Hace un par de semanas comenté en esta misma columna que a partir de este año dejó de operar el programa de incentivos fiscales para empresas que invertían en actividades científicas y tecnológicas y en su lugar ahora está un programa de apoyo directo para empresas (Campus 305). También quedó claro cuáles fueron las razones para realizar tal cambio. No obstante, respecto del mismo caso, vale la pena advertir otros elementos que podrían ser útiles para el diseño de las iniciativas.
Un primer aspecto que conviene señalar es el centro de gravitación de las decisiones. Si bien el programa de incentivos fiscales recibió un renovado impulso al comienzo de la administración anterior, era un programa que ya tenía 15 años de creado y, sin embargo, prácticamente no se había utilizado. La razón era muy simple: las reglas de operación del programa eran sumamente complicadas y difíciles de cumplir.
Es decir, aunque un sector del gobierno federal había tomado la decisión de crear un programa de apoyo, faltaba el mecanismo de otro sector del mismo gobierno federal que hiciera posible su correcta instrumentación. Pero este último no es cualquier entidad administrativa, es la omnipresente y neurálgica Secretaría de Hacienda, donde se localiza y distribuye el presupuesto del gobierno federal.
Hoy prácticamente cualquier programa que no figure en el Presupuesto de Egresos de la Federación y esté sujeto a las respectivas reglas de operación, no mostrará resultado alguno. Por algo Hacienda encabeza las negociaciones anuales del presupuesto y lleva la interlocución con el Congreso. De hecho, desde la administración anterior, los titulares de todas las secretarías de Estado están obligados a abstenerse de realizar cualquier tipo de cabildeo con los legisladores para obtener un mayor presupuesto.
Tal pareciera que el centro de gravitación de las decisiones se encuentra más bien en la Secretaría de Hacienda, no en los titulares de los diferentes s sectores. Efectivamente, sólo hay que seguirle la pista a los recursos para localizar el centro de gravedad. En el caso del programa de incentivos fiscales para empresas, Hacienda anunció el pasado diciembre, cuando ya se sabía de la cancelación del programa, nuevas disposiciones fiscales que convierten esos incentivos en ingresos acumulables para efectos del ISR, lo que provocará dificultades para hacer efectivos los incentivos; el punto es que casi la mitad del total acumulado de recursos en ese programa (alrededor de 9 mil millones de pesos) está por hacerse efectivo (Reforma, 16/02/2009).
Esta situación nos lleva al segundo aspecto que es importante destacar: el papel del Ejecutivo federal. A pesar de las diferencias entre las secretarías de Estado, en todas prevalece la decisión del Ejecutivo federal. Es decir, las decisiones siguen una tendencia jerárquica y centralizadora, derivada del régimen presidencialista que tenemos. Por esta razón, como también ha quedado registrado en este espacio, casi siempre se intenta acercar lo más posible la decisión al Ejecutivo federal y asegurar su participación en los órganos de toma de decisión. En el sector de ciencia y tecnología, solamente hay que revisar la legislación o la composición del Consejo General para advertirlo.
En la actualidad, a diferencia del pasado, es menor el peso del Ejecutivo federal, sobre todo frente al creciente papel del Congreso y algunos de los llamados poderes fácticos, pero sin duda sigue ocupando una posición relevante. Solamente hay que ver su actuación en la inauguración del festival escolar de la colonia por inicio de cursos hasta su desempeño en las tareas de seguridad nacional. Ojalá que no se esté pensando en que de él dependa la vigilancia de la aplicación del nuevo programa de apoyo directo a empresas.
En tercer lugar está el tema de los resultados de los programas. Según las cifras que se dieron a conocer ahora que se canceló el programa de incentivos fiscales, resulta que sí se incrementó de forma sustantiva la participación del sector privado en el financiamiento de actividades científicas y tecnológicas.
De acuerdo con el segundo informe de este gobierno, lo más reciente disponible, la participación relativa del sector productivo en el gasto en investigación y desarrollo experimental alcanzó el año anterior 48 por ciento del total. Nada menos. Hace poco más de una década estaba en 20 por ciento y al inicio de la actual estaba en 30 por ciento. Es decir, en buena medida por efectos del programa de incentivos fiscales, tenemos que el sector productivo participa casi en partes iguales en el Estado. Un porcentaje que tienen naciones como Canadá, España o el Reino Unido. El problema, sin embargo, es que el resto de indicadores que debieran mostrar los beneficios no se movieron.
En fin, resulta claro que será inútil sustituir un programa por otro si no se ubican los problemas y las posibles soluciones.
