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UNAM: Reforma compleja y complicada
Armando Alcántara Santuario
Campus Milenio Núm 161, pp.8 [2006-01-19]
 

Con pocas excepciones, los procesos de reforma a las universidades son problemáticos por definición. Lo son todavía más cuando se trata de instituciones de gran tamaño, heterogéneas y con una vida política muy activa. Este es el caso de las universidades públicas de los llamados países en desarrollo, particularmente las de América Latina. Asimismo con bastante frecuencia las propuestas de reforma generan movilizaciones de quienes buscan impulsarlas o rechazarlas. Por lo tanto, los conflictos entre intereses de los actores que están en uno u otro lado, son elementos casi siempre inevitables.

Durante las últimas tres décadas por lo menos, en México hemos atestiguado algunos de estos procesos en la propia UNAM así como en las universidades de Puebla, Guadalajara y Sonora, por mencionar sólo algunos de los más resonantes. En todos estos cambios a las formas en que los establecimientos universitarios llevan a cabo sus actividades de docencia, investigación y extensión del conocimiento y la cultura, está presente la convicción de que toda institución necesita revisar periódicamente el cumplimiento de sus metas y objetivos. La renovación de dichos establecimientos busca casi siempre redundar en el ofrecimiento de mayores y mejores condiciones para el trabajo académico, y por ende para el beneficio integral de sus estudiantes.

Como se recordará, una de las principales demandas enarboladas por varios sectores universitarios durante la huelga que paralizó a la UNAM durante la mayor parte de 1999 fue la realización de un congreso que llevara a la reforma académica de la institución. Una vez terminado el conflicto, el Consejo Universitario acordó crear una Comisión Especial (CECU) que se ocuparía de llevar a cabo dicho proceso. Más tarde, y dentro de lo que se llamó "Congreso por Etapas", dicha comisión llamó a elecciones para constituir lo que se denominaría el Claustro Universitario cuyo encargo sería la elaboración de una propuesta para reformar el Estatuto del Personal Académico (EPA). Una vez constituido el Claustro en el que se aseguró la representación de todos los sectores que integran el personal académico de la UNAM, se dio inicio a los trabajos que desde hace casi un año han recorrido un camino nada fácil en busca de una propuesta que logre tener el consenso de los 100 delegados que integran el mencionado Claustro. Durante este periodo, se han realizado una infinidad de reuniones de trabajo en comisiones y plenarias y se espera tener resultados antes de que finalice la gestión del rector De la Fuente.

Durante la más reciente sesión del Seminario de Educación Superior que integran varios de los columnistas de este suplemento así como académicos de diversas dependencias universitarias y de otras instituciones de educación superior, se tuvo la presencia de algunos integrantes de la comisión de coordinación del Claustro Académico y con ellos se discutieron varias de las implicaciones que tiene el proceso que aquí se comenta. En primer lugar, se hizo notar el contraste entre el arduo trabajo hasta hora realizado dentro del Claustro y la apatía que casi desde la terminación del conflicto del 99 persiste entre la mayor parte de los universitarios. Asimismo, el logro del encargo que tiene el órgano en cuestión dentro de los tiempos preestablecidos enfrenta enormes retos, entre los que figuran los siguientes: ¿cómo podría afectar el cambio de las figuras académicas la forma en que se realizan las funciones sustantivas de la institución? ¿De qué manera habrán de considerarse los actuales mecanismos de evaluación del desempeño académico que han sido establecidos dentro (PRIDE) y fuera (SNI) de la UNAM? ¿Qué repercusiones tendría la regularización y estabilización del personal académico en el presupuesto institucional? ¿Cómo compatibilizar los cambios que se propongan al EPA con el contrato colectivo de trabajo y la Ley Federal de Trabajo? Se subrayó también, de sobre manera, que un nuevo EPA traería consigo grandes mejoras a la regulación de los criterios y lineamientos para estimular el trabajo académico. Asimismo, tendría que tener como uno de sus objetivos principales el de revertir el efecto perverso que los actuales programas de estímulos han venido impulsando, en el sentido de privilegiar el trabajo individual sobre el colectivo. En este mismo sentido, se requiere restituir la vigencia del interés común por encima del individual en una comunidad tan compleja y heterogénea como la de la Universidad Nacional, donde conviven por un lado, condiciones académicas de primera, como las que se tienen en algunos institutos y centros, frente a las de algunas dependencias cuyas instalaciones se hallan en situación de lamentable precariedad.

Sería muy deseable que al interior de los diversos sectores de la UNAM (estudiantes, académicos y trabajadores), cuestiones como las anteriores y muchas otras, seguramente de mayor profundidad, ocuparan un lugar destacado en las discusiones acerca del proceso de reforma del instrumento regulador del trabajo académico. No es ocioso insistir en que el mejoramiento de este último tiene como fin primordial ofrecer una mejor formación del estudiantado universitario.


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