El gobierno del presidente Vicente Fox ha comenzado a recorrer el tramo de salida del sexenio. A estas alturas quedan dos años y medio para desarrollar acciones, aunque en realidad el tiempo disponible es más corto. Como se sabe, el último semestre del período, cuando ya se conoce al presidente electo y la clase política busca acomodo en el nuevo esquema, es más fase de cierre administrativo que una etapa de trabajo propiamente dicha. Hablamos entonces de dos años justos para concretar pendientes, no mucho tiempo.
Inevitablemente, el balance de los logros y fracasos de la administración foxista tomará en cuenta la distancia entre lo ofrecido y los resultados. No deja de ser curioso que para un régimen que ha dado a la evaluación el papel de instrumento clave de gobierno, sea la propia ponderación de resultados lo que, a la postre, dará elementos de juicio para reconocer o cuestionar la efectividad de las políticas desarrolladas.
En el caso de la educación superior hay que decir, en primer lugar, que el ejercicio de planeación estratégica plasmado en el Programa Nacional de Educación 2001-2006 (PNE) fue claro y ambicioso. Claro, porque se postularon con precisión los enfoques, objetivos, acciones y metas a cumplir. Ambicioso, porque se establecieron propósitos de cambio que implicaban reformas del sistema en aspectos sustantivos: estructura, currículum, gestión, medios de coordinación y normativa.
El PNE de educación superior establece más de cuarenta metas asociadas a los tres objetivos estratégicos del programa: ocho en el objetivo de ampliación de la cobertura con equidad, 25 en el objetivo de educación superior de buena calidad, y ocho más en el objetivo de integración, coordinación y gestión del sistema. Desde luego sería prolijo detenerse en cada una de ellas para evaluar el grado de avance, aunque es posible comentar algunas como primera aproximación al tema.
En materia de cobertura, el PNE estableció la meta de dos millones 800 mil estudiantes para 2006. Se estima que en 2004 la inscripción superará los dos millones 400 mil, con lo cual parece alcanzable la previsión. Pero hay varios matices en este tema. En primer lugar, hace casi un año (19 de agosto de 2003) el rector de la UNAM hizo la grave acusación de que la SEP “maquilla cifras” al advertir inconsistencias en las series estadísticas de la entidad gubernamental y las reportadas por la ANUIES. La SEP rechazó la acusación, y las partes convinieron en que se formara un grupo especializado para un diagnóstico preciso, hasta la fecha está pendiente el resultado. En segundo lugar, la previsión para el postgrado se aprecia inaccesible. El PNE establece la meta de 250 mil estudiantes en 2006, a la fecha la matrícula del nivel bordea 160 mil con un ritmo anual de crecimiento de diez mil nuevos estudiantes.
Lo más importante, sin embargo, es que el programa fija el propósito de reducir significativamente la brecha interestatal de cobertura. En Chiapas, Guerrero y Oaxaca, las entidades del país con mayor niveles de retraso, el ritmo de crecimiento ha sido muy desigual. Según datos de ANUIES, entre 2000 y 2003 la matrícula de educación superior en Chiapas agregó 12,381 nuevos estudiantes, un crecimiento de 30 por ciento. En Oaxaca se sumaron 6,607 estudiantes, equivalente a 14.5 por ciento más. En cambio, en Guerrero la matrícula de los dos años permanece estática, 53,363 alumnos en 2000 contra 53,445 en 2003. Tómese en cuenta que en el periodo la matrícula nacional creció un 14 por ciento en números redondos. El contraste entre las tres entidades no puede ser mayor. En un caso (Chiapas) se duplica el promedio nacional, en otro (Oaxaca) se crece al mismo ritmo que el sistema, en el tercero (Guerrero) no se registra crecimiento.
Los factores que explican este comportamiento son distintos. En Chiapas se logra una combinación positiva de inversión pública y privada; tanto el Estado (con aportaciones federales y estatales) como los particulares concurren en lograr una mayor oferta, aunque no está de más advertir que en esa entidad la proporción de matrícula privada es una de las mayores del país. En Oaxaca, la presencia del sector público con recursos de la Federación es particularmente significativa. En Guerrero la situación es más compleja, disminuye sensiblemente la matrícula en el subsistema de normales, la aportación estatal para el subsistema universitario es mínima y los recursos directos de la Federación (ordinarios y extraordinarios) no alcanzan a compensar el estancamiento. Esto quiere decir que los factores y procesos locales han tenido el peso más relevante, ya sea para dinamizar el objetivo de cobertura, ya para inhibirlo.
Otro conjunto de metas remite a las becas para estudiantes. En este aspecto destaca la estabilidad alcanzada por el programa nacional (PRONABES). En promedio se han distribuido 40 mil becas por año y en éste se alcanzará un acumulado de 174 mil. Mediante un esfuerzo extra bien podría ser lograda la previsión de 300 mil al final del sexenio. En el peor de los casos se habrá cubierto más del 85 por ciento de la meta. Sin embargo, la distribución por estado refleja un sesgo importante. En el acumulado 2002 sólo cuatro entidades, por cierto no las más atrasadas (DF, Estado de México, Puebla y Veracruz), concentraban 39.5 por ciento del total, cuando la suma de la matrícula pública en las mismas entidades representaba el 30.1 por ciento de la distribución nacional. El caso más significativo es Veracruz, que reuniendo menos del seis por ciento de la matrícula superior pública, había recibido más del 12 por ciento de las becas. De nueva cuenta, el factor local aparece con gran fuerza.
Continuaremos la próxima semana.
