En la primera semana de abril de 2003 se llevó a cabo el Taller Internacional: "Impactos del Programa de Reforma de la Educación Superior (PRES) y perspectivas" organizado por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) de Argentina conjuntamente con el Banco Mundial, con el objeto de discutir las conclusiones de la primera etapa de la Evaluación Final del PRES. En dicha reunión se presentaron diagnósticos y comentarios acerca de la evolución de los tres programas centrales en que se han basado las políticas de reforma de la educación superior del gobierno argentino: el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria (FOMEC), los programas de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y el Sistema de Información Universitaria (SIU). La reciente publicación de la memoria de ese evento nos da pie para reflexionar en torno a la situación que guarda la política de evaluación de la educación superior en México y la importancia de su revisión crítica.

En Argentina, la aprobación en 1995 de la Ley 24.521 (LES) estableció un marco regulatorio en que se introdujo la evaluación y el aseguramiento de la calidad como ejes centrales de la política universitaria. Para ello, la norma estableció un doble canal de evaluación: por un lado el impulso a ejercicios de evaluación y acreditación coordinados por el Estado, a través de la CONEAU, y por otro la evaluación a cargo de las instituciones. Además, la LES estableció la obligatoriedad de una evaluación institucional cada seis años, así como la acreditación de todas las carreras de posgrado y de las de grado declaradas de interés público. En la práctica, la CONEAU ha sido la instancia central de evaluación y acreditación y, con siete años de experiencia en el campo, ha conseguido institucionalizar una serie de funciones: desde 1996, evaluación de proyectos institucionales; desde 1997, evaluación de informes anuales de instituciones universitarias con autorización provisoria, evaluación externa y acreditación de posgrados; desde 1999, evaluación de solicitudes de reconocimiento definitivo y de agencias privadas de evaluación y acreditación de carreras de grado.

Entre los datos reportados en el informe de CONEAU destacan los siguientes: 79 proyectos de nuevas universidades (4 nacionales, 4 provinciales y 71 del sector privado), seguimiento anual de 25 instituciones privadas con autorización provisional, 33 evaluaciones institucionales (15 de universidades nacionales y 18 de universidades privadas) y evaluación de 1,361 carreras de posgrado para su acreditación, lo que equivale al 85% del universo de posgrados del país. La acreditación en el nivel de grado limitó inicialmente a las carreras de medicina y más recientemente a las del área de ingeniería.

El informe abunda en la descripción de los medios y procesos que han permitido afianzar en la cultura universitaria la legitimidad de la evaluación y la acreditación como mecanismos de aseguramiento de la calidad. No obstante, lo más interesante del documento radica en la visión autocrítica con que se encaran los desafíos para el futuro. Al respecto, se identifican los siguientes temas de agenda: Debe continuar la mejora de los instrumentos y procedimientos, para evitar que la rendición de cuentas institucional se convierta en una carga burocrática. Debe asegurarse la compatibilidad de la información que se solicita en los diferentes ámbitos de la CONEAU y la que demandan otros organismos del Estado. Debe mejorarse en lo sustantivo los instrumentos y procedimientos de evaluación. Dado que la expansión de formas de educación transnacionales y no presenciales plantea nuevos desafíos, es necesario desarrollar la legislación y mejorar las capacidades para afrontar su evaluación: conocer las universidades extranjeras, su inserción en el sistema universitario de origen, acreditaciones y evaluaciones previas, otras sedes en un país extranjero, para lo cual es necesario pautar los procedimiento para recabar información y establecer una red de colaboración con las agencias acreditadoras de los países que generan las ofertas trasnacionales. Considerando estos aspectos, el informe concluye enfatizando la importancia de rediseñar el sistema de evaluación y acreditación como una tarea prioritaria para el futuro.

Quizás la principal lección que puede extraerse del ejercicio de reflexión de uno de los principales organismos gubernamentales de evaluación y acreditación de América Latina, la CONEAU, radica en la atención autocrítica: luego de una experiencia acumulada, dar un alto en el camino y preguntar hasta que punto los propósitos de evaluación y acreditación se cumplen, son adecuados los métodos y procedimientos que se siguen, cuáles son las dimensiones insuficientemente consideradas y cuáles los desafíos para el porvenir inmediato. Esas preguntas, en nuestro contexto, son del todo pertinentes y vale la pena impulsar su discusión.

Ahora que, también en México, la evaluación y acreditación de programas, instituciones y sujetos ha tomado un sitio eminente en la definición de las políticas de educación superior, ¿no será tiempo de revisar sobre qué bases se sustenta el modelo implantado y hasta qué punto está coadyuvando al mejoramiento de nuestras capacidades académicas en el terreno de la educación superior?