Con la intención de dar cuenta de algunos hechos relevantes ocurridos en el ámbito educativo durante los primeros diez años del presente siglo, he querido aprovechar el espacio que se me concede en este número de Campus para comentarlos de un modo general. Como toda selección, ésta también es arbitraria y no pretende ser exhaustiva. He tomado sólo algo de lo acontecido en los niveles educativos que anteceden al superior, pues éste seguramente será analizado con mayor detalle por alguno de los colaboradores de este suplemento. Conviene destacar que lo sucedido en materia educativa durante la década que está por finalizar, ha sido realizado por las dos administraciones pertenecientes al mismo partido político y que han estado al frente del gobierno federal desde el año 2000. Algunas de las acciones, programas y políticas han continuado de un sexenio a otro, incluso otras han sido la continuación de actividades emprendidas en administraciones que las han antecedido.
Así, pues, al iniciar el nuevo milenio el sistema político mexicano presentó como hecho más relevante el cambio del régimen priísta, que había sido el dominante durante más de siete décadas, por uno nuevo, emanado del conservador Partido Acción Nacional (PAN) y sobre el cual se pusieron enormes expectativas.
Se esperaba que la nueva administración pusiera fin a muchos de los grandes rezagos que por décadas arrastraba el país, entre ellos el educativo. El Programa Nacional de Educación 2001-2006 (PNE) del gobierno encabezado por Vicente Fox pretendía inaugurar una etapa novedosa en las políticas educativas. El PNE expresaba el convencimiento de no poder aspirar a construir un país en el cual todos contaran con la oportunidad de tener un alto nivel de vida si la población no poseía la educación que le permitiera, dentro de un entorno de competitividad, planear su destino y actuar en consecuencia.
También se reconocía el doble reto que México enfrentaba al tener que superar, por una parte, los ancestrales rezagos y, por la otra, ofrecer a la población una formación que le permitiera afrontar los desafíos planteados por el desarrollo incesante del conocimiento. Por ello, se reiteraba la convicción de que la educación debería ser el eje fundamental y la prioridad central del Poder Ejecutivo, durante el periodo correspondiente. El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND) precisaba que la elevada prioridad de la educación habría de reflejarse en la asignación de recursos crecientes para ella y en un conjunto de acciones, iniciativas y programas que la hicieran cualitativamente diferente y transformaran el sistema educativo.
Lamentablemente, el financiamiento para diversos programas educativos y sociales no fue suficiente durante todo el sexenio, debido a los bajos índices de crecimiento económico que experimentó el país. La SEP estuvo encabezada durante todo el sexenio por Reyes Tamez Guerra, ex rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y actualmente es diputado por el Partido Nueva Alianza y presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Entre las acciones, iniciativas y programas más novedosos del PNE, resalta el capítulo especial dedicado a la Educación para la Vida y el Trabajo, para lo cual se creó el Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo (Conevyt). En la actualidad el Conevyt es un organismo intersecretarial del Ejecutivo federal, presidido por el titular del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), que articula e impulsa programas y mecanismos de educación y capacitación para la vida y el trabajo orientados a jóvenes y adultos fuera del sistema escolarizado.
Uno de los proyectos que por entonces se consideró muy novedoso fue Enciclomedia, el cual consistía en digitalizar el contenido de los libros de texto gratuitos y vincularlos con distintos recursos audiovisuales e interactivos con el fin de contar con mayores elementos para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. El proyecto surgió de modo experimental a partir de un diseño desarrollado en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y más tarde, con la colaboración del Instituto Tecnológico Autónoma de México (ITAM), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), se construyó un prototipo al cual se incorporaron inicialmente los contenidos de la enciclopedia Encarta, esto último gracias a un convenio de colaboración entre la SEP y Microsoft.
Tiempo después, la Coordinación de Informática Educativa del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) realizó la edición digital de los libros de texto gratuitos, a la vez que desarrolló contenidos educativos multimedia. Este ambicioso proyecto recibió cuantiosos recursos durante el sexenio foxista y, aunque siguió vigente durante el actual gobierno calderonista, por decisión del Congreso su financiamiento se ha visto reducido de manera sustancial, debido a sus altos costos y su falta de resultados significativos para el aprendizaje.
La creación de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) en 2001 tuvo como propósito primordial mejorar y ampliar las oportunidades educativas de la población indígena, así como promover relaciones más igualitarias y respetuosas entre los miembros de distintas culturas. Entre sus principales acciones estuvo la fundación de las llamadas universidades interculturales, así como el desarrollo de programas de formación docente con una perspectiva intercultural y la elaboración de libros de texto para educación básica en lenguas indígenas.
El objetivo principal de las universidades interculturales es ofrecer educación superior pertinente a jóvenes originarios de las regiones indígenas, o bien, a aquéllos que estén comprometidos con su desarrollo e interesados en aplicar los conocimientos construidos a contextos diversos. Cabe señalar que estas universidades se hallan cercanas en ubicación y en cultura a distintas comunidades indígenas. En la actualidad existen nueve universidades interculturales en los estados de Chiapas, Guerrero, México, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Veracruz, y atienden a cerca de 6 mil estudiantes, siendo la mayoría mujeres originarias de comunidades indígenas. Es poca la información disponible sobre los niveles de retención de los alumnos que asisten a estas universidades, así como de otros aspectos que permitan valorar su desempeño académico.
Otro de los programas que merece destacarse es el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (Pronabes), el cual se inició en el ciclo 2001-2002 y contó con la participación de todas las entidades federativas del país, así como de las cuatro principales instituciones públicas de educación superior: la UNAM, el IPN, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la UPN. El propósito principal de este programa de becas para los estudiantes de educación superior ha sido apoyar económicamente a los estudiantes provenientes de hogares con bajos ingresos, con el fin de que terminen sus estudios de licenciatura o de técnico superior universitario. Hasta el momento, han sido beneficiados más de 300 mil estudiantes y aunque el monto de las becas es bajo, ha servido como soporte (y también como aliciente) para que miles de estudiantes de bajos recursos económicos concluyan sus estudios.
Al comenzar el presente sexenio, se inició el programa de becas para la educación media superior. En ambos programas se pretende que los alumnos no abandonen sus estudios por motivos económicos.
La evaluación del sistema educativo fue también un tema de preocupación dentro del PNE, por lo que se propuso la creación de una instancia que, de modo sistemático, llevara a cabo esa tarea. En consecuencia, en agosto de 2002 se fundó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) con el encargo de “ofrecer a las autoridades educativas y al sector privado herramientas idóneas para la evaluación de los sistemas educativos, en lo que se refiere a educación básica (preescolar, primaria y secundaria) y media superior”.
Se consideraba que una buena evaluación del sistema y los procesos educativos repercutiría positivamente en la calidad de la educación. Una educación de calidad es aquella que es relevante; que tiene eficacia interna y externa, y un impacto positivo en el largo plazo, así como eficiencia en el uso de los recursos y equidad. Las evaluaciones del INEE cubren todas las modalidades del servicio, incluyendo la educación comunitaria, la indígena y la de adultos.
Entre las acciones que realiza la institución se halla la elaboración de informes generales sobre la calidad de la educación básica y la aplicación de pruebas como los Exámenes de Calidad y Logro Educativo (Excale) y del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés, en 2000, 2003, 2006 y 2009), así como desarrollo de evaluación de las escuelas. Resulta curioso que, pese a que una de sus funciones sea la elaboración de pruebas para evaluar el desempeño educativo, haya sido otra instancia de la SEP la que comenzó a aplicar la prueba de Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (enlace) en todas las escuelas públicas del país (primaria, secundaria y media superior) a partir de este sexenio.
Durante la administración foxista se hicieron reformas a la educación preescolar (2004) y a la educación secundaria (2006). Un aspecto sustantivo que se consideró para este último proceso fue la necesidad de articular la educación primaria con los niveles adyacentes, es decir, con la educación preescolar y la educación secundaria y, en consecuencia, favorecer el desarrollo de competencias durante la educación básica.
Posteriormente, ya en la administración de Felipe Calderón, se iniciaron las reformas integrales a la educación básica (RIEB) y a la media superior (RIEMS). Respecto de la primera de ellas, sus propósitos se centran en “atender los retos que enfrenta el país de cara al nuevo siglo, mediante la formación de ciudadanos íntegros y capaces de desarrollar todo su potencial, y en coadyuvar al logro de una mayor eficiencia, articulación y continuidad entre los niveles que conforman este tipo de educación”.
Con base en las reformas que se realizaron en 2004 y 2006, se establecieron los cimientos del perfil de egreso de la educación básica y las competencias para la vida. En 2008 se inició el proceso de revisión y de reforma de la educación primaria para articularla con el último año de preescolar y el primero de secundaria. La reforma a la educación básica continúa con la participación de profesores en todas las escuelas públicas del país, y se sigue cuestionando su enfoque basado en competencias.
En el sexenio actual también se procuró transformar el nivel medio superior, que por largos años había sido desatendido y dejado a la responsabilidad de las diversas instituciones que lo ofrecen en toda la república. La Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS) ha sido impulsada por la SEP, junto con el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
La RIEMS pretende mejorar la calidad, la pertinencia, la equidad y la cobertura del bachillerato, y plantea la creación del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) en un marco de diversidad, en el cual se integran las diversas opciones de este nivel educativo a partir de competencias genéricas, disciplinares y profesionales. Esta reforma se desarrolla en torno de cuatro ejes: la construcción e implantación de un Marco Curricular Común (MCC) con base en competencias, la definición y regulación de las distintas modalidades de oferta de la EMS, la instrumentación de mecanismos de gestión que permitan el adecuado tránsito de la propuesta y un modelo de certificación de los egresados del SNB.
Otra muestra de la importancia que se le ha dado a este nivel educativo es que apenas en días pasados la Cámara de Diputados aprobó la obligatoriedad de la educación media superior.
Otra de las iniciativas que trascendieron el periodo foxista fueron los Consejos de Participación Social en Educación, anunciados en el PNE y creados en 2000. Dichos consejos comenzaron a operar sin mucho éxito y contaban con poco apoyo del gobierno federal. Fue hasta 2008 cuando el segundo secretario de Educación Pública del sexenio calderonista, Alonso Lujambio, les dio nuevos bríos, al establecer en 2008 los Consejos Escolares de Participación Social. Como su nombre lo indica, su objetivo es “impulsar la participación de la sociedad en el mejoramiento físico y material de la escuela, sin demérito de la labor que en este orden le corresponde desempeñar a las autoridades educativas y a las Asociaciones de Padres de Familia”. También se trata de que la participación de diversos actores sociales, además del magisterio, coadyuven al anhelado mejoramiento de la calidad de la educación. Además, se pretende que la sociedad sea sensible y tenga conocimiento de las necesidades financieras que tienen algunos establecimientos escolares y se tomen acciones en consecuencia, así como fortalecer el reconocimiento social a la actividad educativa.
Es de llamar la atención que en cada uno de estos dos sexenios se firmaron grandes compromisos sociales con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), los gobiernos de todas las entidades federativas, las asociaciones de universidades, las organizaciones que agrupan a las escuelas particulares y representantes de otros sectores sociales. El propósito, en ambos casos, fue llamar a un esfuerzo nacional coordinado para mejorar la educación en todos sus tipos, niveles y modalidades. Así, el Compromiso Social por la Calidad de la Educación, firmado el 8 de agosto de 2002 por la SEP y el SNTE, además de gobiernos estatales, universidades y diversas organizaciones sociales, pretendía establecer consensos para sumar esfuerzos de todos los grupos sociales y lograr así una educación de mejor calidad, tanto la que imparte el sector público como la que está a cargo del privado.
Por su parte, a poco menos de seis meses de iniciada la administración de Felipe Calderón, se acordó lanzar la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), suscrita en mayo de 2008 por el gobierno federal y el SNTE, la cual estableció la necesidad de “impulsar la reforma de los enfoques, asignaturas y contenidos de la educación básica”, con el propósito de formar ciudadanos íntegros capaces de desarrollar todo su potencial.
Con la Alianza se aspira, una vez más, a transformar la educación y para ello se convoca el concurso de diversos actores sociales para unir esfuerzos que permitan avanzar hacia una política de Estado en educación. En ambos casos, el gobierno tuvo que garantizar la participación activa del SNTE para poder llevar a cabo sus políticas educativas.
Este amplio e incompleto recuento de lo ocurrido en materia de políticas educativas en la educación básica y media superior, muestra que los enormes esfuerzos realizados por las dos pasadas administraciones han pretendido dar soluciones a los enormes rezagos que enfrenta el país en una actividad crucial para aspirar a mejores niveles de bienestar y que también es necesaria para hacer frente al incesante avance del conocimiento en el mundo actual. Lamentablemente, esos esfuerzos no han sido suficientes, porque los resultados disponibles muestran que el panorama educativo nacional todavía muestra grandes carencias e insuficiencias y que las condiciones socioeconómicas de grandes sectores de la población impiden acceder plenamente a las oportunidades educativas.
