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¿Vouchers?
Humberto Muñoz García
Campus Milenio Núm 292 [2008-10-09]
 

La privatización de la educación superior en México sigue varios procesos. Una propuesta para continuarla es la de los vouchers (bonos o cupones) educativos. Se trata de una alternativa que busca ampliar y fortalecer el mercado en el campo educativo. Con el supuesto de que el mercado es más eficiente que las burocracias gubernamentales en la localización de los recursos económicos. Se trata de una propuesta que, desde sus orígenes (Friedman), es política. Uno de sus objetivos es romper el "monopolio educativo del Estado". Modificar la correlación de fuerzas entre los actores de la educación.

La política de vouchers se ha aplicado en muchos países. Destacan los casos de Inglaterra, Irlanda, Holanda, Estados Unidos y Suecia. En América Latina, como se sabe, el caso más ejemplar es el de Chile. Los análisis de tal política, con sus variantes nacionales, muestran resultados consistentes.

A partir de las experiencias concretas, por ejemplo en Chile, se ha llegado a sostener que la competencia entre las instituciones no se expande, sino que opera sólo en un segmento del sistema educativo, lo que en ese país se denomina como escuelas privadas subvencionadas (Contreras et al.). La mayor o menor competencia no depende del mercado, sino de las capacidades del gobierno para definir el monto del subsidio destinado a la educación superior.

La postura en favor de los vouchers sostiene que la competencia entre las universidades sirve para que eleven su calidad docente. En la literatura especializada no hay evidencias empíricas que indiquen que tal relación ocurre con los bonos. Lo que sí se sabe es que la calidad de la enseñanza está asociada a la calidad de los docentes, lo mismo que el prestigio de las instituciones.

Otro resultado es el siguiente: hay emigración de estudiantes con capacidades académicas superiores de las universidades públicas a las privadas, con lo cual hay un cambio en la composición del alumnado que tiende a que las universidades públicas tengan logros académicos menores. Los peores alumnos se quedan en las peores escuelas y hasta donde se conoce no hay mecanismos, dentro de la lógica de esta política, para evitar que se profundice la heterogeneidad institucional. La política de vouchers, en los países desarrollados, ha operado sobre un conjunto institucional de calidad académica homogénea, que no es el caso en países como el nuestro.

Por otra parte, hay evidencias de que la selección escolar está limitada para una vasta mayoría de la población que vive en áreas habitacionales segregadas en las grandes metrópolis. Carnoy lo ha ilustrado para Norteamérica. Con esta política hay una distribución inequitativa de los recursos económicos que milita contra los sectores más desfavorecidos.

Son varios los trabajos en los que se sostiene, fundadamente, que la política de vouchers favorece la concentración de la demanda educativa, que su operación va en detrimento de las universidades públicas. En México son las que tienen mejores recursos académicos y de infraestructura para hacer investigación y lo mejor sería cuidarlas y darles más apoyos.

En nuestro país no hay una red de información que oriente a los alumnos y a sus padres sobre cómo tomar la decisión de dónde cursar los estudios. Tampoco se ha imaginado de qué manera el gobierno podría asignar montos diferenciados a los alumnos en función de los precios de las colegiaturas. La política de los vouchers orientada contra la burocracia genera más burocracia. Hay muchos asuntos en la aplicación de tal política que no están claros para su operación, ni aquí ni donde se ha implantado.

De las lecturas y las discusiones con los colegas acerca de los vouchers y los sistemas de crédito para la educación quedan una serie de dudas que hay que disipar mediante más investigación. Por lo pronto, tengo la impresión de que el tema de los vouchers desvía el debate de asuntos más trascendentes en la educación superior.

Tenemos pendientes de sobra. Por ejemplo, ampliar la cobertura para favorecer la equidad social y territorial. Cómo regular, verdaderamente, la presencia de universidades privadas de mala calidad. También, cómo formar nuevos cuadros académicos para sustituir a los que pronto se van a retirar y para abrir nuevas instituciones públicas. Está pendiente, y muy pendiente, instrumentar mecanismos para el retiro digno de los académicos y de los investigadores nacionales. En suma, muchas cuestiones para elevar y mantener la calidad de las universidades públicas que requieren dinero para que nuestro sistema siga marchando por una buena senda.

Por último, estamos convencidos de que la pertinencia de la educación superior para este momento histórico radica en las universidades públicas y que la visión del Estado debe considerar a este nivel educativo como un bien público. ¿Vouchers? No. La situación política nacional no admite más tensiones.


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Last modification: April 29 2020 11:44:32.  

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