La polémica sobre las universidades “patito” ha ocupado espacio periodístico en los últimos meses y en ella han participado autoridades universitarias, funcionarios del sector público, especialistas, y otras voces interesadas. Es más, el tema se incluyó en el número del mes de la Revista del Consumidor y pronto se agotó el tiraje correspondiente. El tono de algunas declaraciones llegó a dar la impresión de una controversia entre rectores y autoridades de la SEP. Pero, curiosamente, al repasar los argumentos aparecen sobre todo coincidencias de diagnóstico y distintas posturas de solución.
Para comenzar, el pasado 20 de marzo, en el Foro de Rectores sobre la Función Social de la Universidad organizado por la UIA, los titulares de cinco universidades y el secretario general ejecutivo de la ANUIES manifestaron, según el reporte de prensa, “su preocupación por la proliferación en México de universidades patito, que carecen de reconocimiento y calidad en sus programas de estudio, por lo que coincidieron en que sería oportuno legislar en la materia” (Boletín de la Academia Mexicana de Ciencias, 24 de marzo 2003).
Coincidentemente, el problema de las “patito” fue incluido en la agenda de la VIII Reunión Nacional de Autoridades Educativas, realizada en San Luis Potosí el 3 de mayo. En ella, los secretarios de educación acordaron “revisar y conformar criterios acordes con cada entidad federativa -que sean a su vez de carácter nacional- para el otorgamiento de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) a instituciones particulares, con el fin de garantizar a los estudiantes estándares de calidad en infraestructura, planes y programas de estudios” (Boletín de la SEP, núm. 83). Días después, el titular de la SESIC, en la inauguración del foro Análisis de la Odontología, organizado por la UAM, señaló: “con el propósito de evitar la proliferación de las llamadas “escuelas patito” en el Sistema de Educación Superior impartida por particulares, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica, ha evaluado, hasta marzo de 2003, dos mil 163 programas educativos en este nivel mediante la operación de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior” (Boletín de la SEP, núm. 87).
El 25 de mayo, el rector de la Universidad Iberoamericana insistió en el tema enfatizando la necesidad de revisar la norma de reconocimiento de programas. Al día siguiente, autoridades de la UNAM -el rector y el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas- se pronunciaron en contra de la multiplicación de escuelas de enseñanza superior sin requisitos mínimos de calidad. Ambas declaraciones tuvieron extensa difusión periodística y fueron muy comentadas en los medios. Como respuesta, el titular de la SEP declaró que “la autorización de programas no sólo es responsabilidad de la autoridad federal, sino también de las estatales y de las universidades públicas que cuentan con sistemas de incorporación de estudios profesionales” (Reforma, 28 de mayo 2003). Posteriores declaraciones de las autoridades de la SEP reiteraron su interés por encontrar una solución satisfactoria.
De tal manera, se percibe convergencia en dos aspectos centrales: el diagnóstico según el cual la multiplicación de instituciones universitarias particulares sin estándares de calidad demostrable es inconveniente; y la necesidad de una regulación más rigurosa basada en indicadores de calidad. En torno a estos puntos parecen coincidir, finalmente, los principales protagonistas en el debate. Sin embargo, las propuestas concretas de solución no han alcanzado un grado de coincidencia paralelo.
Para la SEP la clave parece estar en un acuerdo entre la autoridad federal y las estatales acerca de los criterios y requisitos de calidad aplicables al RVOE. Con tal propósito, la entidad gubernamental ha organizado reuniones y talleres, coordinados por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, en los cuales se prevé “discutir sobre la modificación del acuerdo 279, que regula la incorporación y operación de los estudios que en el nivel superior ofrecen las instituciones particulares, para establecer normas más rigurosas en cuanto a instalaciones, personal docente y regulación de estudios en las modalidades escolarizadas y mixta” (Boletín de la SEP, 4 de julio 2003).
Desde la perspectiva de la SESIC, la reforma del RVOE aparece como una condición necesaria, pero no suficiente, para garantizar la calidad de la educación superior privada. Claro, porque desde hace varios años, la Subsecretaría, en coordinación con la ANUIES, ha impulsado un esquema de acreditación en el que cumplen funciones de evaluación los grupos de pares (CIEES) y de acreditación las agencias de reconocidas por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). Si esa metodología lograra generalizarse en las modalidades pública y privada, entonces el sistema en su conjunto contaría con un referente unificado de calidad con respaldo académico.
Para las universidades privadas, la acreditación, incluso la internacional, no es una idea antipática. Salvo por un detalle, ellas prefieren el modelo desarrollado por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) y que, en todo caso, la SEP reconozca la validez de sus resultados.
La solución de contar con múltiples referentes de calidad resuelve provisionalmente algunas de las tensiones que enfrenta la SEP de cara a la opinión pública. Pero es una alternativa inestable porque no alcanza a disipar una cuestión central del debate: ¿cuáles son, y bajo qué criterios, las buenas y las malas opciones de educación superior en México?
