1. En las elecciones de 2018, la mayoría de quienes votaron y tenían educación superior ( 65 por ciento), eligieron a AMLO. Era de esperar. Los egresados de las universidades tienen un espíritu crítico más desarrollado, reflexividad y más capacidades para colaborar en el cambio. Este segmento de votantes representa a una base social de de primera importancia política.

Las ofertas de campaña indicaban que habría transformaciones de forma y de fondo en la sociedad. Luchar contra la pobreza, la corrupción y la inseguridad. Promover la cultura. En materia educativa, mejorar la calidad de la educación, y hacerla un derecho que sirva al bien común, con garantía de que sea laica, obligatoria, gratuita y pluricultural. Ofertas todas atractivas para el grupo de mayor escolaridad que votó por AMLO.

2. En el tiempo que lleva este gobierno, se ha generado una nueva ley de educación superior que debe propiciar una mejor coordinación entre los subsistemas y financiamiento para sostener nuevas políticas educativas. Entre otras, eliminar las enormes diferencias que privan entre las universidades públicas, en materia de capacidades intelectuales y científicas.

Se esperararía que la acción del gobierno se desenvuelva de manera planeada, ante la necesidad de aumentar la cobertura, la planta académica y la infraestructura, para que pueda ocurrir la ampliación de la matrícula. Igualmente, el crecimiento de la educación superior requiere que se reduzcan las diferencias territoriales y fomentar, más allá de las becas, la incorporación de jóvenes pertenecientes a los grupos más vulnerables de la sociedad.

A los que ya estudian en este nivel, es menester comunicarles qué cambios educativos seguirán después de la pandemia. Cómo se va a mejorar su vida académica y social en las universidades. Igualmente, cómo se va a beneficiar su aprendizaje, más allá de sí la docencia va a ser híbrida o presencial. Y cómo se va a favorecer la relación entre estudiantes y profesores, para que sea más intensa.

Hoy, la educación superior es una de las áreas del gobierno que requiere movilizarse académica y políticamente. Si la economía nacional se dinamiza, en torno a las nuevas tendencias de la globalización y la digitalización, después de la pandemia, entonces se requerirán cuadros de alto nivel para soportar los sectores de punta. Hablamos de inclusión, permanencia y egreso, de mejoría y articulación de la docencia y la investigación, frente a nuevos requerimientos humanos y de conocimiento en el mercado laboral.

3. Una de las dificultades mayores para el funcionamiento de las universidades públicas estatales radica en tener que realizar acciones de agencia frente a los gobiernos federal y estatal. Se establecen relaciones de poder entre ambos gobiernos que, con frecuencia, obstaculizan o limitan las iniciativas institucionales.

El establecimiento de sistemas estatales de educación superior, que gocen de autonomía y confianza, es un avance de óptica que ojalá funcione empíricamente, para lo cual es necesario entender que cada instituición es específica, particularmente en lo que se refiere a la atención de su entorno social. Considero que dentro del marco de la ley general y las políticas federales, cada sistema estatal debiera jugar con amplios márgenes de libertad.

El sistema nacional de educación superior requiere ser flexible, para que se acomoden todas las piezas. Veremos cómo se establece el juego y qué papel tendrá el Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior, que no debe burocratizarse. También, habrá que examinar sus vinculos con las Comisiones Estatales de Planeación de la Educación Superior. Ojalá que ambos organismos permitan un crecimiento armónico (equitativo) de la educación superior en el territorio nacional y estimulen los proyectos interinstitucionales.

4. Otra preocupación, es cómo se van a dar las relaciones entre la educación superior y el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. Desde hace años argumenté que la separación y vínculos de estas dos instancias se enmarcan en una visión que es errónea porque las mantiene separadas, cuando debieran estar encerradas en un mismo conjunto de políticas públicas.

En las universidades federales y estatales se hace la mayor parte de la investigación científica y humanística en el país. En las universidades se conjugan docencia e investigación en un mismo espacio (Clark, 1997). Su separación es artificial y sólo enreda la vida académica.

5. No es aceptable la falta de transparencia en el manejo de nuestras instituciones. Reitero. Las autoridades tienen que explicar, p.e., por qué la federación no auxilia a las universidades estatales que están en bancarota. En la UNAM la falta de pago a los profesores no se explicó claramente desde el principio del problema. Ya se les pago, pero la demanda de una reorganización académica seguirá en pié.

En materia educativa, el régimen necesita políticas claras y aplicables en el corto plazo y una visión de largo alcance, para no perder el rumbo del país y conservar a su lado a la base social con mayor nivel educativo, que votó por la 4T en 2018.