En diciembre del año pasado la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) firmó dos convenios para apoyar a egresados del bachillerato que buscan acceder a opciones de nivel superior en la Ciudad de México. El primero de ellos da lugar al programa AL-UNAM: Edúcate y consta de un conjunto de oportunidades en modalidades educativas escolarizadas, abiertas y a distancia, que se resumen en 14 opciones completas para licenciatura, así como 30 cursos de educación no formal. El segundo convenio fue suscrito con un grupo de instituciones privadas, por medio de un sistema de becas que serán cubiertas principalmente por el gobierno de la ciudad y parcialmente por las instituciones participantes.

El convenio con la UNAM tiene como antecedente directo el programa de Bachillerato a Distancia (B@UNAM) que inició actividades den 2007 luego de ser suscrito el convenio respectivo entre el entonces rector Juan Ramón de la Fuente y el jefe del gobierno capitalino, Marcelo Ebrad Casaubón. A la fecha cuenta con dos generaciones de egresados, una población inscrita del orden de 12 mil estudiantes y la perspectiva de ampliar a corto plazo la cobertura del programa hasta 20 mil alumnos. Ha sido un programa exitoso principalmente por que ha hecho llegar a jóvenes en desventaja socioeconómica una oferta educativa de alto nivel académico.

En tal sentido, replicar y ampliar la experiencia del bachillerato universitario a distancia al nivel de licenciatura, parece una buena idea. Por lo pronto se tiene previsto iniciar el proyecto, todavía en fase experimental, con una generación de cinco mil estudiantes como máximo. El convenio respectivo considera la aportación académica de la UNAM en infraestructura, recursos humanos y medios digitales, y una contraparte económica a cargo del presupuesto del Distrito Federal.

Hasta ahí vamos bien. En contraste, el acuerdo con universidades privadas deja mucho que desear. En primer lugar, al ser un típico mecanismo de voucher escolar, aunque se presente con la forma de programa de becas. Desde cualquier ángulo que se mire, implica transferencia de recursos públicos a entidades privadas, por más que estas se definan “sin fines de lucro”. El convenio indica que la ALDF aportara 40% del costo de las colegiaturas y el resto las instituciones participantes.

El argumento de apoyar a lo jóvenes de escasos recursos mediante esta medida, buenas intenciones a parte, resulta poco convincente si se toman en cuenta opciones alternativas de utilización de los mismos recursos en la ampliación de la oferta pública, para comenzar la posibilidad de mejorar y extender las instalaciones y programas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México o establecer convenios con universidades como la Autónoma Metropolitana, la UPN o el propio IPN.

Pero eso no es lo peor. La lista de instituciones particulares que participan en la nueva iniciativa del GDF, denominada “La ciudad con jóvenes”, incluye las siguientes: Instituto de Enseñanza Superior en Contaduría y Administración; Instituto Especializado en Computación y Administración Gauss-Jordan; Instituto Mexicano de Educación Profesional; Universidad Centro Universitario Grupo Sol; Universidad de la República Mexicana; Universidad Insurgentes, e Instituto Leonardo Bravo.

Son instituciones formales, varias de ellas incorporadas al Instituto Politécnico Nacional, y todas con Registros de Validez Oficial de Estudios (RVOE) en regla para sus programas. Pero desde luego no son de primer nivel ni mucho menos. Son, todas ellas instituciones creadas principalmente, para satisfacer la demanda no atendida por el sistema público pero que no han alcanzado los estándares de calidad que hoy rigen en el sistema de educación superior del país. Por ejemplo, ninguna de ellas ha sometido sus programas a las evaluaciones que practican los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) ni cuentan con programas acreditados por los organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes).

Si aceptamos que la evaluación y la acreditación conforman un sistema aceptado de control de calidad académica de la oferta de la educación superior, es muy criticable que se apoye con recursos públicos a instituciones privadas que no satisfacen estos criterios. Si la ALDF ha tomado la decisión, al parecer con el respaldo de todos los partidos, de apoyar la educación superior privada, ¿por qué no mejor negociar, en todo caso con instituciones del nivel que son de buena calidad?

Más allá de la retórica, parece evidente que los legisladores y las autoridades educativas de la Ciudad de México han perdido la brújula en este terreno. El diagnóstico es correcto: hace falta apoyar a la juventud metropolitana para que consiga formarse al más alto nivel. Pero la respuesta dada en esta segunda vertiente es incorrecta. Una educación de calidad mediocre no constituye ninguna solución, al contrario.