidad contara con una dependencia. En estos términos, de forma preliminar, planteó la distribución de 13 secretarías y otros 15 organismos en ciudades capitales al norte, sur y centro de la República.

Por ejemplo: Secretaría de Salud a Chilpancingo; Funcion Pública a Querétaro; Energía a Villahermosa; Turismo a Cancún; Educación Púbica a Puebla. Organismos como la CFE a Tuxtla Gutiérrez; el SAT a Mexicali; y Conacyt a la Paz, Baja California Sur.

Según el mismo documento, la estimación preliminar de costos suponía una inversión promedio por dependencia de 90 mil m2 a razón de 45 mil pesos el m2, incluyendo todo el proceso de traslado (construcción, mobiliario, mudanza, etcétera). En total, planteó trasladar 31 dependencias, asi que el costo total sumaba alrededor de 126 mil millones de pesos; 21 mil millones por cada año del sexenio.

Todavía en las primeras semanas del actual periodo de gobierno, la propuesta se mantenía, pero ya con cierta mesura. Por ejemplo, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, precisó que el traslado llevaría su tiempo, sería gradual; incluso, en agosto del año pasado, dijo que en este 2020 apenas habría condiciones a partir de un plan con participación de la Benemérita Universdiad Autónoma de Puebla, constructores y desarrolladores de vivienda. Por lo pronto, trabajarían en oficinas del Instituto Tecnológico de Puebla (MILENIO 12.08.2019).

En el mismo sentido, la directora de Conacyt, Elena Álvarez Buylla, también habló de un traslado paulatino de aquellas personas del organismo que estuvieran en condiciones de mudarse; incluso añadió que se abriría una oficina en La Paz, como polo de coordinación, pero conservaría instalaciones en la Ciudad de México. O sea: de momento sí pero no.

El gobierno federal, contrario a la posición de delegar, desconcentrar y descentralizar, ha ejercido una mayor centralización sobre las iniciativas y sobre el hilo de los recursos financieros. Uno de los instrumentos más poderosos de la administración pública.

Por ejemplo, el ejecutivo federal, en el campo de la salud, busca la adhesión de todos los gobernadores a su plan para el sector a través del Instituto Nacional de Salud (Insabi). Los mandatarios locales podrán obtener mayores recursos financieros para sus sistemas de salud, siemrpe y cuando sea por medio de ese mecanismo.

En el ámbito educativo, no solamente conservó la centralización de la nómina magisterial a través del Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), prácticamente el único componente que persiste de la reforma de la administración anterior, también estableció una interlocución directa con las dirigencias del gremio magisterial para el impulso de su propia reforma.

Algo similar ocurrió en el terreno científico y tecnológico, el año pasado se planteó la posibilidad de poner en marcha los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces), bajo el coentrol del gobierno federal y, al mismo tiempo, disminuir o suprimir los fondos mixtos, esos fondos concursables integrados con aportaciones del gobierno federal, estatal y muncipal que desde hace mas de 15 años buscan incentivar el sector y atender poblemas locales. Algunas organizaciones se opusieron.

En fin, el entramado normativo e institucional es algo más complejo (veremos otros elementos en próxima entrega), pero vale la pena notar que el gobierno federal, además de la relación sin intermediación con los gobernados, ejerce una fuerza centrípeta en el ánimo descentralziador.

Pie de página: Los programas sectoriales siguen sin publicarse. Desde la semana pasada está en la Comisión Permanente el Punto de Acuerdo para que Conacyt informe sobre la entrega de recursos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Pendientes.