En la consulta pública que actualmente lleva a cabo la Junta de Gobierno de la UNAM han salido a relucir otros posibles aspirantes a la rectoría universitaria, además del rector De la Fuente y el doctor José Antonio de la Peña. Es el caso de los directores de las facultades de Ingeniería, Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y Medicina, así como algunos directores en las áreas de investigación. Es posible entonces que, en la recta final del proceso, el número de competidores aumente.

Curiosamente, en los medios la contienda parece más animada que en el campus. Algunos diarios de circulación nacional se han empeñado en resaltar la figura del rector De la Fuente como opositor a las políticas públicas del régimen encabezado por el presidente Vicente Fox, en particular por su reiterada defensa en favor de la educación pública nacional, así como por su destacado papel en la normalización institucional luego del conflicto de 1999-2000. Otros medios y comentaristas, contrarios a la posibilidad de reelección, nos recuerdan el pasado del rector como parte de la administración del presidente Zedillo, o lo critican por no haber realizado un congreso al término de la huelga estudiantil.

Otra vertiente del debate en medios insiste en trasladar la geometría política de los partidos al ámbito universitario, asignando etiquetas de izquierda, centro y derecha a las definiciones de apoyo o rechazo sobre cada uno de los candidatos. Esta perspectiva, así como aquella que propone explorar vínculos y alianzas entre determinados segmentos del aparto gubernamental y los grupos académicos de la UNAM, ha sido públicamente rechazada tanto por los candidatos en escena como por los miembros del órgano elector. Así las cosas, se hecha de menos un debate claro entre proyectos para la universidad en su futuro próximo.

Se echa de menos, porque ni el rector De la Fuente ni sus oponentes han conseguido transmitir con orden y nitidez qué piensan hacer de la UNAM en los siguientes cuatro años. ¿Por qué no una campaña, en los centros académicos de la universidad, para solicitar el respaldo de la comunidad, recoger inquietudes y comunicar propuestas? Quizás para no “politizar” la calma institucional conseguida, o tal vez en reconociendo que los factores que mueven la balanza de la junta de gobierno no son los mismos que jugarían en un proceso abierto.

Pero, como en política forma es fondo, la forma de esta sucesión resulta expresiva de uno de los mayores rezagos del esquema de organización universitaria: su régimen de gobierno interior. El vigente, garantizado por la autonomía universitaria, dota a la figura del rector de atribuciones de naturaleza presidencialista: “jefe nato” de la institución y eje de las decisiones fundamentales que se toman en la casa de estudios. En teoría, los órganos de gobierno colegiado (Consejos técnicos, académicos y universitario), y aún los colegios de directores, debieran cumplir una función de contrapeso al representar, ante el rector, el interés colectivo de las comunidades. En la práctica, el gobierno colegiado opera, principalmente, como mecanismo de transmisión y procesamiento de políticas y programas concebidos en las instancias ejecutivas de la universidad, todas las cuales encuentran su centro de balance en la figura del rector.

Ello no quiere decir que ninguna iniciativa de grupos académicos pueda prosperar y concretarse. Significa que cualquier iniciativa requiere el visto bueno de la autoridad competente y, en última instancia, de la rectoría. En contraposición, toda iniciativa de la rectoría cuenta amplias posibilidades de concretarse, pues el riesgo de veto en la instancia colegiada es mínimo o inexistente para propósitos prácticos. Hay que buscar con lupa en los anales del Consejo Universitario para encontrar alguna disposición, mayor o menor, sugerida por el rector que hay sido rechazada en votación por el órgano colegiado.

Un argumento razonable en favor de la concentración de facultades ejecutivas, legislativas y hasta judiciales en la figura del rector es que ésta asegura un grado de gobernabilidad universitaria difícilmente alcanzable con esquemas de autoridad acotados y segmentados. Sólo un rector fuerte, seguiría el argumento, es capaz de hacer valer, frente al Estado, los derechos y obligaciones de la autonomía constitucional. Cierto, pero no conviene olvidar que la debilidad o ausencia de mecanismos de equilibrio hace recaer en la autoridad unipersonal lo mismo aciertos que errores ¿Es necesario recordar que la decisión de aumentar las cuotas escolares, por iniciativa del rector Barnés, fue respaldada en su momento por todos los cuerpos colegiados de la UNAM a pesar de la clara evidencia de riesgos?

Por otra parte, conviene recordar que un régimen altamente centralizado, como el de la UNAM, guardaba correspondencia funcional con el modelo de gobierno emanado de la hegemonía priísta. Afortunadamente, las formas de gobierno han cambiado en el país y vivimos bajo un régimen con mayor equilibrio de poderes y afín a la federalización. Por ello, es momento de revisar a fondo las implicaciones de proseguir o modificar la manera como se gobierna a la universidad, el sistema de representación de las comunidades, y los procedimientos de toma de decisiones en la institución.

Para una última entrega sobre la sucesión en la UNAM, dejamos pendientes dos temas: la reforma curricular y el régimen académico-laboral.