La crisis ha sido muy severa. El país no puede seguir adelante si no hay un cambio de modelo. Lo han señalado varios rectores de universidades públicas. La situación por la que atravesamos nos ha llevado al límite. Hay una manifestación clara de la necesidad de establecer nuevas políticas públicas para la educación superior. Desde mi punto de vista, es importante ubicarlas en el contexto.
Estamos en medio de una disputa intensa entre modelos y visiones de país. Como en otros momentos de la historia reciente, la disputa es por la nación. Por un lado, están quienes son favorables a un sistema que desperdicia las vidas de las personas, que centran el problema en la eficiencia de las instituciones, que señalan que hay trabajo innecesario, que aconsejan despedir gente, tomar medidas que nos hagan salir de la crisis, aunque el costo recaiga en los más afectados. Son quienes critican el estatismo, los que insisten en achicar más el Estado, hacer un boquete social más grande para construir un país próspero para unos pocos. Son quienes quieren y buscan justificar una disminución del subsidio a las universidades públicas.
Por el otro lado, la idea central niega que el Estado y el mercado se contrapongan. En esta postura se encuentran quienes sostienen un enfoque en el cual la acción del Estado es vital para darle rumbo al país, para corregir lo que el mercado por sí solo no puede hacer: solucionar el rezago y la injusticia social. En esta visión se apuesta por la educación y la cultura como un antídoto contra el malestar que ocasiona la pobreza y la violencia. Quienes ven en la educación superior pública un espacio de oportunidades para los jóvenes, un lugar desde donde se crea y se transmite conocimiento que coadyuva a resolver la problemática social.
La confrontación es política e ideológica. Hay que entrar en una batalla contra quienes quieren una política de Estado que profundice la que existe hasta ahora. Que consiste en desfinanciar a las universidades públicas, hacerlas más vulnerables, para que acudan al mercado, para que se sometan a la privatización de la vida social. Es una política en la que se busca fragmentar, vencer y gobernar por miedo, debilitar para someter. Convencer a las universidades públicas de que también ellas son pobres, meterlas a la cultura de la pobreza, vulnerar sus valores y promover ante la opinión pública, usando los medios, la idea de que lo que hacen no es útil.
De ahí que sea importante actuar, cuidar que no se confunda el discurso crítico del malestar social y del mal funcionamiento de las universidades, ocasionado por las políticas actuales, y evitar que sea usado contra los universitarios. De ahí que sea importante la unión de los rectores para negociar los recursos, para recordarle a la Cámara que, en octubre de 2008, el Poder Legislativo se comprometió en instalar un grupo de trabajo, con la colaboración de académicos, para formular políticas de educación superior de nueva generación. De ahí que sea importante que los rectores propongan nuevos lineamientos políticos para la educación superior. Los argumentos que les he escuchado o leído, desde mi perspectiva, apuntan varias propuestas, además de las estrategias de resistencia y defensa que se vienen siguiendo para enfrentar la coyuntura.
Las políticas de nueva generación están concebidas para el largo plazo. Se fundan sobre la base de que las actividades de las universidades públicas requieren el apoyo del Estado porque son estratégicas para el desarrollo. En este marco se han enunciado algunas que pongo en resumen:
1. Construir un marco de relaciones para que las universidades públicas puedan establecer alianzas que fortalezcan académicamente a las más débiles, que favorezcan la ejecución de los planes de desarrollo institucional (PDI) y avancen áreas de investigación, innovación y tecnología que impulsen el crecimiento económico y atiendan problemas de su entorno social. La universidad pública es la base para formar sistemas científicos y tecnológicos en el ámbito estatal. Le sigue tocando introducir perspectivas críticas en la realidad social, transmitir y transferir conocimiento aplicable para transformarla.
La universidad pública es un agente del desarrollo local. Concebida así, organiza la vinculación con su entorno. Abre espacios para construir y reconstruir proyectos de desarrollo local y regional, para formar agentes que promuevan, gestionen y ejecuten proyectos de desarrollo y para convocar a los actores sociales encargados de llevarlos a cabo.
3. Una nueva visión política crea condiciones para que las universidades tengan programas orientados a la formación integral de los jóvenes, del ser humano que va a habitar el país, movidos por principios y valores ligados a la vida democrática, capaces de basar en el conocimiento acciones transformadoras de la realidad que apunten a una mayor cohesión social. Indispensable será prestarle más atención a las cuestiones pedagógicas. Los jóvenes de hoy no pueden ni tienen ganas de aprender con métodos utilizados para enseñar a las generaciones pasadas.
4. La evaluación debe utilizarse para corregir errores o desvíos de la planeación institucional de cada universidad. La universidad avanza cuando hace correctamente lo que se ha propuesto. Actualmente, hay que comenzar por evaluar la evaluación. No se puede evaluar con información poca y deficiente, mediante indicadores que no reflejan ni garantizan avances académicos reales, mejor calidad de la enseñanza. La evaluación que premia con dinero los incrementos en indicadores está agotada. No se ha probado que la certificación de programas docentes haya mejorado la formación académica de los egresados. Además, hay que tener en cuenta que los académicos no podemos seguir trabajando con agobio. Resulta contraproducente para lograr buenos resultados.
Es indispensable establecer una política que retome la carrera académica en las instituciones y que fije el ingreso mediante la unión del sueldo y los estímulos. Un régimen laboral de confianza.
5. Financiamiento. Establecer un modelo de financiamiento que permita garantizar la continuidad de programas mediante un subsidio asignado para varios años, de acuerdo con las prioridades marcadas en los PDI de cada universidad. El financiamiento a las universidades debe basarse en una combinación de criterios aceptada por las instituciones. Necesita contemplar recursos para pensiones y jubilaciones, generación de plazas para renovar a las comunidades, formación de los académicos, saneamiento de las finanzas de instituciones que tienen un menor costo por alumno y según las proyecciones de cobertura, infraestructura y nuevas tecnologías informáticas. Contempla, asimismo, una mejor distribución territorial de los recursos y un mejor balance de los subsidios federal y local. Una mayor inversión en el sistema educativo es posible, como se ha puesto de ejemplo en Yucatán.
Las universidades se comprometen a racionalizar sus gastos y costos de operación, largos y muy engorrosos, a raíz de la implantación del ISO-9000, que ha estimulado el crecimiento de la burocracia y perjudicado el trabajo académico. Es un compromiso la operación de buenas auditorías internas, que las dependencias universitarias justifiquen cada partida presupuestal, la rendición de cuentas, y la transparencia en el uso de los recursos y publicar los resultados, también para conocimiento de quienes critican por ignorancia.
Una política de Estado de nueva generación engloba y relaciona muchos más asuntos que el financiero. Su mira es que la academia universitaria tenga impacto económico, social, político y cultural, fortalecer la identidad y el liderazgo social de la universidad, estimular el estudio y la investigación, la comunicación de las autoridades universitarias con sus comunidades y una gestión administrativa más eficiente. Es momento de apoyar. Nuestros rectores no van a estar solos. La universidad pública es la mejor carta de México para apostar al futuro.
