La publicación del Censo Nacional de Población de 2010 aproxima la tasa actual de cobertura bruta de educación superior (TBCES) a 29.4 por ciento. En el decenio 2000 a 2010 la TBCES se incrementó, en la escala nacional, más de siete puntos al pasar de 22.1 por ciento en 2000 al nivel indicado en 2010. Para alcanzar ese umbral, la matrícula aumentó más de 900 mil unidades en el periodo; dicho de otro modo, casi 100 mil plazas escolares por año. Además es interesante constatar que la proporción de matrícula privada se mantuvo prácticamente sin cambio. En 2000 el porcentaje de alumnos incritos en instituciones del sector privado representaba 32.1 por ciento del total, mientras que en 2010 el indicador respectivo llegó a 33.1 por ciento de la distribución.

Aunque la comparación intercensal no lo muestra, conviene hacer notar que la dinámica de crecimiento del periodo no fue homogénea ni mucho menos, en realidad la participación del sector público en la oferta tuvo un incremento notable en los recientes años, lo que puede adjudicarse, principalmente, a tres factores. El primero de ellos, la creación, durante toda la administración del presidente Calderón, de nuevas unidades en el subsistema tecnológico, principalmente institutos y universidades tecnológicas. En segundo lugar, la operación de los fondos financieros autorizados por el Congreso para la ampliación de matrícula en universidades y otras instituciones públicas. En tercero, el relativo agotamiento de la oferta privada en virtud del deterioro del poder adquisitivo de las familias de los sectores sociales medios y populares.

Lo anterior llevaría a concluir que las políticas de educación superior de la década favorecieron la reactivación del crecimiento de la oferta pública. Sin embargo, el modelo de crecimiento adoptado evidencia a estas alturas algunos límites relevante. El más evidente, es que la insistencia en desarrollar el segmento tecnológico no necesariamente ha coincidido con las vocaciones e intereses de los estudiantes, lo que ha provocado, en no pocos casos, que las nuevas IES tecnológicas se demoren en alcanzar su capacidad instalada, y que aún se nutran de alumnos cuya primera opción hubiera sido el acceso a alguna universidad pública del sistema. A mediano plazo el esquema no es sostenible.

Por otra parte, la ampliación de la matrícula universitaria con base en fondos extraordinarios comporta el consabido problema de la regularización de estos recursos. Desde la perspectiva de Hacienda, el dinero que proviene de esta fuente no forma parte del llamado “presupuesto irreductible”, sino que son recursos adicionales de coyuntura. El problema que ello ocasiona es bastante obvio para requerir mayores comentarios.

Por último, la opción de contar en el futuro con una creciente participación del sector privado en la oferta parece depender de la inyección de fondos públicos al segmento. Aún dejando de lado la discusión sobre si el subsidio al sector privado es legítimo o no lo es, no puede dejarse de advertir que esa fórmula significa que el Estado tendría que subsidiar con recursos fiscales a dos sistemas: el público y el privado. Depende la escala en que ello se proyecte, pero difícilmente es una fórmula viable si de ella se hace depender el desarrollo universitario del país en el futuro.

No carece de interés observar, asimismo, el desempeño de las entidades federativas en el periodo. Destaca, sobre todo, la inexistencia de un patrón más o menos homogéneo. Lo que priva es la diversidad. Algunas entidades crecieron notablemente en el indicador de cobertura. Es el caso del Distrito Federal y de los estados de Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Puebla y Zacatecas, que tienen en común que la TBCES aumentó en más de 10 por ciento en el periodo. En contraste, en los estados de Chiapas, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas la respectiva TBCES incrementó menos de 4 por ciento en la década. El caso más drástico es el del estado de Guerrero, que termina el decenio con un cobertura inferior (-2.1 por ciento) que la registrada en el año 2000.

Varios factores se combinan esta dinámica. Como tendencia general en las entidades en que el grupo de edad relevante se estabilizó o dejó de crecer, se tuvieron mejores condiciones para aumentar la cobertura. Pero esta regla empírica admite excepciones interesantes. También es una pauta común que en los estados en que la oferta privada conservó una dinámica de crecimiento la cobertura incrementó sensiblemente. Pero, de nueva cuenta, las excepciones son relevantes. La próxima semana veremos esto con más detalle.