Una de las efemérides más importantes a conmemorar en este año es el noventa aniversario del movimiento de reforma en la Universidad de Córdoba, en Argentina, cuyos logros más conocidos fueron la autonomía y el cogobierno. Este movimiento significó el intento por romper la férrea estructura de la universidad tradicional y permitir el ascenso social de las clases medias, así como establecer la participación paritaria de los estudiantes en la conducción de los asuntos universitarios.

Como es sabido, los aires de reforma se extendieron por diversas partes del mundo, especialmente en las universidades públicas de la región latinoamericana. Además de garantizar la libertad académica (libertad de cátedra e investigación), elemento imprescindible para la generación de conocimientos y el examen y discusión de todo tipo de ideas y corrientes de pensamiento, la autonomía pretendía la defensa de la universidad ante los poderes externos que pretendían constreñir sus actividades de docencia, investigación y extensión. Conviene no dejar pasar esta conmemoración, pues constituye una oportunidad magnífica para reflexionar sobre las características de las reformas actuales y, en particular, sobre el estado de la autonomía universitaria en estos tiempos de globalización neoliberal.

Sobre estos asuntos, el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, profesor de las universidades de Coimbra y Wisconsin, publicó hace dos años, en el libro The University, State, and Market. The Political Economy of Globalization in the Americas (La universidad, el Estado y el mercado. La economía política de la globalización en las Américas) —coordinado por Robert Rhoads y Carlos Alberto Torres—, un ensayo sobre la reforma universitaria democrática y emancipatoria.

En esa publicación hace un extenso análisis de los cambios y transformaciones que la institución universitaria ha experimentado en los años noventa y los primeros del presente siglo, dentro del cual destaca una serie de crisis que ya habían sido identificadas desde la década anterior: hegemonía (la universidad ya no era la única institución de educación superior y de producción de conocimientos), legitimidad (la universidad dejó de ser una institución de consensos, al existir, una contradicción entre la exigencia de producir conocimiento altamente especializado, restringiendo el acceso y certificando competencias mediante títulos y diplomas, por un lado, y las demandas sociales y políticas por democratizar la universidad y ofrecer igualdad de oportunidades para los hijos de las clases trabajadoras, por el otro), e institucional (resultado de la contradicción entre la demanda de autonomía en la definición de los valores y objetivos universitarios, y las presiones para mantener los criterios de eficiencia, productividad y responsabilidad social provenientes del mundo empresarial).

Pese a que las tres crisis mencionadas estaban íntimamente vinculadas, y podrían enfrentarse de forma conjunta mediante una amplia reforma generada en el interior y al exterior de la universidad, lo que ha prevalecido hasta hoy es una concentración de esfuerzos por superar la crisis institucional. Más aún, esta concentración ha conducido a una falsa resolución de las otras dos crisis: la de hegemonía, al aumentar la falta de especificidad del quehacer universitario, y la relacionada con la legitimidad, por la creciente segmentación del sistema universitario y la devaluación de los títulos y diplomas.

La crisis institucional de las universidades públicas, argumenta De Sousa Santos, comenzó cuando el Estado decidió reducir su compromiso político con las universidades y la educación en general, convirtiendo la educación en un “bien colectivo” que, aunque público, no tiene que ser financiado exclusivamente por el Estado. Como se sabe, durante los últimos 30 años, la crisis institucional de la universidad en varios países ha sido inducida por la falta de prioridad de la universidad como “bien común” y por la consecuente sequía financiera y falta de inversión en las universidades públicas. La falta de prioridad, a su vez, se inscribe en el marco de las políticas públicas del Estado, que fueron el resultado de una disminución de prioridades de las políticas sociales (educación, salud, seguridad social) inducida por un modelo de desarrollo económico conocido como neoliberalismo o globalización neoliberal, que comenzó a ser impuesto a principios de los años ochenta.

Ante el panorama expuesto por De Sousa Santos, la autonomía no ha quedado estática. En una época en que el financiamiento a las universidades públicas está determinado en buena medida por el desempeño institucional, sus límites están bien acotados. El financiamiento condicionado al desempeño institucional ha sido también una manera de regular las instituciones públicas de educación superior. Además, el acotamiento de la autonomía también ha sido favorecido por los procesos de evaluación, transparencia y rendición de cuentas.

Frente a esta nueva realidad, serán las propias comunidades académicas las que la reconceptualicen, y que, sin menoscabo de cumplir con las funciones que la sociedad y el Estado demandan de la universidad, se preserven los principios de libertad académica, autogobierno y autogestión, imprescindibles para el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación y extensión.