Los datos del recientemente publicado Anuario Estadístico 2003, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), confirman la pauta de privatización del sistema universitario a la que nos hemos referido en entregas anteriores. Según estadísticas de la publicación, desde 1980 hasta 2003 el crecimiento relativo del sector privado ha sido constante, superando en intensidad a la expansión del segmento público. Mientras que en 1980 la matrícula de licenciatura en instituciones privadas representaba apenas el 13.5 por ciento del total, en 1990 alcanzó una proporción de 17.4 por ciento, 29.4 por ciento en 2000, y más de 33 por ciento en 2003.
Si se concentra la mirada sobre el segmento de las profesiones universitarias, dejando a un lado el grupo de instituciones tecnológicas públicas (tecnológicos de la SEP y descentralizados), la distribución es aún más acentuada a favor del sector privado. En la actualidad las universidades y otras instituciones de enseñanza superior en manos de particulares concentran el 41.1 por ciento del total de matrícula superior, así como el 45.5 por ciento del primer ingreso. Para acabar pronto, prácticamente uno de cada dos estudiantes que actualmente inician estudios de licenciatura en establecimientos de corte universitario lo hace en una institución privada.
Aunque los mencionados son promedios nacionales, la situación de las entidades federativas es muy variable. Considerando esta vez la matrícula de licenciatura por sector público (universidades y tecnológicos) y sector privado, los datos ofrecen la siguiente información por entidades. En un primer grupo, el cociente de privatización es inferior a 15 por ciento (Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas). Un segundo conjunto oscila entre más de 15 y menos de 30 por ciento (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, y Tabasco). Tamaulipas y Veracruz rondan la media nacional de 33 por ciento, mientras que el Distrito Federal y Querétaro se acercan al 40 por ciento. Por último, las entidades que sobrepasan notablemente el promedio nacional son, en orden ascendente: Estado de México (41.3 por ciento), Jalisco (42.1 por ciento), Morelos (46.3 por ciento), Nuevo León (46 por ciento), Yucatán (47.6 por ciento), Chiapas (48 por ciento), Puebla (48.5 por ciento), y finalmente Guanajuato (65.3 por ciento). Dejo al lector la tarea de identificar el grado de privatización alcanzado con el partido gobernante en la entidad correspondiente.
Una serie de cuadros de especial interés para analizar la tendencia de privatización es aquella que distribuye la matrícula por áreas de conocimiento. Como se sabe y se reitera en el discurso público, la inscripción en licenciaturas se encuentra mayoritariamente concentrada en el área de profesiones administrativas, derecho y ciencias sociales y, en segundo lugar, en carreras tecnológicas y disciplinas de la salud. ¿Cuál es el panorama si consideramos por separado la matrícula pública y privada por áreas de estudio?
En el grupo de universidades y escuelas superiores no tecnológicas del sector público, la oferta de licenciaturas por áreas se distribuye de la siguiente manera: ciencias agropecuarias (cuatro por ciento), ciencias de la salud (14.7 por ciento), ciencias naturales y exactas (3.3 por ciento), ciencias sociales y administrativas (47.6 por ciento), humanidades y ciencias de la educación (6.8 por ciento), ingenierías y tecnologías (23.8 por ciento). El sector privado tiene una oferta marginal en ciencias agropecuarias (0.3 por ciento) y en ciencias naturales y exactas (0.3 por ciento), una proporción muy inferior a la pública en ciencias de la salud (3.8 por ciento) y una participación comparativamente similar en humanidades y educación (5.8 por ciento), y en el área de ingeniería (26.3 por ciento). En cambio supera considerablemente el grado de concentración del área de sociales y administrativas (63.9 por ciento). Tómese en cuenta, además, que la oferta de formación tecnológica superior en instituciones privadas se concentra mayoritariamente en carreras de cómputo e informática.
La tendencia a la privatización es un hecho, no importa del ángulo que se mire. La participación del sector privado en la oferta de formación profesional es un indicador claro y definitivamente no el único. Desde hace tiempo, y con intensidad en los años recientes, asistimos a formas de colonización de lo público mediante la inducción de lógicas típicamente empresariales en la gestión del sistema: esquemas gerenciales de control de calidad, métodos de planeación estratégica, estrategias de competitividad, enfoques cliente-proveedor, entre varios otros instrumentos. No menos importante, la insistencia en la búsqueda de rentabilidad de las funciones de investigación, difusión y extensión, y otras fórmulas de acceso a recursos complementarios. La lógica de lo público, que debiera estar concentrada en el diseño de mecanismos para asegurar el acceso, la permanencia y el buen éxito de los estudiantes ha quedado en un segundo término. La noción de pertinencia social cede lugar a la de vinculación productiva. La idea de beneficio social es reemplazada por la de viabilidad financiera.
Paralelamente, comienzan a expresarse nuevos fenómenos de hibridación entre los campos público y privado. Es el caso, por ejemplo, de la atracción de cuadros académicos (docentes y de investigación) hacia las principales universidades y centros particulares, la preferencia por egresados de tales instituciones en altos mandos de la administración pública, o la adjudicación de contratos gubernamentales en las mismas.
Será interesante conocer qué se diga al respecto en el próximo informe presidencial.
