Los académicos tenemos como preocupación principal responder a las actuales y futuras necesidades y circunstancias del país. Primero, para hacer propuestas de salida a la crisis. Después, para presentar ideas fundadas que ayuden a construir un nuevo modelo de desarrollo, que permita un crecimiento económico sostenido, expansión del empleo y una mejor distribución de la riqueza.

México no podrá salir adelante sin una educación superior mejor que la que tenemos, sin ciencia e innovación tecnológica. Al respecto, muchos académicos consideramos que es de la mayor importancia iniciar un nuevo ciclo de políticas para la universidad pública.

El sistema de educación superior se ha expandido y diversificado. En su seno, las universidades públicas representan un segmento institucional de primer orden para impulsar un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo proyecto nacional, que satisfaga las exigencias sociales de democratización y de un mayor bienestar. Las universidades públicas cubren tales exigencias de una manera más completa, por su carácter y sus funciones, porque la investigación que en ellas se realiza es un pilar para transitar en la era del conocimiento. El Estado tiene en la universidad pública un apoyo para que el país avance.

En México, la universidad pública es la institución que históricamente ha producido conocimiento, impulsado la tecnología y creado valores para sustentar la transformación productiva y la modernización de la sociedad. Lo ha hecho desde una postura abierta al debate y desde el pensamiento crítico que está en su esencia. Su fuerza la ha ganado a pulso y la va a mantener por el ejercicio de su autonomía.

Estamos en una situación, en un periodo que puede darnos la oportunidad de hacer cambios sustanciales. Y como parte de ellos, redefinir la relación entre la universidad y la sociedad, para hacerla más estrecha. Este vínculo es el que justifica la función histórica que hoy juega la institución, para impulsar el desarrollo local con miras nacionales, y en el cual se fundamenta el apoyo del Estado a la universidad.

Tal vínculo es uno de los mayores retos que va a enfrentar la universidad pública mexicana en el siglo que transcurre. Lo podrá hacer con éxito si se logra un acuerdo sobre bases comunes que permitan establecer políticas que tengan coherencia, flexibilidad y consenso, que le permitan a la academia abrirse para tejer redes de colaboración y cooperación interinstitucionales, trabajo colectivo.

El acuerdo debe establecerse entre las esferas de gobierno, los partidos políticos, organizaciones y agentes de la sociedad civil, las dirigencias institucionales y la comunidad académica. Sumar a todas las fuerzas del ámbito político, social y educativo para mejorar las tareas que lleve a cabo la universidad pública, como parte del sistema de educación superior.

Hay varios puntos, señalados desde hace tiempo, pero con otro contenido, sobre los que se puede buscar un consenso:

Calidad. Todos los estudiantes que acceden a las universidades públicas recibirán una educación de calidad. La formación dará capital científico y cultural, valores y símbolos, que les permitan tener capacidad para realizar sus conocimientos en las tareas que emprendan en la sociedad.

Equidad. Es de la mayor importancia que las oportunidades educativas tengan una distribución, social y territorial, más igualitaria. Cobertura. Llegar a 50 por ciento de cobertura en la educación superior hacia 2019.

Pertinencia. Promover la investigación científica en las universidades públicas y fortalecer los vínculos de la universidad con el desarrollo local, con miras nacionales, para que el país tenga un mejor desempeño en lo global.

Ética. Establecer principios y exigencias éticas explícitas relacionadas con la responsabilidad y el compromiso social de las universidades.

Financiamiento. El gobierno federal debe conceder un presupuesto suficiente y oportuno a las universidades; eliminar la monetarización de la actividad educativa; establecer presupuestos multianuales para brindar mayor certeza a los proyectos académicos.

Gestión. Habrá que impulsar que las universidades tengan un rectorado eficaz y eficiente, con respaldo de las comunidades académicas, que se maneje con una amplia descentralización en la toma de decisiones.

Evaluación. Instaurar un modelo para evaluar el desarrollo institucional, centrado en los planes específicos de trabajo de las universidades vinculados a su entorno social. Un modelo flexible que sirva para el aprendizaje institucional de los resultados de la evaluación.

Según considero, nuevas políticas que tengan en cuenta puntos mínimos, como los señalados, darán la posibilidad de ir construyendo la universidad pública mexicana del siglo XXI.

Aparte. Me refiero a las “reflexiones críticas” sobre la UNAM contenidas en el número 139, julio de 2009, de la revista Letras Libres. Cuando se le atribuye valor a la UNAM, como es el caso, las críticas son bienvenidas. Sin embargo, lo que los universitarios pedimos es que estén bien fundadas. Sobre el presupuesto, la rendición de cuentas y la política en la UNAM hay un cúmulo de trabajos académicos que no pueden pasarse por alto, a riesgo de caer en generalidades, argumentos viejos y posturas ideológicas. Hay que ser más cuidadoso. Y tener presente el papel social que desempeña la UNAM, así como el significado de su representación institucional en la sociedad que tenemos, en este momento de la historia.