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Innovación: ¡ábrase el sistema electrónico de votación!
Alejandro Canales Sánchez
Campus Milenio Núm 318 [2009-04-30]
 

Finalmente, la semana anterior, en la víspera de concluir el periodo ordinario de sesiones legislativas, quedaron incorporadas diversas modificaciones a la normatividad científica y tecnológica. Por lo pronto y tal vez para evitar rubores y confusiones, el programa sectorial ya podrá llamarse como dicen que se llama. El único asunto es si los legisladores se enteraron de lo que aprobaron.

Uno de los temas más relevantes de la serie de modificaciones es el de la innovación. La reforma en este terreno estaba pendiente desde el periodo anterior. Recuérdese que todavía estaba fresca la tinta de la reforma de 2002 y ya se estaba discutiendo la conveniencia de modificarla de nueva cuenta para darle cabida a precisiones sobre el financiamiento (el inalcanzable 1 por ciento respecto del PIB para el área), las becas y la innovación. Las dos primeras quedaron en la ley en la Legislatura anterior, pero la última se extravió en la negociación (fina o imposible) entre el gobierno federal y los legisladores.

En esta Legislatura, a punto de finalizar y cuando todo parecía indicar que tampoco habría noticias al respecto, salió la reforma. Es difícil precisar si las modificaciones recuperan la propuesta que se discutía desde el periodo anterior. Lo único claro es que lo aprobado fue a propuesta de legisladores del PAN. La Cámara de Diputados (la cámara de origen) dictaminó favorablemente diferentes iniciativas de esta fracción y cambió la Ley de Ciencia y Tecnología.

También es claro que el concepto “innovación” quedó integrado a lo largo de todo el capitulado de la ley. Si antes lo usual era la conjunción “y” para unir “ciencia y tecnología” en la normatividad, ahora aparece por todas partes “ciencia, tecnología y la innovación” (o bien “… e innovación”).

Pero hace falta algo más que la aparición del concepto “innovación” en la ley. Y, efectivamente, también se previeron cambios en los órganos y en los instrumentos. Las modificaciones incluyen, además del nombre del ahora “Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación”, máximo órgano de gobierno, la inclusión de cinco nuevos integrantes. A los 14 integrantes de alto nivel que integraban el consejo, ahora se suma un representante de la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología (la que agrupa a los sistemas estatales), otro de los centros públicos de investigación y tres representantes del sector productivo (propuestos por la Secretaría de Economía). El único problema con este consejo, como lo hemos indicado con anterioridad, es su número y escasa operatividad, dado que pocas veces se reúne. ¿Será más amplio pero igualmente ausente? Seguramente.

Tal vez en previsión de lo anterior, se incluyó la creación de un nuevo órgano: el Comité Intersectorial para la Innovación. Tal comité estará encabezado por el titular de la Secretaría de Economía y como vicepresidente el de Educación Pública, además de representantes de los centros públicos de investigación, empresarios y académicos. Este órgano tendrá la atribución de diseñar acciones para impulsar la innovación, claro, luego tendrán que pasar al Consejo General y después a la instrumentación, nada menos.

Otros dos puntos relevantes se modificaron, entre otros. Uno, la facultad que ahora le confiere la ley a las instituciones de educación superior, incluidas las universidades, “para crear unidades de vinculación y transferencia de conocimiento”, bajo el estatus jurídico que decidan las propias instituciones, aunque no como paraestatales (artículo 40 bis). El otro, la presentación de un informe anual, por parte del secretario del Consejo General, en el que se especificarán “los resultados y el impacto del gasto en ciencia, tecnología e innovación, destinado a apoyar al sector productivo que permita identificar la eficiencia, economía, eficacia y calidad del mismo”. Ya veremos.

Una vez aprobadas las modificaciones en la Cámara de Diputados, la iniciativa fue enviada la Cámara de Senadores, misma que sin mayor trámite le dio cauce. El dictamen, junto con otros 25, pasó de largo en la misma sesión. En el pleno se le dispensó primera y segunda lectura, solamente el senador Francisco Javier Castellón fundamentó brevemente el dictamen, pero incluso el presidente del Senado tuvo que reconvenir a los asistentes para que prestaran atención a la intervención. Después, sin más intervenciones, el presidente de la sesión ordenó: “ábrase el sistema electrónico de votaciones”. 88 senadores votaron en favor, nadie en contra y vámonos al siguiente dictamen; un mecanismo similar al que ocurrió con los diputados. Había que terminar el rezago legislativo.

En fin, a pesar del tiempo y forma, lo cierto es que el tema de la innovación ya está en la ley. Ahora el asunto será valorar qué tanto influirá en la distribución de los recursos para las diferentes actividades y cómo inclinará la balanza para fomentar una u otra área. ¿Vendrá un punto de inflexión? Ya lo veremos.


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