En México han aumentado las oportunidades de obtener educación superior. La cobertura bruta para el grupo de 18 a 23 años de edad ha llegado a 26 por ciento, según datos oficiales. Con el crecimiento de la matrícula se ha acentuado el debate entre lo público y lo privado y sobre la competencia entre las universidades de uno y otro tipo. Hay quienes afirman que las universidades privadas forman mejor a sus estudiantes que las universidades públicas. Que en las privadas se estudian carreras más vinculadas al mercado laboral. Lo cierto es que hay serias dudas respecto de este tipo de aseveraciones.

No puede negarse que el crecimiento de instituciones privadas, o particulares, de educación superior es uno de los hechos más notables en el campo educativo. Actualmente, hay alrededor de mil 500 de éstas y atienden un tercio de la matrícula de licenciatura y posgrado. El acento se ha puesto, cada vez más, en la comercialización y las ganancias que obtienen las empresas educativas. Considérese, igualmente, que el crecimiento del sector privado ha representado una válvula de escape para satisfacer la demanda, que de otra manera hubiera presionado para que el gobierno dedicara más recursos a la educación.

Algunas investigaciones han mostrado cómo las universidades particulares se han venido dispersando en la república. Las instituciones de educación privada, hoy, se encuentran regadas por todo el país. No obstante, tienen una fuerte representación en entidades federativas en las cuales hay más población con capacidad de compra de sus servicios.

La expansión y diferenciación del segmento privado es mayor en estados como Jalisco, Nuevo León, en los estados del noroeste, en el Estado de México y el Distrito Federal. En entidades como Colima y Campeche, por citar un ejemplo, donde hay una alta tasa de cobertura y un menor volumen de la demanda, la cantidad de instituciones privadas es pequeña.

Las instituciones privadas de educación superior se han desarrollado con una enorme heterogeneidad. Frente a universidades como la Iberoamericana, la del Valle de México o el Tecnológico de Monterrey, ha surgido una multiplicidad de institutos de estudios superiores, centros de estudios universitarios, escuelas, tecnológicos y espacios docentes que se autodenominan universidades, con una reducida oferta educativa.

Esta multiplicidad forma un conglomerado que ofrece licenciaturas que pueden cursarse a veces en seis semestres, básicamente en áreas administrativas, mercadotecnia, ciencias sociales, publicidad, relaciones públicas, derecho, diseño y comunicación gráfica y algunas ingenierías. Su matrícula está fuertemente concentrada en pocas carreras de este tipo de áreas.

La expansión de instituciones privadas de educación superior que tienen menos de 500 y entre mil y 2 mil alumnos tuvo un impulso notable en el gobierno de Vicente Fox. La matrícula total de las universidades privadas de baja calidad, se presume, es considerable. No cuentan con programas de licenciatura reconocidos. La Subsecretaría de Educación Superior viene haciendo un esfuerzo para que informen de la fecha y vigencia de su registro de validez oficial y revisando los criterios de acreditación.

La docencia en las universidades privadas genera ingresos a través de las colegiaturas y las cuotas de inscripción. En el precio hay grandes diferencias. Las mensualidades en las universidades particulares de baja calidad pueden estar por debajo de los mil pesos. Hay otras que giran entre los mil 250 y los 2 mil pesos. Asisten a ellas estudiantes que las tienen como única opción para obtener una licenciatura.

Y frente a éstas hay otras como las nombradas Universidad del Valle de México y la Ibero, a las que se suman, por ejemplo, la de las Américas (Ciudad de México), y la del Mayab, cuyas mensualidades andan entre los 3 mil y los 5 mil 500 pesos. Las más caras cobran colegiaturas mensuales por arriba de los 10 mil pesos, o en torno a esa cantidad, como el ITAM, el ITESM o la UAG.

El sector privado de la educación superior de alto nivel se ha nutrido de académicos provenientes o formados en universidades públicas. Pero falta conocer, más a fondo, cuáles son las características del personal docente que labora en todo el sector privado de tiempo completo, qué grados tiene, qué enseña, cómo divide sus funciones y cuánto le pagan. Se sospecha que en las instituciones pequeñas y medianas se opera, casi en su totalidad, con personal de asignatura, en una modalidad que se ajusta a la lógica del trabajo flexible, en instalaciones que no satisfacen criterios pedagógicos y con bibliotecas deficientes.

El sector privado, con su heterogeneidad, ha afectado la dinámica del sistema de educación superior. Las evidencias que se tienen hasta ahora de su funcionamiento muestran que la ley de la oferta y la demanda aplicada a la educación superior, con su mano invisible, no es la salida educativa para los problemas que el país enfrenta.