La normatividad en el terreno científico y tecnológico es incierta y quebradiza. Tal vez todo se debe a una de dos posibilidades. Puede ser que la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación ya está lista y concluida, a pesar de que no ha ingresado en el Congreso, públicamente nadie la conoce y claramente no es vigente. O bien, puede ocurrir que la elaboración del actual marco normativo sigue bajo el esquema de ensayo y error. Ninguna de las dos posibilidades ofrece mayor certidumbre ni son el camino para sumar esfuerzos.
El pasado 11 de diciembre, Conacyt publicó, en el Diario Oficial de la Federación, algunas modificaciones a su estatuto orgánico y parecía que los lineamientos quedaban firmes para la operación del organismo. En estas mismas páginas dimos cuenta de las modificaciones e implicaciones de esos cambios (Campus No. 831).
Ahora, dos meses después de aquellos cambios, de nueva cuenta, el organismo rector de las políticas científicas y tecnológicas presenta otra reforma más a esos mismos estatutos (DOF. 17.02.2020). Los ajustes no son nada menores y es muy poco tiempo para tanta inestabilidad reglamentaria. ¿Por qué?
En primer lugar, aunque los reglamentos y estatutos cambian continuamente, siempre lo hacen bajo el marco de la ley que los ampara y lo más frecuentemente es que las modificaciones respondan precisamente a cambios en esa norma; no a la inversa. También conviene tener presente que los reglamentos internos, los estatutos y acuerdos, están subordinados a leyes superiores, sean éstas de carácter federal, estatal o local; tampoco pueden contradecirlas. Un principio básico.
A raíz de la reforma del artículo 3º constitucional de mayo del año pasado, como se trata de la norma suprema, el Congreso mandató que a más tardar en este año se expidiera una nueva normatividad secundaria, como son las leyes generales para Educación Superior y para Ciencia, Tecnología e Innovación.
A la fecha, ninguna de ellas está aprobada y la de Ciencia, a diferencia de la de Educación Superior, ni siquiera el anteproyecto de ley se conoce públicamente. Cabría suponer que, siguiendo la jerarquía normativa, una vez que estén listas y aprobadas, vendrá la adecuación de toda la serie de normas que le dan cuerpo y sustento a esas leyes.
En segundo lugar, todo indica que en el ámbito científico y tecnológico estamos ante el camino inverso: primero se cambia y expide una norma inferior y luego se producirá el ajuste en la ley superior. Al menos eso es lo que ahora ocurre. No se trata de cualquier norma subordinada, es el estatuto del organismo cabeza del sector.
Entonces: ¿quiere decir que un estatuto le indicará a la ley general cuáles serán las coordenadas de su diseño y orientación? Es relativamente asombroso, pero eso es lo que podría ocurrir. Desde luego, siempre y cuando el punto de partida fuera cero y el anteproyecto de ley estuviera por elaborarse.
Sin embargo, es probable que ya esté concluida una ley general por parte de las autoridades federales, la cual conduce los cambios en el estatuto orgánico del Conacyt, aunque la misma no sea del dominio público ni haya comenzado su proceso legislativo. Eso conservaría el principio de jerarquía normativa y explicaría la improvisación e inestabilidad de reformas. Lo contradictorio es que apenas la semana pasada, el Conacyt informaba que sesionaba por primera vez el Comité Intersectorial para revisar y proponer lineamientos que darán pie al anteproyecto de ley.
En tercer lugar, y éste es el principal problema, las modificaciones realizadas al estatuto del Conacyt nos pueden parecer de lo mejor o de lo más lamentable (los examinaremos en una entrega posterior), lo que no debería ocurrir es su contraposición con la ley vigente. Esta última es la que se aprobó en 2002 y reformó por última vez en diciembre del 2015. Una idea de anteproyecto o un proyecto de norma ya elaborado o por hacerse, mientras no escalen a ley en vigor, no pueden ni deben regir las acciones presentes del organismo.
Las dificultades que ha experimentado Conacyt con la operación de diferentes programas, así como el largo conflicto que ha sostenido con diferentes organizaciones y especialmente con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, tienen su origen en la alteración de las reglas de juego sin aguardar el establecimiento de un nuevo marco normativo para el sector.
Lo mismo ha ocurrido con la reciente queja de los tres representantes de investigadores en el Consejo de Aprobación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), los cuales no han sido convocados a las reu-niones correspondientes y, en consecuencia, no han participado de los acuerdos.
En fin. Si todavía no hay ninguna ley es igualmente grave es si la elaboración del nuevo marco normativo sigue más bien una improvisación desmedida, espoleada por los conflictos.
Pie de página: Al igual que todos lo programas sectoriales, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación sigue sin aparecer. El retraso ya suma más de un mes.
