Ha comenzado a circular, aunque aún no se publica como libro, el “Informe Global 1996-2000 del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades”, proyecto español promovido por el Consejo de Coordinación Universitaria, antes Consejo de Universidades. En el Consejo están representados el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, rectores de las universidades públicas y privadas, y consejeros responsables de la enseñanza universitaria en las Comunidades Autónomas.
La propuesta de contar con un mecanismo de evaluación de carácter general, aunque voluntario para las instituciones, fue aprobado por el Consejo de Universidades a finales de 1995 para cumplir con tres objetivos: promover la evaluación institucional de la calidad universitaria, elaborar metodologías homogéneas para esta evaluación, integradas en la práctica vigente en la Unión Europea, y proporcionar información objetiva para la adopción de decisiones. Desde entonces se han emitido cuatro convocatorias (1996, 1998, 1999 y 2000), y en conjunto se ha evaluado al 65 por ciento de los programas académicos con posibilidad de participar, ya que las universidades o programas de nueva creación se consideran inelegibles para el proyecto. La mayoría de las universidades públicas completaron ya su proceso de evaluación y han dado a conocer resultados.
El costo de la evaluación es cubierto con aportaciones de las instituciones, el ministerio y, en algunos casos, los gobiernos autónomos. La metodología consiste en un proceso mixto de autoevaluación y evaluación externa, aunque ambos se sujetan a una guía común. Cada institución es responsable de integrar el informe final correspondiente, en el cual se establece un diagnóstico y se proponen acciones de mejora con base en los resultados. Varios de estos informes están disponibles en las páginas web de las universidades para su consulta.
El Informe Global presenta, por primera ocasión, resultados generales obtenidos de las evaluaciones institucionales y ofrece información diagnóstica en torno a diferentes aspectos: oferta y demanda de la enseñanza universitaria, pertinencia de los planes de estudios, condiciones económicas de las instituciones y los académicos, organización y resultados de la enseñanza, y un perfil por ramas de conocimiento. En capítulos adicionales se presentan diagnósticos sobre otros dos aspectos de la vida universitarias: la investigación y los servicios.
Algunos datos contenidos del Informe han causado revuelo en la opinión pública española. En particular, el indicador según el cual únicamente el 26 por ciento de los inscritos consigue terminar los estudios en el plazo legal del programa correspondiente. La situación más alarmante se observa en las enseñanzas técnicas, con una tasa de graduación del cuatro por ciento y en Ciencias Experimentales con 17 por ciento. También preocupa que un 26 por ciento de los estudiantes abandonen los estudios en algún momento del ciclo, aunque la mayoría (el 60 por ciento de ese total) lo hace en el primer año.
En otra sección del informe se hace notar el crecimiento del sistema universitario español en los últimos años, tendencia que se enfatiza en el segmento de educación tecnológica y en el posgrado. La distribución por áreas de conocimiento es muy similar a la que encontramos en México. Más de la mitad de la matrícula total está concentrada en carreras del área administrativa, social y jurídica. Un 22 por ciento en carreras tecnológicas, 13 por ciento en humanidades, seis por ciento en ciencias de la salud, y el restante nueve por ciento en ciencias experimentales. En nuestro país las proporciones son muy semejantes, salvo que el número de estudiantes en disciplinas científicas es considerablemente inferior.
Otros problemas reportados en el Informe se asemejan a nuestras condiciones: salarios académicos insatisfactorios, presupuestos institucionales insuficientes, tradicionalismo en la enseñanza, escasa atención al aprendizaje individual, obsolescencia de algunos programas, entre otros. Hay desde luego aspectos en que el sistema universitario español nos aventaja, por ejemplo en los indicadores de movilidad estudiantil y académica, porque prácticamente todos los estudiantes y profesores disponen de oportunidades de moverse en el marco de la Unión Europea, gracias a un variado repertorio de programas que favorecen la opción.
Con todo, lo más importante del informe es la combinación lograda entre diagnósticos y propuestas. Algunos críticos han señalado debilidades metodológicas, otros han cuestionado que se facilite la comparación entre instituciones, lo que puede orientar preferencias de la demanda, así como un excesivo alineamiento a las pautas de reforma académica promovidas en las instancias gubernamentales.
Aún así, si queremos extraer una lección de esta experiencia para nuestro contexto, ésta debe ser el marco de colaboración establecido entre el gobierno y las universidades públicas y particulares. El carácter voluntario, no compulsivo y no vinculado a la asignación de recursos con base en resultados de las evaluaciones son, probablemente, las condiciones que han hecho prosperar esta iniciativa.
