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Sobre política universitaria
Humberto Muñoz García
Campus Milenio Núm. 840, pp. 4 [2020-03-05]
 

Las políticas del gobierno mexicano, desde hace mucho tiempo, han convertido al sistema público de universidades autónomas en un ente diversificado, diferenciado y desigual. Solo para ilustrar el punto. En el ranking de Ql2 para 2020, con 100 universidades del país, se encuentra que entre las primeras 10 hay 8 públicas y autónomas. Pero, hay 9 entre los lugares 50 a 82.

Las diferencias tienen que ver,obvio, con los criterios de medición, pero el lugar en la jerarquía se asocia a la insuficiencia presupuestal, el gasto y su orientación. Es, igualmente, un problema de poder. El de cada universidad influye en la distribución del presupuesto, del cual dependen las capacidades académicas que logre obtener. La dependencia económica del gobierno federal ha provocado límites a la autonomía, y ha impedido el desarrollo académico de las instituciones que tienen recursos escasos.

En un estudio, que publiqué hace algunos años (2009), sostuve que la política financiera del gobierno hacia las universidades, no ha conseguido disminuir las diferencias académicas, que se ligan a la jerarquía institucional de las universidades. Las diferencias se han traducido en un debilitamiento institucional mayor de las universidades más vulnerables.

La política educativa, hasta la fecha, no parece tener en cuenta, de manera explícita, que las universidades públicas tienen, cada una, necesidades específicas para atender, y que son el eslabón directo para que la sociedad tenga acceso al conocimiento; son un agente que influye en el cambio social, en el cambio de valores, y en la socialización de la vida ciudadana, tan importante en estos tiempos de respeto y responsabilidad en las relaciones de género.

No se observa cómo, sin apoyos suficientes y oportunos a las universidades académicamente más débiles, sin apoyos a la investigación universitaria para elevar la calidad de la enseñanza, se pueda llegar a recuperar la confianza de los jóvenes en sus instituciones, en ellos mismos y en la educación. En el SES, hemos insistido que es menester formular un plan para la transformación del subsistema de universidades públicas con miras al futuro.

2. La transformación de la universidad comienza por reconocer que en ella hay una vida académica, que se conjuga con su actividad política. Lo político impulsa el cambio institucional. Es el caso, por ejemplo, de los movimientos estudiantiles. También, son actos políticos los cambios de rector. Éstos siguen distintas pautas, según las formas de gobierno y las normas establecidas para elegir a las autoridades. En la selección de directores también intervienen cuestiones políticas.

Las investigaciones realizadas señalan que en las universidades donde se eligen autoridades por la vía de elecciones directas, son aquellas donde hay más inestabilidad institucional. Se indica, asimismo, (López Zarate et al, 2011,p.15), que “las instituciones con elección directa muestran un mayor desgaste” político y académico. Hay universidades estatales, dejadas de la mano, que han tenido muchos años de inestabilidad, como su situación normal, debido al conflicto de grupos de interés que pugnan por acceder al poder universitario (eg Montes; Santiago). Los que se imponen para llegar a la rectoría, no tienen interés para establecer consensos; gobiernan a su arbitrio.

Hay, desde luego, argumentos favorables de cada tipo de gobierno universitario y de cada tipo de elección de autoridades, como también argumentos desfavorables. Lo importante es destacar que la elección de autoridades universitarias no se reduce únicamente a dos modelos.

Por lo pronto, se aprecia el agotamiento de los mecanismos de elección tradicionales, ante el crecimiento, diversificación, distribución geográfica y complejidad alcanzados por las universidades. Se tendrá que estudiar, discutir y proponer cambios institucionales que lleven a un modo de elección de autoridades que permita dar legitimidad a los rectorados, capacidad de establecer acuerdos políticos, que hagan avanzar la academia, gestionar recursos, establecer nuevas modalidades organizativas de las instituciones y llegar a un pacto que garantice buenas relaciones sociales en el campus.

Desde hace tiempo, igualmente, los investigadores que analizamos la educación superior hemos insistido en que es imperativo encontrar una fórmula para descentralizar la toma de decisiones académicas y administrativas, eliminar la verticalidad, el patrimonialismo, la discriminación, redefinir la colegialidad y aumentar la participación de los universitarios en la vida académica, para resolver asuntos de su competencia, en un dado campo de conocimiento. Aplicar la autonomía, al interior de las instituciones, para que en cada dependencia o entidad se delibere y razone sobre la conducción y propósitos de las funciones académicas que realizan, y los propósitos que persiguen, en el marco de las normas de carácter institucional. Que estudiantes y académicos participen en la selección de sus autoridades y de sus representantes en los cuerpos colegiados. Que quienes dirigen o representan informen con transparecencia y que los académicos mantengan su compromiso con el país.

3. En el aquí y ahora, habrá que resolver el problema de la violencia de género, y proteger a los universitarios en los territorios adyacentes a los establecimientos escolares. Es lo menos.


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Last modification: April 28 2016 13:39:11.  

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