La política de educación superior del gobierno, que engloba a las universidades públicas, ha cambiado a lo largo de los regímenes sexenales. El gobierno actual ha introducido en la Constitución la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza universitaria. El mandato jurídico tiene implicaciones sustanciales. La universidad, a partir de su autonomía, tendrá que instrumentar un cambio político, de su cultura, organización y procesos académicos. Modificar sus estructuras y funciones, por ella misma, para satisfacer nuevas necesidades sociales.
El cambio institucional toma a las universidades en un contexto histórico muy complejo en lo político, económico y social, y sus cambios más profundos requieren planearse y consensarse, para iniciarlos y darles el tiempo suficiente para procesarse. Estudiantes, académicos y autoridades necesitan llenarse de tolerancia y paciencia, establecer un pacto político para el cambio, “un acuerdo, para ponerse de acuerdo, con una renovación periódica” (Bauman,2009)
Cambiar, exige reavivar en la universidad los referentes éticos y culturales que fortalecen la identidad comunitaria. Las relaciones sociales en el Campus requieren enmarcarse en los valores ciudadanos, fundados en los derechos humanos, la cooperación, solidaridad, laicidad, democracia y el respeto a la diversidad, como sustento del cambio y de la organización resultante.
El cambio institucional tendrá en cuenta el tamaño de la matrícula y su expansión, las condiciones financieras, las necesidades tecnológicas para la enseñanza y la investigación, la dinámica internacional de la ciencia, el manejo de la información, su velocidad para circular, y la importancia del conocimiento para resolver los problemas de la sociedad. En México existen nuevos derroteros para constituirnos en una sociedad menos desigual. Y será indispensable que la universidad se adapte a lo que venga y brinde nuevos estímulos y apoyos al desarrollo nacional. Sin buenas universidades públicas el futuro será más difícil.
Destaco algunos puntos más para discutir inicialmente:
1. Participación, representación y representatividad. Sorprende la escasa participación de académicos y estudiantes en los procesos de elección de representantes a los cuerpos colegiados. Es una cuestión crítica para el gobierno de las universidades.
La participación reclama que la comunidad toda elija libremente a sus representantes a los cuerpos colegiados y que pueda intervenir, a través de ellos, en las decisiones de su entidad y del conjunto universitario, cuando sea el caso. El asunto de la representación es toral, porque los representantes de académicos y estudiantes se aíslan de sus representados. Una buena parte de la comunidad no sabe quién la representa ni qué ocurre con la política universitaria y, por tanto, se mantiene separada de la vida pública.
Hay, entonces, falta de representatividad porque entre representantes y representados no existe intercambio de ideas, razones y argumentos sobre los problemas que se viven y cómo se viven en la universidad. Y sin representatividad, las autoridades entran en dificultades con la gobernanza y la gobernabilidad (Vital, 2019). Se pierde legitimidad.
La participación efectiva, obliga a abrir canales para la toma de decisiones académicas e institucionales. La universidad ya no es lo que fue; y actualmente tiene muchos aspectos de su vida política agotados. Habrá que discutir cuál sería el cambio pertinente para que exista representatividad y se oxigene el sistema político universitario. Pero más que eso, para que exista una mejor academia.
2. Acerca de la colegialidad. Será fundamental reformular la integración y funciones de los cuerpos colegiados para que en ellos se traten los asuntos de carácter académico y político de la vida universitaria. Los órganos colegiados tienen la tarea de deliberar y decidir sobre los planes y programas de docencia e investigación. Establecer redes con otros cuerpos colegiados para apoyos horizontales entre las entidades. Asimismo, establecer criterios de calificación de la actividad académica de profesores y estudiantes, según campos de conocimiento. No hay criterios homogéneos para evaluar. Académicos y estudiantes deben opinar de manera decidida sobre la elección de autoridades, de tal suerte que se eviten nombramientos sin medir efectivamente el pulso de la comunidad.
3. Los representantes deben estar obligados a la trasparencia y la rendición de cuentas; que informen a sus comunidades al final de cada año, al menos, sobre lo que hicieron, cómo intervinieron, qué iniciativas propusieron y en qué se avanzó o retrocedió en el período. Establecer comunicación directa entre los representantes en los Consejos y los académicos, para afirmar o rectificar lo hecho y para abrir perspectivas para el siguiente período.
Hay muchos temas más para discutir el cambio institucional. Se trata de un asunto vasto y complejo, inagotable en unos cuántos párrafos. La universidad formará a las nuevas generaciones y continuará educándolas el resto de sus vidas. Y será proveedora de conocimiento. Por ello, hay que reforzar a los académicos como actor social. La universidad requerirá ser flexible, con una organización distinta a la actual. Hay que dar ideas, debatir, ponernos de acuerdo y transformarla en buena lid.
