La semana anterior los diputados aprobaron el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año próximo. A diferencia de lo que ocurrió con el presupuesto de este año, al parecer ahora no habrá diferendos radicales entre legisladores y el ejecutivo federal. Este último, al día siguiente de aprobado el presupuesto, si bien expresó su malestar con el equívoco de "alguna diputada" sobre una inexistente partida para gastos de la "investidura presidencial", en general destacó que el presupuesto, aunque austero, abría la "posibilidad de invertir recursos destinados al rubro social y al mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos". Una razón adicional de la conformidad es que las fracciones parlamentarias del PRI y del PAN unieron sus votos para la aprobación, mientras que el año anterior lo hicieron la del el PRI y el PRD. Las negociaciones del gasto, sin embargo, cada vez parecen más complejas, inciertas y apresuradas.

En lo que concierne al gasto de ciencia y tecnología para el año próximo, las cifras quedaron del modo siguiente: el monto global es de 30 mil 599.7 millones de pesos y el gasto que ejercerá centralmente el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) es de 8 mil 859.2 millones de pesos (ramo 38). La propuesta original del ejecutivo federal era que las cantidades fueran 29 mil 79.7 millones y 7 mil 879 millones de pesos, respectivamente. Como se puede apreciar, los diputados, entre reducciones y ampliaciones a las partidas de gasto, reasignaron un mil 520 millones de pesos más para ciencia, de los cuales le correspondieron a Conacyt poco más de 980 millones de pesos.

En cierta medida resulta problemático y confuso las comparaciones del presupuesto para este y el año próximo. La confusión se debe a los diferentes parámetros que se podrían utilizar para la comparación. Está lo que propuso el gobierno federal para uno y otro año, los cambios que hicieron los legisladores plasmados en el decreto del PEF y, desde luego, el gasto finalmente ejercido. Lo más indicado sería utilizar el decreto del PEF del 2005 y compararlo con lo que recientemente aprobaron lo diputados. La dificultad viene cuando se considera el gasto que quedó en suspenso por la controversia constitucional y la posterior negociación de hace un par de meses para destrabar el conflicto. En fin, las comparaciones mostrarían diferencias importantes, pero aquí lo más relevante es que el gasto para el año próximo aunque es mayor al que originalmente había propuesto el gobierno federal, será menor al gasto que se ejercerá este año (33 mil 519 millones en este año contra 30 mil 600 para el 2006, según cifras del 5to informe de gobierno) Más importante todavía: el nivel de inversión nacional en materia investigación científica y desarrollo tecnológico no alcanzará la meta que el gobierno federal se trazó para el final del sexenio en el programa sectorial: el 1.5 por ciento respecto del PIB. Tampoco se cumplirá lo del uno por ciento del PIB que establece el artículo 9 bis de la ley de ciencia y tecnología. La proporción ha oscilado entre el año 2000 y el 2005 entre el 0.38 y el 0.45 respecto del PIB.

En lo que concierne a la reciente aprobación del PEF 2006, desafortunadamente no se sabe en qué rubro del gasto de Conacyt se aplicaron las reasignaciones. Por una parte, el dictamen de la comisión de presupuesto y cuenta pública de los diputados, el que sirve de base para que el pleno de la cámara lo ratifique o lo rectifique, solamente expresa el cambio en el monto pero no aclara las razones ni tampoco cómo se distribuyeron los recursos adicionales para Conacyt. Por otra parte, en la sesión plenaria, cuando se aprobó el PEF, curiosamente tampoco hubo intervención alguna para aclarar los motivos y el destino del incremento de los recursos para ciencia y tecnología.

Tampoco cabe sorprenderse demasiado del escaso debate que suscitó el ajuste al gasto científico y tecnológico. Las reasignaciones del sector eran poco significativas (menos del uno por ciento) frente al volumen total de reasignaciones que hicieron los diputados (poco más de 89 mil millones de pesos). El punto es que no carece de interés en donde se aplicaron los incrementos. El gasto de Conacyt se divide en media docena de rubros y entre los de mayor volumen están el apoyo a proyectos, el de becas y el del Sistema Nacional de Investigadores, en conjunto representan casi tres cuartas partes del presupuesto total del organismo. ¿En dónde cabría hacer mayores esfuerzos?

Lo que sí hicieron los legisladores fue un ajuste a las reglas para la canalización de recursos a Conacyt por concepto de sanciones a los partidos políticos. El lector seguramente recordará que desde el año anterior los diputados acordaron que los recursos derivados de las multas impuestas por el Instituto Federal Electoral a los partidos políticos serían reasignados a Conacyt. Sin embargo, según señala el dictamen, el término "multas" se refería a un tipo peculiar de sanción y propició confusión y demora para la aplicación del acuerdo legislativo en este año. Por esta razón, ahora los diputados lo sustituyeron por el de "sanciones económicas" y también se indicó el plazo y procedimiento para su aplicación (artículo 26 del decreto del PEF).

La expectativa sobre lo que lograrían los diputados era mayor a lo que se alcanzó. En la comparecencia ante legisladores del secretario de educación y del director de Conacyt, el pasado 27 de septiembre, el diputado Alfonso Juventino Nava, informó que existía un punto de acuerdo en la comisión de ciencia y tecnología de la cámara para que se otorgaran 10 mil millones de pesos más a lo que proponía el ejecutivo federal. Ahora se ve que el punto de acuerdo no fue suficiente, pero lo que no se ve es cuáles fueron los puntos, dinámica y mecanismos de la negociación para dejar el incremento en una décima parte de lo que habían prometido.

La premura para tomar las decisiones tampoco se ha logrado evitar. Las negociaciones en la cámara ya no se prolongan hasta el último minuto del año, como ocurría antes, pero sí al límite del plazo legal y con múltiples improvisaciones que no se enmiendan con los más de dos meses que ahora tienen los legisladores para analizar y dictaminar el presupuesto. La sesión continua de 24 horas y las más de 80 páginas de erratas de la reciente aprobación -para algunos no eran tales sino ajustes al dictamen- atestiguan la perversión de las negociaciones.