En Argentina el sistema de educación superior está formado por dos grandes bloques: la educación universitaria y la "educación superior no universitaria". El primer grupo congrega un centenar de instituciones, de ellas 39 universidades nacionales, 41 privadas, seis institutos universitarios estatales -donde se incluyen las IES de las fuerzas armadas-, 14 institutos universitarios privados, una universidad provincial (Universidad Autónoma Entre Ríos), una universidad extranjera (Universidad de Bolonia en Buenos Aires), y una universidad internacional, la Facultad de Ciencias Sociales, FLACSO.
La matrícula del sistema universitario ascendió en 2005 a 1,539,742 estudiantes. De ellos, el 83.5 por ciento en el segmento público y cuatro quintas partes en el segmento de universidades nacionales, en donde se incluyen la Universidad de Buenos Aires, con 337 mil estudiantes de licenciatura y posgrado, la Universidad de Córdoba, con más de cien mil, las universidades de La Plata, Nordeste, Rosario y Tucumán, cada una con más de cincuenta mil estudiantes, y otras 33 universidades nacionales con un promedio de quince mil estudiantes por unidad, aproximadamente. Las universidades privadas, por su parte, brindan servicio a 245 mil estudiantes, poco más del quince por ciento de la demanda. No obstante el predominio público de la formación universitaria, en el último quinquenio la matrícula de las universidades nacionales creció a una tasa de 1.5 por ciento anual, mientras que la inscripción en privadas avanzó con más de cinco puntos porcentuales por año.
El segundo bloque, la educación superior no universitaria, suma los estudios de técnico superior, los programas de formación docente, y algunos programas de enseñanza superior no incorporados a las IES universitarias. Está integrado por más de mil setecientas instituciones que atienden una matrícula de aproximadamente 470 mil estudiantes, el sesenta por ciento en el sector público. A los interesados en ahondar en este tema, recomiendo el estudio "La educación superior no universitaria en Argentina", de Angélica Sabatier, publicado por IESALC en 2004. En fin, al sumar las matrículas del sistema universitario y no universitario se llega a un total de más de dos millones de estudiantes, lo que representa el sesenta por ciento del grupo de edad entre 19-23 años de ese país.
Las dimensiones del sistema, la tradición autonomista universitaria, las políticas de federalización y descentralización experimentadas en la época posterior al militarismo, la búsqueda articulación política entre los grupos y sectores sociales argentinos, así como un contexto particularmente complejo en lo que corresponde al financiamiento universitario, ha puesto recurrentemente en el tapete de discusión el tema de la coordinación entre las instituciones de educación superior y las instancias gubernamentales encargadas de la gestión pública y el diseño de las políticas sectoriales.
En el muy bien documentado estudio de María Catalina Nosiglia "Transformaciones en el gobierno de la educación superior argentina: los organismos de coordinación interinstitucional y su impacto en la autonomía institucional" (Revista Fundamentos en Humanidades, Universidad Nacional de San Luis, año V, núm. 1, 2004), se pasa revista a la trayectoria histórica de las relaciones entre el Estado y las universidades y, en particular, al tema de la coordinación a partir de la década de los noventa. Según la autora, la Ley de Educación Superior (LES-24.521), aprobada en 1995, en el marco de la reforma constitucional emprendida el año previo, "por primera vez en la historia (...) regula el funcionamiento de la educación superior en conjunto, incluye a la educación superior universitaria y no universitaria, pública y privada" (pág. 74).
La LES de 1995 establece varias instancias y organismos de coordinación, algunos preexistentes y otros nuevos: el Consejo de Universidades (CU), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) y los Consejos de Planificación Regional de la Educación Superior (CPRES), además se establece la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria (CONEAU) que, por sus tareas específicas, cumple funciones de articulación y coordinación reconocidas en la norma.
El CIN y los CPRES habían operado, con distintas denominaciones, desde los años setenta en calidad de instancias para la negociación de las políticas. La nueva ley ratifica su operación aunque algunas de sus funciones pasan al CU y la CONEAU. El nuevo organismo de cúpula, el Consejo de Universidades, se integra a partir de representantes del resto de los organismos de coordinación y establece el ámbito de interlocución decisivo con las autoridades gubernamentales. Su operación es una suerte de "coordinación de coordinaciones" y da lugar a una instancia de concertación de políticas y decisiones.
La nueva Ley de Educación Nacional, decretada en 2006, contempla varias disposiciones relativas a la educación superior. Se ratifica la LES de 1995 pero, lo más importante, se establece un nuevo Consejo Federal de Educación (CFE) como organismo superior de coordinación. El objetivo del CFE es la definición de políticas transversales para el sistema educativo en su conjunto y con los sectores de ciencia, tecnología, innovación y cultura. En el órgano se incluye a tres representantes del Consejo de Universidades. Por otra parte, la política de federalización instrumentada por el gobierno de Néstor Kirchner concede nuevos incentivos a los CPRES, reactivando su operación en los últimos años.
El debate actual sobre coordinación de la educación superior Argentina gira en torno a la importancia de encontrar un equilibrio de los diseños horizontal y vertical de ésta. En ese tenor, la Secretaría de Políticas Universitarias ha fijado como prioridad la "consolidación de los CPRES como ámbitos de consulta para las políticas y normativas." La apuesta en favor de la consolidación federalista es importante y transmite una lección.
