Adiez años de su creación, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se encuentra hoy ante una encrucijada fundamental: o bien prevalece la imagen negativa proyectada por actores internos y externos a la institución, o bien se logran fincar bases para renovar el proyecto, apuntando hacia una vía renovada de consolidación académica e institucional.
En la fase actual de crisis se identifican dos vertientes, conectadas entre sí aunque también con cierta independencia. La primera guarda relación con la autonomía universitaria y proviene del intento de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para modificar la Ley de la UACM. La segunda se generó a partir de diversas declaraciones públicas de parte de la rectoría universitaria en el sentido de reconocer los magros resultados obtenidos en términos de eficiencia terminal, así como la condición de ingobernabilidad que prevalece en la Universidad.
Sobre ambos temas se ha procurado un cierto control de daños, proceso que es interesante identificar y comentar. Sobre el supuesto intento de violación a la autonomía universitaria, se buscó señalar a la fracción del PRI en la Asamblea como la instancia responsable de la propuesta de cambio normativo. En realidad, la iniciativa original, elaborada por el diputado Octavio West (PRI) se limitaba a transcribir el contenido del Estatuto Orgánico de la Universidad (EGO) sobre la figura, requisitos de elegibilidad y atribuciones del rector en la Ley de la UACM.
La iniciativa de West fue publicada en el Diario de Debates de la ALDF el 22 de abril de 2010, fecha que coincide con la designación de la doctora María Esther Orozco al frente de la UACM tras el largo periodo rectoral del ingeniero Manuel Pérez Rocha (2001-2010). Tal vez por ello, ni el rector saliente ni la nueva rectora se pronunciaron, en ese momento, sobre las ventajas o desventajas de la reforma promovida por el PRI. En cambio, en las sesiones de la Comisión de Educación de la ALDF que se ocuparon de revisar la iniciativa tanto la fracción del PRD como la del PAN propusieron adiciones al proyecto de West. Los diputados del PRD agregaron básicamente dos propuestas al dictamen: la opción de un segundo periodo rectoral, así como la facultad del rector para contratar personal de confianza. La representación del PAN añadió al proyecto obligaciones de transparencia y rendición pública de cuentas.
La iniciativa dictaminada por la Comisión, con los agregados indicados, se dio a conocer en febrero de este año, provocando una inmediata reacción en contra de parte de académicos, estudiantes y trabajadores de la UACM. Al cabo el propio Consejo Universitario se pronunció en el sentido de cuestionar la injerencia del legislativo sobre la autonomía universitaria, así como el retiro de la iniciativa. No obstante que fueron los diputados del PRD quienes buscaron modificar la norma en el sentido indicado, la presión de los universitarios dio como resultado el compromiso de la Asamblea para evitar la aprobación de la iniciativa en el pleno.
Justo en ese contexto, se dieron a conocer y tuvieron una amplísima difusión los cuestionamientos de crítica al desempeño de la UACM a cargo de la rectora. Algunos muy fuertes, como el de caracterizar a la estructura institucional como “una nata encima de un pantano y si te mueves te hundes” (entrevista radiofónica con Denisse Maerker, 08/03/2011), o emplear la expresión de “fraude educativo” para calificar el desempeño de la institución a la luz de los resultados de egreso y titulación (véase el desplegado de la rectoría publicado en La Jornada, 04/04/2011, y en Reforma, 05/04/2011).
¿Qué otra cosa que irritación en la comunidad universitaria podría haberse esperado de la postura asumida por la rectora? Incluso el Consejo Universitario, máximo órgano de autoridad de la institución fijó una postura de descalificación a tales afirmaciones y la primera postura de la ALDF (a través de la Comisión de Educación) fue la de convocar a la rectora para que presentara un diagnóstico más preciso.
En las últimas semanas distintos grupos en la Universidad (la dirigencia sindical, consejeros estudiantes y también varios académicos), se han manifestado en el sentido de exigir al Consejo Universitario que someta a votación la revocación del mandato al frente de la UACM de la rectora en funciones. El Consejo no ha conseguido procesar esta demanda porque se ha impedido su reunión atribuyendo “razones de seguridad”.
La más reciente convocatoria del Consejo es para el miércoles 27 de abril, cuando esta columna se publique se sabrá si finalmente se consiguió llevar a cabo la sesión ordinaria o si de nueva cuenta ha sido postergada. De cualquier manera el Consejo no la tiene fácil, ni mucho menos. Por un lado no existe una postura unificada en el sentido de promover la revocación, pero tampoco en el sentido de apoyar colectivamente a la rectoría. No cuenta la UACM con una estructura normativa suficiente para llevar a cabo, en forma ordenada y sin conflicto, un proceso de esa naturaleza, y para una buena parte de los consejeros la revocación abriría un escenario de incertidumbre antes que resolver la problemática en definitiva.
Pero la fórmula de desatender o postergar la demanda de reemplazo tampoco es una salida simple, ya que podría desencadenar un movimiento de mucho mayor envergadura. A los intentos institucionales de control de daños se ha sumado la ALDF al no ratificar la convocatoria para la comparecencia de la rectora ante el órgano legislativo. Desde luego habrá que esperar al desarrollo de los acontecimientos en la coyuntura, pero es indudable que la iniciativa del Consejo Universitario habrá de marcar pauta, para bien o para mal.
