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Legisladores del DF
Alejandro Canales Sánchez
Campus Milenio Núm 208 [2007-01-18]
 

Hace una semana comentamos en este mismo espacio que los diputados federales se negaron a reducir las prerrogativas de los partidos políticos para este año y canalizar esos mismos recursos para ciencia y tecnología. No fueron los únicos. La misma actitud asumieron sus homólogos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

La propuesta se presentó en la sesión del 26 de diciembre de la ALDF y era, a escala local, el mismo punto de acuerdo que 12 días antes rechazó la Cámara de Diputados: reducir en 20 por ciento los recursos financieros de los partidos políticos, respecto del 2006, y canalizar esos mismos recursos a ciencia y tecnología en este año. En uno y otro caso la propuesta provino de la misma fracción parlamentaria: el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina (Pasc).

Sin embargo, la diferencia es que en la Asamblea fue una coalición quien presentó la propuesta, dado que la firmaron, aparte del Pasc, los representantes del Partido Nueva Alianza, Convergencia y Partido de los Trabajadores. Pero son fracciones minoritarias; en conjunto suman 8 legisladores. Apenas un 12 por ciento del total de legisladores de la Asamblea. El Partido de la Revolución Democrática tiene 34 legisladores (la mitad más uno de integrantes de la Asamblea), le sigue Acción Nacional con 17, el Revolucionario Institucional con 4 y el Verde Ecologista con 3.

En la ALDF, después de que el diputado socialdemócrata Enrique Pérez Correa argumentó el punto de acuerdo, no hubo debate al respecto, simplemente se dio paso a la votación nominal para decidir si se consideraba de obvia y urgente resolución. El resultado: 40 votos en contra y 10 en favor. No pasó.

Si nos atenemos a lo ocurrido, las fracciones parlamentarias con mayor presencia en los órganos legislativos, sean de la tendencia política que fueren y sea en los recintos federal o local, no están dispuestas a ceder parte de sus beneficios o privilegios, aunque estén en condiciones de hacerlo o su comportamiento sea injustificable. Pues sí, como se dice, a menos que lo obliguen a uno, nadie está dispuesto a darse de martillazos en los dedos y quedar como si nada.

El otro asunto relevante de la ALDF es la aprobación, por primera vez, de un monto destinado al Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. En el proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal que envió a la Asamblea el jefe de gobierno Marcelo Ebrard, incluyó un rubro de gasto para el Instituto de 60 millones de pesos. Sin embargo, como lo recuerda una nota del periódico Crónica, se trata de un Instituto creado por ley desde el 2000, pero al que no se le habían asignado recursos y menos se puso en marcha (Crónica 8/01/07).

En efecto, la ALDF aprobó la ley de creación del Instituto en el último día de diciembre de 1999 y según los artículos transitorios de esa iniciativa, se pondría en marcha a partir del 2 de enero del 2001 y el jefe de gobierno tendría que incluir una partida de recursos en el presupuesto de ese año. Pero no, ni se puso en marcha ni hubo recursos.

En abril del 2003 y en junio pasado se hicieron algunas reformas a la ley de creación del Instituto. La primera, a propuesta de un legislador del PAN, para añadir a las funciones del nuevo organismo, la de incentivar a los investigadores que presenten inventos susceptibles de aplicación industrial o de mejoras técnicas. La segunda, otra vez para precisar las funciones del Instituto y el procedimiento para el nombramiento de sus funcionarios, y también para puntualizar, en artículos transitorios, que a más tardar en octubre del año pasado estarían nombrados los funcionarios, se establecerían los recursos en el presupuesto de egresos de este año y el 2 de enero de este año estaría en operación (Gaceta Oficial del Distrito Federal 09/06/06).

Los funcionarios no se nombraron en octubre pero sí el pasado 5 de diciembre, al menos la titular del Instituto, Esther Orozco Orozco, cuando tomó posesión el actual jefe de gobierno; falta que se integre la junta de gobierno y el consejo operativo. Los recursos también están aprobados. No fueron los 60 millones que solicitó el jefe de gobierno, los legisladores casi le duplicaron la cifra, le otorgaron 100 millones de pesos. Ahora sólo cabe esperar que el Instituto entre en operación. Ya nos ocuparemos de los detalles del nuevo organismo.

No cabe duda de la creciente importancia de los legisladores, federales o locales, en las iniciativas públicas. Se han convertido, a diferencia de lo que ocurría apenas hace una década, en un poder real. Ahora tienen una mayor responsabilidad pública, pero tal parece que les tiene sin cuidado o no se percatan de ella, puesto que en la mayor parte de sus decisiones está por delante la lealtad y el interés de las fuerzas políticas que representan y después, si es el caso, el bienestar de sus electores o los problemas nacionales.


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