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Para reflexionar sobre el futuro de la educación superior
Humberto Muñoz García
Campus Milenio Núm. 900, pp. [2021-05-20]
 

Las elecciones del próximo 6 de Junio han puesto al país en un momento complicado de su historia y no se puede predecir bien a bien qué sigue. Lo observado, hasta ahora, indica que la comunicación entre los agentes que compiten por las posiciones de poder está muy limitada o simplemente rota. La situación política se vuelve más conflictiva, a medida que nos acercamos a la fecha de la elección. Se juega, ni más ni menos, cómo reconstruir la estructura institucional, que está bastante deshecha, de cuyo método dependerá la orientación del cambio social.

En medio de una coyuntura política, que muestra un ángulo central de la crisis, la educación superior se presenta como un factor estructurante, porque las personas que han estudiado o estudian en una universidad son capaces de pensar y enfrentar lo basto y complejo de los viejos y los nuevos problemas que nos aquejan. Porque los resultados de las investigaciones sirven para conocer y resolver mejor los problemas que afectan a la nación.

En particular, la educación superior auxilia en la creación y reproducción de las instituciones y de las prácticas sociales por la vía de una ciudadania razonable y reflexiva y por medio del debate, organizado en su seno, sobre la realidad nacional. La educación superior influye para avanzar hacia la prosperidad, a mejores condiciones de vida material e impulsa la democracia. Abre perspectivas y posibilidades para salir de la crisis.

Concretamente, el sistema de educación superior se encuentra en medio de la debacle y va a requerir más tiempo, del que se tiene políticamente, para que logren algunas transformaciones significativas para sí mismo y, desde ahí, para que las instituciones que lo forman contribuyan a un nuevo devenir de la sociedad.

En una reunión del Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior (PUEES), a la que asistierron algunos funcionarios de la UNAM y del Gobierno de CdMx, el subsecretario del ramo, Luciano Concheiro, externó ideas y propósitos para la transformación educativa, que le permitieron al colectivo de investigadores dialogar con él sobre aspectos sustanciales de las políticas gubernamentales para este nivel escolar, varias ya implantadas y unas más por elaborar y ejecutar.

Entre otras cosas, el Subsecretario citó la importancia de llevar a cabo un plan que armonice las disposiciones jurídicas federal y estatales con la nueva Ley de Educación Superior. La armonización permitirá un díalogo más fluído y establecer estrategias aceptables para apoyar a las instituciones educativas.

Habló, asimismo, de la necesidad de elaborar un nuevo sistema de evaluación y acreditación educativa que tendrá en cuenta las especificidades institucionales y que permitirá, según interpreté, una mayor movilidad de estudiantes y académicos por el territorio nacional.

Me llamó la atención el énfasis dado por Concheiro para crear e impulsar un programa para la igualdad de género y para eliminar la violencia de género en las instituciones de educación superior. Asimismo, actuar para que los jóvenes de recursos económicos escasos sean incluidos en este nivel educativo.

Fue de mi mayor interés la presentación de un esquema conteniendo diez proyectos estratégicos para impulsar cambios profundos del actual sistema de educación superior. Porque son proyectos que se sustentan en una óptica de largo plazo, que rebasan la coyuntura de lo urgente. Destacó, entre otros, la instalación de organismos de planeación federal y estatal, así como de sus relaciones, la creación de un sistema de información, para tener al día la dinámica del sistema, y la puesta en marcha de un modelo de financiamiento con visión de Estado.

La intervención del Subsecretario fue más amplia, en conceptos, ideas y directrices, de lo que aquí he resumido. En lo personal, me permití comentar la importancia de discutir cómo le damos un giro a la actividad académica, para que se revalore a la docencia; y que al mismo tiempo la ligue directamente a la investigación. De tal suerte que la actividad académica se lleve a cabo en un contexto de mayor libertad y confianza a los académicos y a su trabajo. Lo cual supone transformar la actual división de la actividad académica impuesta por los modos y técnicas de la evaluación centrada en la contabilidad de los productos.

Añadí que, desde hace tiempo (Muñoz, 2006), he sostenido que es inapropiado tener una política de la ciencia desligada de la política de educación superior. Señalé, en aquel entonces, y lo refrendo ahora, que este punto obedece a una visión esquizofrénica de la actividad académica. La docencia y la investigación se realizan al mismo tiempo en las instituciones universitarias y cada uno de nosotros, los académicos, las hacemos como parte de nuestra jornada laboral.

Asimismo, es indispensable revisar la política salarial de los académicos, incrementar su ingreso y usar los “estímulos” para tal propósito; evitar que el trabajo se precarize, lo cual no le conviene a nadie, y menos a las universidades públicas, porque repercute en la disminución de su prestigio social y en el malestar del magisterio con la institución.

Por lo demás, hay que entrar al análisis y a la transformación del gobierno universitario. La política oficial de control presupuestal y la distribución de estímulos al interior de las universidades, desde hace varios decenios, implicó un crecimiento de las áreas administrativas, de la burocracia, y la burocratización indeseable en las universidades. Los efectos del sometimiento a las políticas públicas, la imposición de criterios burocráticos, externos e internos, sobre la vida académica, han terminado por fragmentar e individualizar a la planta y por crear situaciones de desigualdad social entre el profesorado.

Hoy, a los problemas que ya arrastraba el sistema de educación superior, se han agregado otros que vinieron con la pandemia. Es crucial que se analice y se planeé el regreso a las aulas cuando el semáforo se ponga en verde. Que los estudiantes estén plenamente informados de lo que va a pasar, académica y socialmente, y los profesores listos para atenderlos y dialogar con ellos sobre sus dudas e inquietudes.

En la coyuntura política en la que estamos, nuestras universidades deben ser ejemplos de convivencia democrática para la sociedad, de acuerdo a los principios y a la ética institucional. Desde la universidad se requiere comunicar sobre los aspectos positivos que tiene la eliminación de la pobreza y la desigualdad social y contar con un plan de desarrollo pára alcanzar un mayor crecimiento económico. Mostrar que la universidad puede llevar a cabo proyectos para el desarrollo local del entorno que la rodea. Que es una institución responsable y comprometida socialmente. Y, por tanto, legítima y valiosa, capaz de promover una cultura fundada en la colaboración, la solidadridad y la confianza.


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