¿Por qué será que los liberales se fascinan con la planeación educativa? En la historia reciente, esta aparente paradoja nos remonta a tiempos de la guerra fría, cuando en octubre de 1957 los soviéticos consiguieron poner en órbita el Sputnik I, primer satélite artificial alrededor del planeta. En respuesta, el gobierno de Einsenhower aprobó el año siguiente un ambicioso plan de desarrollo educativo, científico y tecnológico -sancionado por la National Defense Education Act- con una inversión de más de mil millones de dólares en programas educativos de matemáticas, ciencias e ingenierías, y para financiar proyectos de investigación científica teórica y aplicada.
Desde entonces y hasta la fecha es fácil encontrar líneas de continuidad en el contexto norteamericano que mostrarían una constante preocupación del gobierno –no siempre afortunada- por mantener un nivel académico razonable y, al mismo tiempo, ofrecer vías de acceso a la demanda. En el presente más de quince millones de jóvenes están inscritos en universidades o colegios superiores, lo que representa casi tres cuartas partes del segmento de edad entre 20 y 24 años, o más del 60 por ciento del grupo entre 18 y 23 años.
Una lección de interés tras los datos estriba, si se quiere ver así, en la comprensión del papel estratégico que cumplen las instituciones universitarias aún con propósitos de seguridad nacional, y desde luego la ventaja que pueden ofrecer a los países en que se estimula su crecimiento y desarrollo. Incluso tras la controvertida reforma que aprobó el parlamento británico en estos días, ya discutida en las páginas de Campus Milenio, está presente la búsqueda de opciones para solventar las necesidades de subsistencia, expansión y mejoramiento del sistema universitario del Reino Unido, para que éste, afirman sus impulsores, no pierda competitividad en el medio europeo.
Otro tanto puede decirse del conjunto de medidas definidas por el ministro Claude Allègre en Francia, parcialmente inspirado en las recomendaciones del conocido reporte de la Comisión Attali dado a conocer a finales de los noventa. El caso de Francia es de especial interés por la combinación de un esquema favorable a la calidad y pertinencia de los estudios universitarios y de incentivos a las actividades científicas, junto a una política bastante activa de combate al desempleo juvenil, a través de los programas operados por la Agencia Nacional de Empleo (ANPE) adscrita al Ministerio de Trabajo y Solidaridad de aquel país.
Por su parte, España cuenta con una combinación de inversión pública y privada en educación superior similar a la mexicana -aproximadamente 25 por ciento del gasto educativo superior es privado- aunque la proporción de matrícula en universidades públicas sigue siendo predominante con más de noventa por ciento del total. Gracias a una política de expansión de casi dos décadas, hoy ese país ocupa el segundo lugar de cobertura en Europa, sólo superado por Holanda. Y es también, como Inglaterra y como Francia, una economía con altas tasas de desempleo juvenil, pero no por eso se les ocurre limitar el acceso a la universidad. Al contrario.
Al contrario porque en condiciones de desempleo de jóvenes es mejor crear lugares en las instituciones de educación superior públicas que limitarlos. Porque la escuela es mejor que la calle y porque, en última instancia, la formación profesional inculca en quien la recibe no sólo aptitudes para un empleo, sino una visión del mundo más amplia y rica en significados y potencialidades.
En algunos países, Argentina puede ser un ejemplo, se buscó conciliar la tensión entre el derecho ciudadano de acceso a la educación superior y las necesidades de mínimos académicos de las instituciones, mediante fórmulas mixtas: “acceso irrestricto” (cualquiera pueden ingresar luego del bachillerato) y un concurso de selección al término del primer año de estudios.
Esta modalidad, surgida en el complejo período posterior a la dictadura, ha sido criticada y defendida en un debate que se prolonga ya varios años. Quienes la critican ven en ella un factor importante del empobrecimiento (financiero y académico) de las universidades públicas en aquel país. Quienes la defienden hacen ver que los problemas se deben, principalmente, a la falta de inversión pública suficiente para hacer funcionar el modelo en sus propios términos.
En resumen, la experiencia internacional confirma, una y otra vez, que invertir en educación superior e investigación científica es una apuesta, económica y política, al menos razonable. En este sentido, impulsar nuevas formas de limitación de la demanda no hace otra cosa que proyectar a futuro, seguramente a corto plazo, nuevas crisis y presiones.
Sin embargo, ojo, la frontera entre una perspectiva que subraye la responsabilidad que tiene el Estado de impulsar y financiar los sectores de educación superior, ciencia y tecnología, y una postura en contra de cualquier pauta académica puede ser delgada y es riesgosa. Las instituciones públicas deben ser rigurosas pero no arbitrarias. Los actuales procedimientos de selección, generalmente basados en una prueba única que mide tanto conocimientos adquiridos vía la escuela como, en buena medida, capital cultural heredado, tienden a ser socialmente injustos. Éste es un asunto que amerita ser tratado en su especificidad.
