La Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES, en colaboración con la cátedra UNESCO-Cinestav sobre “Aseguramiento de calidad y nuevos proveedores de educación superior” organizó en El Colegio de México los días 16 y 17 de febrero, el seminario internacional “La comercialización de los servicios educativos: retos y oportunidades para las instituciones de educación superior”.
En dicha reunión participaron representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), del Consejo de Europa y de la Organización Mundial de Comercio (OMC), así como especialistas invitados del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, del Instituto de Investigación sobre Globalización del Instituto Real de Melbourne en Australia y del Instituto de Ontario para el Estudio de la Educación, de la Universidad de Toronto en Canadá.
Sus intervenciones acerca de las ventajas y las desventajas de la comercialización de los servicios educativos y sobre los impactos del Acuerdo General del Comercio de Servicio (GATS) de la OMC fueron discutidas por funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de la Secretaría de Economía, de la ANUIES, del Ceneval y de la UNAM, así como por los rectores de las universidades TecMilenio, de Colima, Autónoma de Yucatán y Autónoma de Baja California y por investigadores de diversas instituciones.
La multiplicidad de las voces allí escuchadas y la variedad de posiciones profesionales de los participantes no impidieron coincidencias en torno a algunos hechos transversales de la situación mexicana:
Presencia creciente, aunque todavía limitada, de modalidades transnacionales de prestación del servicio educativo; dificultades para aplicar adecuados controles de calidad a los proveedores extranjeros con fines de lucro; escasa participación de representantes mexicanos a las reuniones sobre educación superior convocadas por organismos como la OCDE, la UNESCO y el Consejo de Europa, e insuficiente conocimiento público de las discusiones en curso sobre estos temas. Varios comentaristas, en relación con la situación nacional, manifestaron inquietudes sobre las repercusiones del GATS, la oferta de servicios educativos por parte de proveedores extranjeros y el desconocimiento tanto de las propuestas en materia educativa turnadas por el gobierno mexicano a la OMC, como de la educación superior.
Los ponentes internacionales y nacionales identificaron algunos asuntos preocupantes para el país, como son el repunte de la fuga de cerebros, la escasa regulación de los proveedores transnacionales, el crecimiento explosivo y espontáneo de una oferta virtual, con o sin base territorial, y la proliferación de instituciones “patito” o “garage”.
Sin embargo, en este contexto de mutaciones encadenadas, algunos participantes hicieron hincapié en las reticencias de las instituciones públicas para reformar viejos modelos de organización académica y en su tendencia a evadir un debate necesario acerca de sus disfuncionalidades propias. También se dio cuenta de los pronunciamientos críticos en contra de la comercialización de asociaciones como la de los rectores del Grupo Montevideo o de las restricciones impuestas por gobiernos nacionales, como el de Brasil, a la entrada de proveedores virtuales.
De esa manera, quedó claro que la discusión a profundidad sobre la comercialización de la educación superior todavía está pendiente de realizar en México, tema que, como fue señalado en el seminario, no se agota ni con mucho en las negociaciones que se realizan en el marco del GATS y en el análisis de sus repercusiones, pues con acuerdo o sin éste, la comercialización de los servicios educativos es un hecho incontrovertible.
El análisis tiene que identificar, en primer término, a los actores, directos e indirectos, que impulsan la transnacionalización de la educación superior y venden servicios educativos. En este universo, cuyas fronteras son fluctuantes, cabrían los campus abiertos de universidades extranjeras, las instituciones que ofrecen cursos en línea para la obtención de grados extranjeros, los organismos que realizan una transmisión mercantil de conocimientos o su acreditación (domingo de idiomas extranjero, por ejemplo) e, incluso, las universidades, privadas y públicas, que acuerdan con sus contrapartes extranjeras la impartición de carreras con doble título y cobran cuotas elevadas.
En segundo término se debe reflexionar acerca de las agendas de política pública, de cambio institucional y de investigación generadas por esa situación.
En el seminario se hizo el señalamiento de que no ha sido del todo clara la posición de los organismos gubernamentales ante los proveedores educativos transnacionales y comerciales y, hasta ahora, solamente se han dado intentos sueltos por regular sus actividades vía el otorgamiento de RVOE, el reconocimiento de títulos y grados y la expedición de cédulas profesionales, sin que se haya promulgado una normatividad ad hoc. Pero lo más preocupante es que tampoco se han tomado decisiones en relación con el aseguramiento de su calidad, pese a que México ha logrado construir, en la última década, uno de los sistemas de evaluación y de acreditación más completos de América Latina.
Cabe preguntar si de cara a esta nueva realidad se utilizarán los dispositivos existentes –cuya efectividad ha sido comprobada- para atender la problemática de ese sector en sus múltiples modalidades, o se creará uno nuevo. La pregunta está en el aire; las respuestas faltan, aunque urgen.
Para las instituciones de educación superior tampoco son menores los asuntos a resolver. Una conclusión ampliamente compartida por los ponentes fue que existía una triple interrelación entre internacionalización de la educación superior, movilidad de personas y éxodo de competencias.
Este último fenómeno afecta particularmente a los países en vías de desarrollo, como México: para transformar un brain drain padecido en un brain gain provechoso se requiere del diseño de políticas públicas focalizadas y de la consolidación de espacios laborales atractivos en el seno de las instituciones educativas y de investigación. Por su parte la movilidad, sobre todo la estudiantil, rompe de facto con la tradición autárquica (narcista) de las instituciones, las cuales, al ser confrontadas a la necesidad de reconocer cada vez más los conocimientos adquiridos durante periodos de estudios fuera del país, y al negociar condiciones de otorgamiento de doble título, tendrán que dejar atrás su añeja cerrazón sobre sí mismas. Asimismo, tendrán que reformar a profundidad su funcionamiento administrativo, cuando éste es rutinario e ineficaz.
Este escenario de cambios sin respuestas y de transformaciones previsibles representa un campo potencialmente atractivo de indicación para los investigadores de la educación superior. No obstante, la ausencia casi completa de datos, por motivos de confidencialidad, por la ausencia de estructuras efectivas de observación, o por un simple desinterés, dificulta la producción de balances de la situación y explica el vigor de las querellas ideológicas.
En ese contexto, la exigencia de información, siempre presente, no responde sólo a una preocupación intelectual. Es, como se dijo repetidamente en el encuentro, propia de un proceso lento de construcción de una sociedad democrática y, por ende, con derecho a la información.
